Unos días después de volver a perder en la candidatura a país sede de las Olimpíadas, por tercera vez (2012, 2016 y 2020), al ver los comentarios y la resignación de muchas personas influyentes de este país, nos preguntamos: ¿realmente era necesaria la inversión de un dinero ”que no tenemos” para tres candidaturas de un país que está en plena crisis? ¿Hay otras aplicaciones más eficientes para todo el capital que se ha perdido infructuosamente candidatura tras candidatura?
Sabemos que es un importante desembolso para quien celebra las Olimpíadas, pero también es una gran fuente de ingresos, por tanto la pregunta es: ¿resulta rentable ser sede de los JJOO? No hay duda de que es una gran oportunidad de prestigio y relevancia mundial para el país, pero quisimos saber más sobre el tema.
Por lo visto, hay opiniones a favor y en contra acerca de la repercusión de los Juegos Olímpicos. Dependiendo de cómo se gestionen podrían conllevar bien una inmensa recaudación, bien una inmensa deuda para el país, como así lo demuestran algunos ejemplos: Atenas 2004 dejó un agujero de más de 7.000 millones de euros, mientras que Los Ángeles obtuvo un beneficio de casi 200 millones.
Incluso Londres, que parecía haber rentabilizado positivamente su inversión, no encontraría los beneficios esperados cuando el banco de Inglaterra tachó a los beneficios a corto plazo de “insignificantes“.
Un buen ejemplo de gestión de infraestructuras lo tenemos en nuestro país, donde las inversiones olímpicas y el impacto socioeconómico de Barcelona 92, no tienen comparación con ninguna otra ciudad organizadora de juegos. “El coste total de los Juegos de 1992 fue de 6.728 millones de euros, y su impacto económico fue de 18.678 millones. Barcelona dinamizó su turismo, remodeló su ciudad y tuvo un gran impacto internacional, a pesar de suponer un golpe importante para las arcas del Estado y la Comunidad de Cataluña” según fuentes.
Si Madrid resultaba elegida, se debía realizar una inversión pública en los próximos años de nada menos que 1.586 millones de euros. Sin contar los 1688 millones que las administraciones local, autonómica y nacional debían proporcionar posteriormente para financiar la ampliación de infraestructuras.
Y nosotros nos preguntamos, balanceando beneficio-riesgo, ¿es necesaria tal inversión? ¿No tenemos otras áreas con más necesidad de financiación que un proyecto que implica un riesgo nada desdeñable? ¿Es el momento propicio para perder un dinero que no tenemos?
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