Esta historia empezó en Londres, en 2004. Juana Rivas tiene entonces 23 años y reside en Maracena (Granada). Trabaja como dependienta en El Corte Inglés y decide pedir una excedencia para ir a la capital del Reino Unido a aprender inglés. Francesco Arcuri, hijo de una familia genovesa de clase acomodada y 15 años mayor que ella, lleva más de una década en Londres, donde regenta un restaurante. Se conocen, se enamoran y tienen dos hijos. Cinco años más tarde, Francesco es, condenado por maltrato y Juana le abandona y se viene a España con sus dos hijos. En mayo de 2016, él la denuncia por sustracción internacional de los niños después de que saliera con ellos desde la isla italiana de San Pietro, donde vivían todos, hasta España. Los jueces le dan a él la razón. Dos meses después, el pasado mes de julio, Rivas presentaba ante las autoridades españolas una segunda denuncia por malos tratos –la primera había acabado en condena, en 2009, contra Francesco Arcuri, aunque no fue trasladada a los tribunales italianos hasta más de un año después. El jueves pasado, Juana comparecía por fin ante la Justicia y quedaba en libertad provisional, no tanto porque el juez le diera la razón de fondo como porque se inhibía del caso a favor del Juzgado de Instrucción 2: el mismo que le ordenara que devolviera a sus hijos. El fondo de la cuestión, que en definitiva es la custodia de los hijos, solo puede decidirlo la justicia italiana, que también deberá evaluar ese segundo ciclo de presuntos malos tratos que Juana habría padecido en los últimos tres años en Italia y que su expareja niega. Francesco Arcuri, hijo de Camillo Arcuri, un famoso periodista y escritor italiano, posee una casa en Caloforte (Cerdeña) valorada en € 850.000. En invierno, no hay mucho trabajo y Francesco hubiera podido, sin ningún problema, ir a Maracena a visitar a sus hijos. Pero ni lo hizo ni les pasó un euro. Juana nunca había esperado que, de pronto, los reclamara. Y ahora Juana se encuentra con un serio problema al tener que reclamar a sus hijos a la ley italiana. Arcuri reconoció ante la jueza que, en la madrugada del 7 de mayo de 2009, golpeó “repetidamente” a su entonces pareja en el domicilio que compartían junto a sus tres hijos menores en la capital granadina. Juana Rivas necesitó asistencia facultativa por los golpes recibidos. Pese a todo esto, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada, contraviniendo lo dictado solo dos días antes por el juez de guardia que escuchó a Juana Rivas, tras reaparecer después de casi un mes en paradero desconocido junto a sus hijos, argumenta que el tiempo que los menores permanecen bajo la potestad de la madre maltratada es susceptible de que la progenitora ejerza sobre ellos lo que la juez denomina “alienación parental”, un inexistente síndrome que los expertos coinciden en determinar como completamente falso y sin ningún valor científico. Y los menores que Juana Rivas estuvo obligada a entregar al padre maltratador vuelven a su domicilio italiano, en Carloforte, en la isla de Cerdeña.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada exigía a Juana Rivas acudir con sus hijos, de tres y once años, a un punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía antes de las cinco de la tarde del pasado este lunes. La madre finalmente sepresentó alrededor de las 11.30 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. La jueza instructora del caso dio la semana pasada un ultimátum a Rivas, detenida el pasado martes y puesta en libertad provisional e investigada por supuesta desobediencia a la Justicia y sustracción de menores. La vecina de Maracena se había instalado en el municipio granadino al trasladarse desde Italia para huir del maltrato que había sufrido durante los tres años de convivencia con su expareja, Francesco Arcuri, en la localidad de Cerdeña. La citación se produjo más de un mes después de que Rivas incumpliera la orden de entregar a los dos menores. La juez argumentó que la entrega de los niños respondía al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes y advertía de que, en caso de que Rivas no acatase la nueva orden de entregar a los menores, se adoptarían “las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieren”. Apuntó además su “falta de colaboración total y absoluta” en cuanto a su obligación de cumplir las resoluciones judiciales firmes, y recalcó que “el fin primordial e inmediato, es proceder a la localización de los menores”. El padre de los niños, Francesco Arcuri, aseguró que se iría con los niños al municipio de Carloforte, en Cerdeña y los hizo. Allí, otra magistrada ha decretado que sean vigilados por los servicios sociales.
Según datos de Transferencia Internacional, Italia es el tercer país más corrupto de Europa, por delante sólo de Grecia y Bulgaria. Y, según los jueces europeos, Italia violó tres artículos de la convención europea para los derechos humanos y sus autoridades generaron una suerte de “impunidad” tras haber dejado en el limbo burocrático a la víctima y privado de efecto sus denuncias. La víctima acabó asesinada delante de sus hijos y las autoridades italianas desoyeron sus numerosas denuncias. Las mujeres víctimas de violencia se encuentran en general en un contexto de silencio, rechazo y negación tal como ocurre con la mafia, explica Paola Di Nicola, fiscal del tribunal de Roma y autora del libro “La Jueza” Según datos del Instituto de Investigación Económica y Social citados por el diario La Repubblica, en el período 2000-2015, se produjeron más de 2.800 feminicidios en Italia, 1.740 en los últimos diez años. El pasado marzo, la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, condenó al país transalpino por su lentitud e ineficacia en la protección de una familia ante la violencia ejercida reiteradamente por el padre. En su sentencia contra Italia por el clamoroso caso de Elisaveta Talpis, una mujer que vio cómo su marido maltratador acuchillaba mortalmente al hijo de ambos de 19 años cuando éste la defendía de las amenazas con el arma blanca que portaba el criminal. Ni siquiera las sucesivas denuncias presentadas ante la justicia italiana por su esposa contra este individuo, alcohólico y agresivo, evitaron el crimen del hijo cuando intentaba defender a su madre. Los jueces europeos que condenan a Italia por su inacción en los temas de violencia machista consideran que su sistema judicial violó tres artículos de la convención europea para los derechos humanos y sus autoridades generaron una evidente “impunidad” después de mantener en un limbo burocrático las reiteradas denuncias de la víctima. Donatella Ferranti, presidenta de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, apuntó: “Las leyes existen pero nos falta formar y sensibilizar a los operadores, a las fuerzas del orden, a magistrados y servicios sociales para que no subestimen la violencia contra las mujeres y los menores”. Y Sara Menichetti, abogada de la víctima, explicó: “Se trata de una sentencia histórica para Italia. Es la primera y es sobre todo una llamada de atención”. Además, Italia paga el precio de una legislación reformada por Berlusconi, quien, debido a los numerosos procesos contra él, suavizó las leyes contra el soborno. En marzo de este año La Corte Europea para los Derechos Humanos condenó a Italia por no haber reaccionado con “rapidez y eficacia” para proteger a una familia de la violencia del padre, una sentencia que generó interrogantes sobre el fenómeno del “feminicidio”, un problema en Italia, donde una mujer es asesinada cada 72 horas. En total unas 120 mujeres son asesinadas al año en este país por sus parejas.
Horas antes de terminar el plazo, Juana Rivas entregaba sus hijos a la Guardia Civil, obligada a cumplir la orden judicial de dejar a los menores en manos del padre. La jueza instructora del caso había dado la semana pasada un ultimátum a Rivas, detenida el pasado martes y puesta en libertad provisional e investigada por supuesta desobediencia a la Justicia y sustracción de menores. En el 2016, la vecina de Maracena se instaló en el municipio granadino al trasladarse desde Italia, tras huir, según denunciaba, del maltrato que también sufrió por parte de su expareja, Francesco Arcuri, cuando vivían en Cerdeña. Arcuri llegó sobre las 13.30 horas a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y, pasadas las tres de la tarde, salía de las instalaciones acompañado de los menores. La plataforma 7N contra las violencias machistas había promovido una recogida de firmas a través de Internet en la que solicitaba a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, así como a sus familiares. “Todas somos Juana”, “Pacto de Estado, papel mojado” o “Si es maltratador, no es buen padre” fueron algunos de los lemas proclamados a las puertas del Consejo. En Madrid, varias organizaciones presentaron en la sede del Consejo General del Poder Judicial un escrito de queja ante la actuación del Juzgado de Granada y de la Fiscalía, “que lejos de velar por la protección de los menores y de la mujer maltratada, ha demostrado ser insensible con las víctimas”. Tras asegurar que “no esperaban” que Rivas entregara a sus hijos, la presidenta del Foro de Madrid contra la violencia a las Mujeres, Lourdes Hernández, pedía que la mujer siga con la custodia de los pequeños y que no vayan a Italia con el padre”.
Olalla se lamenta del “vergonzoso, papel jugado por nuestro Tribunal Constitucional, único que podía parar o retrasar la entrega de los niños en nuestro sistema judicial. Amparándose en la forma, de nuevo la puñetera forma, ha evitado entrar en el fondo y, como Pilatos, se ha lavado las manos. Su respuesta al primer recurso de Juana fue alegar que no había agotado toda la vía judicial, paso imprescindible antes de poder solicitar su amparo. Vamos, en lenguaje clarito y sencillo: No puedo atenderla porque a su solicitud le falta un sello que deben ponerle en la ventanilla de al lado. Y Juana fue a esa ventanilla de al lado, y cuando por fin consiguió el puñetero sello y volvió a llamar a la puerta del Constitucional, esta vez le contestaron que su recurso estaba fuera de plazo. En lenguaje clarito y sencillo: Ha llegado usted tarde. Hemos cerrado. Con el agravante de que, en este caso, ni siquiera cabía el “vuelva usted mañana”, porque la ley, nuestra ley, esa que con tanto ahínco algunos se empeñan en defender, no lo contempla. Lo único que puede hacer ahora Juana es apelar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo va a hacer, pero sin duda por rápido que sea ese recurso, necesita un tiempo que Juana no tiene. Ella, al negarse a entregar a sus hijos, al desobedecer la ley, está en una situación de total indefensión que puede obligarla a permanecer escondida sin poder salir de su escondite o a que sus hijos no puedan ir a ningún colegio mientras llega la resolución de Estrasburgo. ¿De qué le ha servido a Juana cumplir la ley y denunciar a su marido? ¿Cómo es posible que un sistema judicial que se permite incumplir su propia ley retrasando la traducción y envío de una documentación a Italia, que podía haber resuelto definitivamente la cuestión de Juana, no contemple ni un solo resquicio que la proteja? ¿Cómo pueden los magistrados del Tribunal Constitucional dormir tranquilos después de haber cerrado la última puerta a la esperanza que tenía esta mujer? ¿No pueden hacer nada el resto de instituciones (fiscalía, defensor del menor, defensor del pueblo, etc.) para evitar que Juana se encuentre ante el dilema de entregar a sus hijos o ser una prófuga de la justicia?”
2. ¿Cuándo y cómo empiezan los problemas judiciales de Juana Rivas? En diciembre de 2016, la magistrada María del Carmen Siles, del juzgado nº 3 de Granada, ordena la “inmediata restitución” de los hijos de Juana Rivas a su padre. El juzgado respondía así a la solicitud llegada desde Italia para que, en función del Convenio de La Haya, los menores fueran devueltos a su domicilio habitual, de donde Rivas los había “sustraído”. La jueza fija la fecha de entrega de los menores a su padre para el 26 de julio de este año. Sin embargo, Juana Rivas no acude a entregar a sus hijos. Empiezan ahí sus problemas con el sistema judicial. Su objetivo es proteger a sus hijos y conseguir que la Justicia no entregue a sus hijos a su padre maltratador. Es decir, conseguir el amparo, al menos temporal. La demanda que había interpuesto, en julio de 2016, seguía sin ser traducida y remitida a Italia a pesar de que la ley del Estatuto de las Víctimas del Delito de 2015 reconoce que las víctimas residentes en España pueden presentar denuncias de hechos delictivos que hubieran sido cometidos en otros países de Europa. El artículo 17 de dicha ley afirma que “en el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos”. La denuncia interpuesta por Rivas seguiría así hasta hace apenas unos días, cuando el juzgado finalmente decidió remitirla a Italia y cuando la situación jurídica de Juana Rivas se había agravado notablemente. En una carta abierta publicada el pasado 15 de agosto, Juana Rivas explica que dicha denuncia seguía sin ser tramitada: “Si la primera jueza a la que acudí en España denunciando nuestra grave situación en Italia me hubiera escuchado y hubiera enviado la denuncia inmediatamente como pone la ley, el Convenio de la Haya no estaría amenazando a mis hijos sino protegiéndolos. Error. Y resulta que la denuncia de malos tratos, que tenía que haber llegado a Italia hace más de un año todavía no ha salido de España. Por favor, comprueben que lo que digo es cierto”.
3. ¿Qué contempló la jueza para ordenar la entrega de los niños? La sentencia considera principalmente la necesidad de aplicar el Convenio de La Haya, suscrito tanto por Italia como por España. Si bien la sentencia reconoce la existencia de un caso de malos tratos, no la toma en consideración, a pesar de que el artículo 13b de dicho convenio prevé la posibilidad de denegar la restitución de los menores cuando esto les ‘exponga a un peligro físico o psíquico, o ponga al menor en una situación intolerable’. La jueza no consideró que se diesen estas circunstancias. Cabe recordar que el Convenio de la Haya data de 1980, cuando apenas había normas internacionales que regularan esta materia.
6. ¿Y ahora qué? La jueza que instruye el caso debe determinar si escucha el testimonio del hijo mayor de Juana Rivas, tal como ha solicitado reiteradamente su madre; y si abre o no nuevas diligencias. Antes de ordenar la entrega de los niños, la jueza ya había recibido el informe de una psicóloga adscrita al juzgado de familia en el que el hijo mayor, de once años de edad, afirmaba que ‘siempre ha estado con ella y se siente mucho mejor con ella. No se quiere separar de su madre’. Según el testimonio del niño reflejado en dicho informe, ‘su padre le daba voces a su madre, a veces no le dejaba salir de casa’ y él ‘no estaba bien cuando estaban juntos, él sufría mucho porque se llevaban mal’. El niño también afirma que ‘no le importaría pasar los meses de verano con su padre, pero vivir con él, no’… El resto del proceso tiene que llevarse a cabo en Italia, que es la última residencia familiar y de donde Juana se llevó a los menores… En el caso de Rivas las perspectivas son también complicadas. La entrega de sus hijos no frena el proceso penal. Además de pesar sobre ella las posibles consecuencias de la denuncia de ‘sustracción internacional’, se puede sumar la de desobediencia a la autoridad judicial y se enfrenta, no sólo a la posibilidad de cárcel, sino también a la posibilidad de perder la custodia de sus hijos durante un prolongado período de tiempo.
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