Nuestro país, en la actualidad, se encuentra caracterizado por una dosis considerable de perplejidad respecto a la administración de justicia, esto se corrobora con el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos (OACDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Gaceta Jurídica / Ery Iván Castro Miranda00:00 / 27 de marzo de 2012
A manera de contextualización, debemos establecer cuál es el rol principal de esta oficina, así mencionamos que la ONU es una organización internacional constituida en 1945 (para suceder a la Sociedad de Naciones, creada por el Tratado de Versalles en 1919) por los Estados que aceptaron cumplir las obligaciones previstas por la Carta de las Naciones Unidas (firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945), producto de la segunda guerra mundial, a fin de salvaguardar la paz y la seguridad internacional y de instituir entre las naciones una cooperación económica, social y cultural. La ONU empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945.
Dentro de la estructura de la organización se encuentra la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con su sigla OACDH, misma que forma parte de la Secretaria de las Naciones Unidas que representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana.
El Alto Comisionado encabeza la OACDH y dirige los esfuerzos de la Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, es decir, esta oficina se encarga de promover, proteger y dirigir los esfuerzos globales en materia de Derechos Humanos para todos.
Actúa objetivamente ante los casos de violaciones de Derechos Humanos en el mundo, también constituye un foro para identificar, resaltar y elaborar respuestas a los problemas actuales de Derechos Humanos y opera como el principal centro de coordinación para la investigación, la educación, la información pública y las actividades de promoción de los Derechos Humanos en el sistema de las Naciones Unidas.
Toda vez que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de proteger los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos presta asistencia a estos gobiernos, a través del aporte de conocimientos especializados y capacitación técnica en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa y el proceso electoral, todo ello para facilitar la aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos en la práctica, así también apoya a otras entidades encargadas de proteger estos derechos para que puedan cumplir con sus obligaciones y a particulares para que puedan ejercer sus derechos.
Cambios en la organización
La OACDH promociona y estimula el respeto por los Derechos Humanos de todos sin distinción de raza, sexo, lengua o religión, tal como se estipula en la Carta de las Naciones Unidas, esta labor es crucial en un momento en que las Naciones Unidas es objeto de su más profunda reforma.
En la medida en que se hace frente a los constantes desafíos que se plantean en el nuevo milenio, la comunidad internacional coloca de manera inequívoca los Derechos Humanos en primer plano en sus esfuerzos por abordar diversas cuestiones apremiantes en todo el mundo; así, nuestro país reconoce aquello en el sentido de que la propia Constitución Política del Estado (CPE) señala que el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario… (Artículo 410, párrafo II).
La OACDH también presta asistencia, recibe, examina las denuncias directas de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y hace llamamientos a los gobiernos en nombre de las víctimas; asimismo, apoya a las dimensiones normativas y de supervisión mediante los comités de expertos independientes que tienen el mandato de supervisar que los Estados parte cumplan con las obligaciones de los tratados, para ello se reúnen periódicamente para examinar los informes presentados por los Estados parte y formular sus recomendaciones al respecto.
Condiciones de la labor
Algunas de estas respuestas incluyen la supervisión de las situaciones de Derechos Humanos sobre el terreno y la puesta en marcha de proyectos, como la capacitación técnica y el apoyo en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa, la ratificación y la educación de los tratados en materia de Derechos Humanos, elaborados en cooperación con los Estados miembros.
Esta Oficina también procura garantizar la aplicación de las normas internacionales de Derechos Humanos a través de una mayor implicación en los países para tratar de establecer contacto con quienes más lo necesitan, ya que desempeñan un papel primordial en la labor de identificar, trazar y elaborar respuestas a los problemas de Derechos Humanos en estrecha colaboración con los gobiernos del mundo, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los miembros de la sociedad civil.
En tanto que, la sociedad civil juega un papel preponderante porque actúa como asesor dentro de la OACDH en lo relativo a políticas y estrategias que permitan incrementar y fortalecer las alianzas y cooperaciones para una promoción y protección efectiva de los Derechos Humanos, de convertir estos derechos en realidad.
Sobre el país
En consecuencia, la OACDH realizó un informe anual sobre los Derechos Humanos en nuestro país y entre las principales conclusiones del documento se encuentra lo relativo a la administración de justicia, el racismo y toda forma de discriminación, la consulta a los pueblos indígenas y la violencia contra las mujeres, entre otras.
Para el análisis del informe simplemente nos centraremos en lo relacionado a la administración de justicia, toda vez que para la OACDH existe un deterioro, estancamiento, crisis del sistema judicial y se menciona que “la crisis de la administración de justicia de Bolivia se agravó durante el último año y se caracterizó por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la polémica elección popular de jueces y los altos niveles de violencia contra las mujeres”.
El informe de referencia es puntual y acertado porque refleja de manera fidedigna la situación de los Derechos Humanos y la justicia en nuestro país; es evidente una concentración de poder, por tanto obvia la inexistencia de la independencia deseada, ya que todos los órganos de poder del Estado están concentrados en manos de un solo partido en función de gobierno, toda vez que se tiene injerencia abierta en las decisiones que toma el Órgano Judicial. Por ello, en el informe se pide que los esfuerzos de las autoridades nacionales contribuyan a la consolidación de la independencia judicial y se coadyuven a la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de administración de justicia.
Como decíamos, el informe se aproxima a la realidad sobre la crisis existente en la administración de justicia, ya que debemos considerar que el problema de la justicia en nuestro Estado es estructural y adolece de muchas fallas, entre ellas procesos lentos y que no es completamente gratuita, ya se dijo que el problema no está en eliminar los timbres de ley, sino en ejercer un control estricto en los administradores de justicia, porque es a ese nivel donde encuentra su falla el principio de gratuidad, toda vez que estos funcionarios son susceptibles de ingresar en la corrupción.