Desde 1960 hasta 1996 Guatemala vivió sumida en un conflicto armado interno que resultó en la muerte o desaparición de más de 200.000 personas, el 80% de ellas pertenecían a poblaciones indígenas mayas. Según las investigaciones realizadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), se estima que se concretaron 600 masacres, y que “aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia fueron mujeres. Murieron, fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política y social; otras fueron víctimas de masacres y otras acciones indiscriminadas".(1) Las Conclusiones de la Comisión demostraron que el personal de seguridad del Estado y los paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones. La etapa más violenta del conflicto fue entre 1978 y 1983, bajo las dictaduras de los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), período en que el 81% de las violaciones tuvieron lugar, y el 48% ocurrió en 1982.
AWID: ¿Cuál es la importancia del Juicio a Ríos Montt?
Maya Alvarado (MA): Es importante porque el juicio es por genocidio y delitos de lesa humanidad y porque entre los imputados está un ex jefe de Estado. El sistema de justicia, al aceptar esa imputación, ayudó a poner en debate lo que de racista tiene la sociedad guatemalteca, que por muchos años se ha resistido a reconocer que los hechos ocurridos durante el conflicto armado constituyen genocidio. Y es un genocidio que tiene que ver con el racismo presente en la sociedad de Guatemala y con las construcciones ideológicas que realizó el Estado de la población indígena diciendo que, por naturaleza y por sus condiciones, era aliada indiscutible de la guerrilla. Ideológicamente el Estado construyó una figura devenida enemigo interno en el cual los pueblos indígenas eran la parte central.
Que hoy se estén juzgando todos estos hechos como genocidio hace retroceder a las dinámicas de olvido que instauró el Estado guatemalteco después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, tras 10 años de negociación entre la guerrilla y diferentes gobiernos. Se quiso hacer un borrón y cuenta nueva. Y eso no es posible. Las poblaciones y sus víctimas están demandando que se conozca la verdad, que se conozca a los responsables y que se deduzcan las responsabilidades.
Lamentablemente la ciudadanía urbana ha estado bajo la influencia de los medios que han querido imponer la idea que si esto llegaba a juicio era reabrir heridas y nuevamente polarizar a la sociedad. Las organizaciones sociales, de mujeres, feministas y de derechos humanos, consideramos que esto no viene a polarizar sino que viene a rescatar una verdad que ha sido negada a las víctimas del conflicto armado en Guatemala, cuyas cifras son escalofriantes, más allá del caso que se está juzgando.
AWID: ¿Podrías hablarnos del caso Sepur Zarco, y cómo está relacionado con el caso de Ríos Montt y cómo lo que sucede en el caso actual podría afectar a este?
MA: Este caso compromete cuatro cadenas de mando, entre ellos está Ríos Montt. En la comunidad de Sepur Zarco se instaló un destacamento militar. Esta es la región del Polochic en donde la demanda de tierras desde la época colonial ha sido una constante como así también la lucha y la reivindicación de la tierra por parte de los pueblos originarios. En esta región no había mayor presencia guerrillera. La presencia militar allí viene a ilustrar la alianza ejército-oligarquía nacional para la dominación de las comunidades y las garantías de expropiación de tierras.
En el valle del río Polochic, que abarca más o menos 12 kilómetros, hemos podido identificar que fueron asentados aproximadamente 7 destacamentos militares con diferentes funciones. La función del de Sepur Zarco, durante seis años, fue la para esparcimiento, recreo y descanso de la tropa. Allí las mujeres fueron obligadas a organizarse por turnos para que ir a lavar las ropas de los soldados, con sus propios medios, porque ellos no les proporcionaban jabón ni nada para hacerlo, cocinarle a la tropa con sus propias cosechas de maíz, de frijol, y sumado a eso eran violadas.
Lo que queda demostrado es que la violencia sexual fue un hecho planificado, organizado administrativamente por los militares: que hayan sido organizadas por turnos, que se les hayan administrado anticonceptivos, por ejemplo, para que no quedaran embarazadas por las violaciones, y que previamente se hayan cometido otros delitos, como la desaparición forzada de sus esposos, y de haber utilizado la violencia sexual incluso como tortura para sacarles información. Los cuerpos de las mujeres fueron usados para enviar mensajes de terror a las comunidades enteras. Con todos esos hechos consideramos que queda demostrada la planificación, que no fueron actos que se le ocurrió a una tropa aislada.
La UNAMG está trabajando en la región con 60 mujeres. Hay una fuerte estigmatización en las comunidades contra ellas. Parte de lo doloroso de esto es que la violencia sexual es el único crimen por el que se responsabiliza a las víctimas, y las mujeres han sido fuertemente estigmatizadas dentro de sus comunidades y esa es la razón por la cual no todas han querido colocar su caso ante el sistema de justicia. No obstante todas están organizadas en redes y apoyando a las 15 mujeres que sí han decidido llevar sus casos y contar todo lo sucedido a todas en la región en este juicio.
Los casos están claramente relacionados porque el caso de Sepur Zarco está presentado como violencia sexual constitutiva del genocidio. Las investigaciones han demostrado cómo fue utilizada la violencia sexual como parte de la maquinaria de guerra para dividir a las comunidades y literalmente utilizar a las mujeres para destruir la posibilidad de la continuidad de los pueblos originarios. De lo que vaya a suceder en el juicio contra Ríos Montt, dependerá también cómo avance el caso Sepur Zarco, en el cual ya 15 mujeres presentaron sus testimonios como prueba anticipada porque son mujeres ya mayores, de hecho una estaba enferma y ya falleció en enero de este año, por eso quisimos hacer la gestión de prueba anticipada.
AWID: ¿Qué papel ha jugado el Estado ante las denuncias?
MA: El Estado de Guatemala nunca asumió la investigación de estos hechos, y mucho menos llevarlos a juicio como correspondería. Han habido exhumaciones que evidencian todos estos hechos, y de oficio el Estado debería, cada vez que aparecen fosas, investigar y sin embargo no lo ha hecho. Nosotras reconocemos la actuación del actual Ministerio Público del actual Fiscal general. Sí consideramos que entre la gestión anterior y la actual fue posible que avanzaran estos casos. Todavía hay serias dificultades allí, por poderes paralelos interesados en que todos estos hechos no salgan a la luz y no logren justicia. Y como colofón de esta situación, el Presidente actual, Otto Pérez Molina, es un ex-militar, que estuvo implicado, en el genocidio, precisamente en el área Ixil, fue Jefe de operaciones de inteligencia en estas regiones.
AWID: ¿Cómo ves el desarrollo del Juicio?
MA: La jueza y el Juez que están a cargo han demostrado imparcialidad, y han demostrado compromiso con la justicia, y conocimiento en el manejo de estos hechos con respecto a las leyes vigentes en el país. Creemos que lo están manejando de la mejor manera, en medio de fuertes presiones. Tenemos las mejores expectativas, pero igual estamos preparadas para cualquier cosa que pueda suceder. Creemos que está muy bien sustentada toda la acusación, realmente ha sido una gran labor de abogadas y abogados; los peritajes presentados son de altísimo nivel, así que esperaríamos que todo esto nos tendría que llevar a un juicio apegado a derecho, en donde haya una condena amplia que realmente pueda retomar todos los hechos de los que fueron víctimas las personas testigas del caso y esperaríamos que haya una sentencia. Pero si no fuera así de todas formas continuaremos apelando hasta que se haga justicia.
AWID: ¿De qué manera organizaciones sociales, de mujeres internacionales pueden demostrar su solidaridad?
MA: Es importante que la comunidad internacional esté al pendiente de lo que pueda suceder. Que sepan que todas estas acciones que realizamos las organizaciones sociales, de mujeres, de derechos humanos, es por la convicción de que la justicia es necesaria para que este país pueda avanzar, pero que lo estamos haciendo en condiciones realmente de mucha amenaza a la integridad de las propias víctimas, y de las testigos, las y los querellantes. Se hace necesario que los propios gobiernos de otros países exijan al Estado de Guatemala que respete y garantice un juicio apegado a derecho, y apegado también a las responsabilidades asumidas por el Estado en materia de derechos humanos.
Por Gabriela De Cicco Fuente: AWID Foto: Mujeres indígenas ixiles escuchando los testimonios durante el juicio. Crédito foto: Prensa Libre.
Nota:
[1] GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Ciudad de Guatemala, febrero de 1999 (síntesis)
Más lecturas:
- Informa Memoria del Silencio
- Informe Memoria del silencio (anexos con los casos)
- La violación es genocidio
- ¿Cómo que no hubo genocidio? por Ricardo Falla
- Sepur Zarco: http://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-el-recreo-de-los-soldados
- Los testimonios de las mujeres de Sepur Zarco
- Tribunal de Conciencia
- Pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Para mantenerse informada/o sobre el juicio:
- Coordinación Genocidio Nunca Más
- Sección especial en Plaza Pública