El gobierno nacional presento un proyecto donde declara la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicho proyecto denominado “LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA” anuncia entre otras medidas de materia económica, financiera, fiscal, administrativa, tarifaria, energética, sanitaria y social, los cambios en materia previsional.
En su TÍTULO VI se refiere a los HABERES PREVISIONALES y AUMENTOS SALARIALES, se anuncian dos temas fundamentales:
- la suspensión, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, de la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias. Este articulo y sus modificatorias se refieren a la movilidad jubilatoria que sería suspendida por seis meses.
- Durante el plazo previsto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá fijar trimestralmente (léase por decreto) el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos.
Como es de esperar en todo proyecto, habrá retoques que condicionarán la propuesta del Poder Ejecutivo, principalmente si se tiene presente el grado de afectación que tendrá para aquellos que tienen haberes más altos. Este cambio pudiera desembocar en una nueva ola de juicios, tal como ocurrió con el caso Badaro.
Mientras tanto, a los jubilados que cobran la mínima les darían un bono de fin de año de $10.000 en total (que se cobraría en dos pagos, uno en diciembre y otro en enero), pero para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) el importe será menor, ya que habrá una suma extra de $2000 que se cobrará por única vez en diciembre. También habrá un pago mensual para madres con hijos de hasta seis años o embarazadas, según lo anunció el Presidente en un reportaje televisivo.