Con el revuelo creado por el cierre de las famosas terrazas en varios puntos de la capital española, se ha puesto de manifiesto, una vez más, el tremendo poder discrecional de la administración española. Desconozco el fondo del asunto. No sé por qué no tenían licencia, o los trámites que tenían en marcha. Da lo mismo. Llevo suficiente tiempo a los dos lados de la mesa, como técnico profesional libre y también como técnico municipal, como para tener claro que la propia idiosincrasia del sistema es perversa, cuando no corrupta.
Todo el mundo conoce ejemplos de cierres inverosímiles: por aseos de minusválidos en actividades dónde no es posible que los haya, por cambios de normativa durante el proceso que impiden que la actividad se legalice o simplemente porque “no hay voluntad política” para que tu negocio salga adelante. Y entrecomillo porque es una cita textual, que nadie me ha de contar y que uno mismo ha oído de boca del cargo político de turno, después de que su cliente hubiera hecho frente a cuantos requerimientos el Ayuntamiento le pidió, corriendo con unos gastos desorbitados, viendo impotente como tenía que cerrar su negocio (por suerte, por un tiempo) después de 6 años de peleas.
Que los pasillos hayan de medir 1,20 o 1,50 metros de ancho, es un criterio totalmente discrecional. Quizá basado en la experiencia, pero también podrían valerme 1,15, 1,30 o 1,45. ¿En virtud de que potestad en un lado de la calle pueden edificarse 5 alturas y justo enfrente 6? O 3. Los planes urbanísticos discrecionales. O, repito, absolutamente corruptos, tantas veces, favoreciendo intereses personales de quien los redacta o los paga. Mover una raya en un papel puede suponer mucho dinero. Un párrafo en una ley. La liberalización del urbanismo de finales del siglo pasado hubiera sido maravillosa si no hubieran concurrido dos factores nada urbanísticos, a saber, la administración era juez y parte, vigilando por un lado y cobrando las licencias y recibiendo solares por otro, y existiendo una expansión crediticia que mantuvo el precio del dinero artificialmente bajo, por obra y gracia del BCE. Nada que ver esto con el sector privado.
Que la normativa es en ocasiones imposible de cumplir, es absolutamente indiferente a la administración. Y es imposible por excesivamente profusa. Por exceso de celo. Por falta de funcionalidad y exceso de control. Sobra normativa, como lo demuestra que el Código Técnico Español (de la construcción) tenga del orden de 10 veces más paginas que el danés, por poner un ejemplo. Se puede funcionar muy bien con mucho menos. Y por cierto, se puede ser más creativo, ya de paso. Que existan los llamados monopolios naturales en la legislación, para favorecer el statu quo de las grandes empresas de suministro tampoco ayuda. En definitiva, la legislación que regula nuestra convivencia en los pueblos y ciudades está pensada para manejar los dineros e intereses a criterio de unos pocos.
Y con todo esto no queda más que acudir a la buena voluntad del funcionario o del político del ramo. Que por cierto, también es discrecional. La mía es siempre ayudar al que quiere abrir, desde luego. Y, ¿saben qué? Yo estoy muy bien donde estoy, como técnico municipal, digo. En una población de unos 10.000 habitantes. Todos se conocen. El político y el funcionario han de compartir el café necesariamente con el ciudadano. Van al bar que han legalizado. Y eso es muy bueno. Demuestra un hecho que siempre está en el candelero de la disputa política. No es cuestión de un gobierno central. No se trata de comunidades autónomas. Ni siquiera unir ayuntamientos. No. Aboguen por los gobiernos de barrio. O de calle. Por el poder hiperatomizado. Muy distribuido. Pues si las leyes han de ser discrecionales, y siempre habrá un punto de criterio personal del que las redacta, al menos que ese redactor tenga que sufrir las consecuencias de sus actos cuando va a tomarse el café. A ver si a alguno se le agria.
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