La justicia española está tan desprestigiada, que incluso cuando intenta cerrar filas sólo logra aumentar su descrédito. Si el jueves fue el Tribunal Supremo el que se cubrió de gloria al condenar a Baltasar Garzón a once años de inhabilitación, ayer le tocó el turno a Gabriela Bravo, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, quien considera que Iñaki Urdangarín no es un imputado “cualquiera“. Tiene razón; el yerno del rey es un ladrón de guante blanco, que ha robado por codicia y no por necesidad. Gabriela Bravo pretendía con sus declaraciones echar un capote a sus compañeros del Tribunal Supremo por un patinazo y lo que ha hecho, en realidad, es descubrir el verdadero rostro de la justicia española. Es sumisa al poder y defensora a ultranza del statu quo, al que representa y protege. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial pide un trato de favor para Iñaki Urdangarín por su condición de duque de Palma, mientras sus compañeros ordenan a diario desahucios de familias sin empleo, ni recursos. Gabriela Bravo demuestra una gran sensibilidad al preocuparse por la imagen y el honor del yerno del rey, pero, en cambio, no se le escucha una palabra en contra de violaciones de derechos fundamentales como, por ejemplo, la vivienda. La justicia española es corporativista: sólo trabaja para los ricos y los corruptos. ¿Por qué será?
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