El ex dictador guatemalteco Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión por la masacre de miles de indígenas, en lo que se ha considerado un genocidio y un crimen contra la humanidad
GUATEMALA.-Durante el régimen de terror -de 1982 a 1983- del ex dictador Ríos Montt fueron masacrados 1771 indígenas mayas-ixiles, por lo que la justicia del país lo ha sentenciado a 50 años por genocidio y a 30 años más por crímenes contra la humanidad. Por su parte, el ex dictador, afirmaba que "me declaro inocente, nunca he tenido la intención, el propósito, de destruir a ninguna etnia nacional. No soy genocida". El proceso de intentar enjuiciar al ex dictador se inició en España en el año 1999. La premio Nobel de la paz guatemalteca Rigoberta Menchú presentó cargos de tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra Ríos Montt y otros cuatro generales guatemaltecos retirados, además de otros tres civiles. En aquella ocasión, se presentaron como codenunciantes la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice and Accountability. En septiembre de 2005, el Tribunal Constitucional de España dictó que un tribunal español puede juzgar a aquellos acusados de crímenes contra la humanidad incluso si las víctimas no fueran españolas. En junio de 2006, el juez Santiago Pedraz viajó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y a otros acusados. Sin embargo, al menos 15 apelaciones llevadas a cabo por la defensa impidieron a Pedraz interrogar a los acusados. El 7 de julio de 2005, Pedraz dictó una orden de captura internacional contra Efraín Ríos Montt, los expresidentes Oscar Humberto Mejía Victores y Fernando Romeo Lucas-García, los generales retirados Lucas García y Aníbal Guevara y tres civiles: Donaldo Álvarez Ruiz (exministro del Interior), Germán Chupina Barahona (exdirector de la Policía) y Pedro García Arredondo. En una rueda de prensa, Ríos Montt admitió que durante su mandato el ejército había cometido «excesos», de los cuales él ―como comandante en jefe del ejército― no habría tenido ninguna responsabilidad. El cerco sobre Ríos Montt se cerraba, de modo que en una audaz estrategia, en 2007, el ex dictador anunciaba que se presentaría al Congreso en las elecciones de ese mismo año, ya que como miembro del Congreso, gozaría de inmunidad parlamentaria y no podría ser enjuiciado a menos que un tribunal lo destituyera, obteniendo el puesto tras las elecciones. A comienzos del 2012 cesaba su cargo y a las pocas semanas un tribunal lo acusó formalmente de genocidio y crímenes contra la humanidad junto con otros tres antiguos generales. Un año después, la justicia da la razón a las víctimas.