Justicia a remolque

A los jueces españoles, a menudo tan vilipendiados, habría que levantarles un monumento en alguna plaza de este país. Por lo menos a aquellos que han tenido la valentía de cuestionarse algunas leyes manifiestamente injustas. De no haber sido por su negativa a aplicarlas sin ponerlas en duda las cosas hoy serían aún peores para muchas familias españolas. Estoy hablando de los desahucios y de los dos varapalos consecutivos que el Tribunal Europeo de Justicia le ha propinado a nuestro país por mantener una legislación hipotecaria obsoleta y pensada para satisfacer sólo a una de las dos partes de cualquier contrato, en este caso a los bancos. Todos tenemos en la memoria el fallo del alto tribunal Europeo a instancias de un juez español contra las leyes hipotecarias españolas que obligó al Gobierno de Rajoy a modificar la normativa. 
Por desgracia y a pesar de la propaganda con la que se vendió la medida, lo que salió de la modificación no ha servido para detener el drama de los desahucios en este país del que, a pesar de que ya no se habla tanto en los medios de comunicación, sigue siendo una realidad cotidiana para muchas familias que después de perder el trabajo han terminado también perdiendo sus casas. Para comprobarlo basta con echar un vistazo a las estadísticas que periódicamente publica el Consejo del Poder Judicial, según el cual, sólo en los tres primeros meses de esta año se han registrado en España casi 18.500 lanzamientos de viviendas y locales, un 7% más que en el trimestre anterior. 
Las peticiones de las plataformas antidesahucio para que se incluyera en la nueva normativa la dación en pago de la deuda, tal y como ocurre en otros países, fueron ignoradas por el Gobierno y los bancos siguieron desahuciando a pesar de que eso significara engordar aún más su volumen de pisos y lastrar sus balances. En Andalucía y Canarias se intentó poner coto al problema con una normativa de expropiación temporal del uso de la vivienda para que las familias en dificultades no fueran lanzadas a la calle por las entidades financieras. Apenas aprobada la suya por el gobierno de la Junta de Andalucía, La Moncloa la llevó al Tribunal Constitucional y pidió su suspensión automática. En Canarias, en donde se quiso copiar el modelo andaluz pero en donde no existe la posibilidad del decreto ley, los cambios se eternizaron al hacerse necesario modificar la ley autonómica de vivienda para incluir medidas que protegieran a las familias en apuros frente a los desahucios y lanzamientos judiciales. 
El Gobierno de Rajoy ha venido presumiendo de que con las medidas aprobadas tras la primera sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Justicia, la legislación hipotecaria se había adaptado a la realidad social y se había dado respuesta al drama de los desahucios. Ma non troppo. Otra sentencia del mismo tribunal, dictada también a instancias de otro juez español y ésta mucho más reciente, ha vuelto a dejar a nuestro país y a su gobierno con las vergüenzas al aire y ha puesto de manifiesto que la modificación anterior se había quedado corta por injusta para con los más débiles. 
Dice el fallo, conocido a mediados de julio, que la legislación sigue siendo injusta porque no se le permite al desahuciado recurrir a una segunda instancia judicial cuando se desestime su oposición a un lanzamiento. Por el contrario, si quien perdía el pleito en la primera instancia era el banco sí podía apelar a una segunda instancia, así de equitativa era la norma. Ahora, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un nuevo cambio normativo, esta vez a través de la Ley Concursal y no de la Ley de Enjuiciamiento Civil como plantea el tribunal europeo, que pone en pie de igualdad a acreedores y deudores: ambos tendrán una segunda instancia si en la primera no ven satisfecha su posición. 
Y uno se pregunta: ¿no cayeron en la cuenta de ese trato injustamente desigual las lumbreras que elaboraron el primer cambio de la normativa? Seguramente lo sabían pero prefirieron hacer la vista gorda a mayor gloria de los bancos con la esperanza de que los jueces siguieran aplicando la ley como hasta ahora y ninguno elevara sus dudas al Tribunal Europeo de Justicia. Se equivocaron y volvieron a poner en evidencia cuál es la vara de medir que se usa en España cuando se trata de elegir entre los que tienen y los que no tienen, a quienes hay que rescatar y a quienes hay que dejar en la calle.