Manuela Carmena y su ayuntamiento de Podemos, pero a demanda del PSOE y pese a la oposición de PP y Ciudadanos, ha acordado darle a los inmigrantes irregulares en Madrid, casi todos africanos, una “Tarjeta de Vecindad” que los integra gratuitamente en los servicios municipales pagados por los contribuyentes.
La mayoría son manteros, guardacoches a veces intimidatorios y recogecarritos de supermercado a los que les llegará la vejez sin que hayan contribuido a sostener ningún organismo público ni la seguridad social para obtener una pensión contributiva.
Aunque presuntamente tendrán el derecho a la no contributiva ya existente para quienes no estaban inscritos en la seguridad social, igual que deberán obtener acceso a los todos los beneficios sociales sostenidos con impuestos o tasas.
“Cuando llegue a la edad del retiro, ¿tendré esas ayudas?”, le preguntaba un ya veterano inmigrante, que vive de las monedas de los carritos al abogado que le había conseguido sus “papeles”. “Claro que sí”, contestó el letrado
La gran mayoría de estos inmigrantes llegaron y llegan a España, como este, tras duros viajes casi siempre en pateras o saltando las verjas fronterizas en Ceuta o Melilla: son “héroes que lo merecen todo”, dijo Carmena sobre los que también saltaron las leyes españolas de inmigración.
En la primera década de este siglo, con la expansión económica, llegaron entre cuatro y seis millones de inmigrantes indocumentados casi sin control porque iban a sostener las jubilaciones de los españoles, como recalcaba José Luis Rodríguez Zapatero cuando defendía dar “papeles para todos”.
La realidad podría resultar la contraria: aunque cualquier gobierno lo niegue, las jubilaciones públicas terminarán agotándose, en parte, por el incremento de no contribuyentes.
Algo que deben reconocer PSOE y, sobre todo, Podemos, que exige abrir las fronteras y acoger a los inmigrantes que lo deseen: cuantos más entren sin contrato de trabajo, menos jubilaciones habrá para los españoles, incluso aunque las hayan pagado.
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SALAS