Está muy claro que cuando nuestros gobernantes hablan de recuperación y fin de la crisis se refieren a los sectores financieros, bancos, bolsa, indicadores macroeconómicos, etc. pero ni una brizna de esta mejora ha llegado todavía a la ciudadanía que continúa con cifras vergonzosas de paro y salarios a la baja, y tampoco ha llegado a la pequeña y mediana empresa que todavía sufre una importante atonía de mercado y una insoportable escasez de crédito.
A pesar de que aquellos a los que no les ha llegado todavía la mejora son los únicos y en cualquier caso los que más se sacrificaron para superar la crisis, el gobierno Rajoy, aparentemente con el visto bueno previo de la U.E., ya ha anunciado que entre 2014 y 2015 seguirá recortando, se supone que como hasta ahora casi en exclusiva contra la ciudadanía, 8.000 millones más, me imagino con la intención de que bancos, bolsa y puntales financieros de la Oligarquía que nos explota, acaben de asegurar su recuperación, aunque la situación de los que pagan impuestos vaya empeorando, porque lo que tiene importancia debe cuidarse y lo que no la tiene es desechable. Por supuesto que una vez más nadie habla de reformar la Administración Pública, excepto la Ley que se refiere a la Administración Local que está cerca de su aprobación y que responde más a la obsesión por la fiscalización que por la eficiencia.
Como que he escrito varias veces que en mi opinión la reforma de la Administración Pública era la primera que debía haberse emprendido porque habría ahorrado muchos recortes voy a especificar que entiendo por tal reforma, en sentido amplio porque incluyo el Congreso de los Diputados y otros apartados que algún purista consideraría que de hecho no forman parte de la Administración Pública.
General.-
Todos los políticos deberían tener las mismas ventajas sociales y de remuneración (sueldo, jubilación, viajes, gastos, compensación por residencia, etc.) que el resto de los ciudadanos, incluidos ministros, presidentes del gobierno, y Jefe de Estado.
No hacen falta leyes para que haya trasparencia. Lo que ha de cambiar es el maldito secretismo de la Administración. Los ciudadanos deberían tener la posibilidad de acceder fácilmente a datos como el número y categoría de coches oficiales al servicio de un cargo o un departamento, los importes que cobra un diputado de cualquier Parlamento o Senado y los conceptos por los que los percibe, los beneficios sociales (jubilación, desempleo,etc.) de todos los cargos públicos., etc., mientras que en la actualidad la poca información que se proporciona es poco más que inútil, y si no haced la prueba, entrad en la Web del Parlamento o el Senado, iros a la sección donde se explican los emolumentos de diputados y senadores, y si sois capaces de deducir la cifra que puede llegar a cobrar alguno de ellos os propondré para el Nobel de Matemáticas.
Congreso de los Diputados.-
El Parlamento no tiene un número excesivo de diputados, muy inferior al del Reino Unido o Francia, pero, tal como se hace en países con democracias más antiguas que la nuestra, se debería obligar a los diputados a residir un número mínimo de días por año legislativo en la circunscripción donde fueron elegidos y a mantener en ella un despacho abierto al público. El Senado debería ser suprimido por innecesario.
Estructura-Eficiencia.-
Para efectuar la limpieza de altos cargos, equipamiento, propiedad inmobiliaria, etc., aunque sé que nunca se actuará de esta manera en este país, se debería contratar a alguno de los mejores equipos de especialistas en eficiencia corporativa para que hiciese la selección de lo que se suprime y como se vende o amortiza bajo los siguientes criterios:
Altos cargos.- Supresión de todos aquellos en cuya valoración no aporten más de lo que nos cuestan, aceptando solo aquellas excepciones a esta regla cuyas funciones sean imprescindibles para el funcionamiento de la Administración.
Equipos.- Venta de todos los equipos, coches, aviones VIP, equipos electrónicos personales, etc. que se consideren sobrantes después de aplicar la norma de que no deben usarse equipos públicos individuales cuando existan otras alternativas (medios públicos de transporte, líneas aéreas, etc.) o deban usarse forzosamente por una razón de imagen externa.
Esto es exactamente, aunque sin utilizar asesores externos porque no les hacen falta, lo que hicieron en Alemania hace más de 12 años, lo que están haciendo en el Reino Unido desde hace más de dos años, donde los viceministros van a la oficina en metro, y lo que también han hecho en los países escandinavos y Holanda, a pesar de que su problema era muchísimo menos grave que el nuestro, y lo que por desgracia nunca van a hacer nuestros gobiernos. Hace algo más de un año apareció en varios periódicos la noticia de que solo en el Ministerio de Fomento habían más de 3.000 ingenieros percibiendo sueldos elevados, que llevaban más de dos años sin haber sido requeridos para ningún trabajo. Da igual, se aumentan los recortes a la ciudadanía y asunto solucionado.
Esta reducción tanto del tamaño como del coste de la Administración Pública debería venir acompañada de una muy notable mejora de su funcionamiento, con horarios, compromiso de eficiencia y exigencia de seriedad equiparable al de la empresa privada, con dos aspectos que no serían ya mejoras, sino cambios radicales en relación con la situación actual. Me refiero a la responsabilidad por un lado y a lo que podría calificarse como el estatuto del ciudadano.
La responsabilidad es la gran ausente de la Administración Pública española, no ya cuando esta se refiere a actitudes negligentes o temerarias, sino incluso a barbaridades totales. Nunca algo es culpa de alguien y nada es responsabilidad de nadie, y no se entiende una Administración Pública eficiente sin que se exijan responsabilidades.
El estatuto del ciudadano se justifica porque en España no existen ciudadanos sino súbditos que solo tienen obligaciones en lo que a sus relaciones con la Administración Pública se refiere, cuando en cualquier país civilizado los derechos y obligaciones son las mismas para la Administración y los administrados, y cuando un problema ha sido causado o es responsabilidad de la Administración, esta no puede sacudírselo de encima y cargarlo al ciudadano como hace SIEMPRE la Administración Pública española.
Un buen ejemplo de estas dos carencias de la Administración española es lo que nuestro gobierno ha hecho con la financiación a los pagos a proveedores de las autonomías. Después de hacer firmar a los proveedores condiciones draconianas que incluían la renuncia a cargar intereses por la demora, se inició un larguísimo trámite que en teoría concluyó el pasado 20 de septiembre, y solo faltaba, para efectuar el correspondiente pago a proveedores, la aprobación del Consejo de Ministros que todavía no se ha producido porque el asunto no se ha incluido todavía en la lista de los que se presentaban a los Consejos celebrados hasta la fecha, y tampoco se ha incluido en el de esta semana, a pesar que el Sr. Montoro sabe que esto pone a muchas farmacias catalanas, y me imagino que a otros proveedores y a otras CCAA en una situación dificilísima (y el número de independentistas continua subiendo gracias al PP, esta vez entre la prudente y timorata clase farmacéutica). Es decir, a los ciudadanos se nos exige estricto cumplimiento con la amenaza de sanciones automáticas e inmediatas y la aceptación de condiciones injustas para cobrar lo que se nos debe, mientras la Administración puede tomarse lo que quiera a cachondeo sin que ni tan solo tengamos derecho al pataleo. La relación entre la Administración española y sus administrados no ha mejorado un ápice desde que se desarrollaba entre señores feudales y sus siervos. Hace unas semanas, y en relación con la actitud frente a la independencia de Catalunya y Escocia lo insinué, pero hoy lo diré alto y claro: en el Reino Unido tienen un gobierno, mientras en España tenemos un nido de ratas.
Si, ya sé que todo lo que he explicado hasta aquí es ciencia ficción y que hoy por hoy ni el PP ni ningún otro partido, en la administración central o la autonómica ni tan solo van a intentarlo, pero tarde o temprano alguien va a tener que empezar a cambiar las cosas si no queremos que en un mundo globalizado y competitivo, la diferencia entre España y los países que funcionan mejor en nuestro entorno vuelva a ser la que había en los años 40 y 50 del siglo pasado.
Fijaros sino, en el ranking que cada año publica el Banco Mundial sobre la facilidad para desarrollar negocios, España retrocede nada menos que 8 puestos en la facilidad en general para hacer negocios, y en el ranking concreto de facilidad de apertura de nuevos negocios pierde también 6 puestos y se coloca en el 142, detrás de Zambia, sobre un total de 189. Si uno solo de nuestros gobiernos se hubiese tomado mínimamente en serio la lucha contra el desempleo, habríamos escalado puestos en este ranking a toda velocidad haciendo algo parecido a lo que propongo, pero les importa muy poco que los parados sean 5 ó 5 millones y lo están haciendo tan rematadamente mal que encima perdemos posiciones en el ranking. Nuestros catastróficos gobernantes y los líderes de la maldita Oligarquía que nos controla y explota son muy codiciosos pero idiotas porque no se dan cuenta que cuando hayan esquilmado totalmente a la población ellos serán los siguientes en caer. La empresa pequeña y mediana española se mueve como Obelix, con un inmenso y pesado menhir en la espalda que se llama Administración Pública, y mientras no se lo puedan quitar de encima les va a ser difícil competir y crear empleo en la medida en que sin duda son capaces de lograr.
Mariano Rajoy y su gobierno han logrado algo que de tan difícil es casi imposible: hacer bueno a Zapatero, y ninguno de los dos catastróficos Presidentes del gobierno ha hecho o hizo casi nada en las dos principales y más urgentes reformas de este país: la Administración Pública y la lucha contra la corrupción.
Un amigo medio dominicano me ha pasado un libro sobre un escándalo financiero que en República Dominicana, en el 2002, y bajo el mandato del Presidente Hipólito Mejía hizo quebrar a uno de los principales bancos del país después que varios militares del entorno del Presidente vaciasen los recursos del banco en sus bolsillos particulares. Curiosamente el libro describe un país muy poco serio en cuanto a actuaciones públicas, pero en muchos aspectos más serio o menos bananero que España.
Aunque las formas y las técnicas usadas para practicar la corrupción fueron más burdas que las del Sr. Bárcenas, por ejemplo, hay muchos detalles que demuestran más seriedad que en España.
De entrada el Presidente al que le estalló el asunto en las manos y consintió el expolio, perdió las siguientes elecciones en 2004 de manera ignominiosa.
El escándalo estalló en el 2002, y en el 2008 ya se había juzgado y condenado a penas sustanciales de prisión a los principales responsables, y aunque algunos de los imputados fueron exonerados por falta de pruebas, las fuertes condenas incluyeron a banqueros negligentes, y se pudo recuperar al menos parte del dinero robado.
El equivalente al Fiscal General del Estado de la República Dominicana, haciendo lo contrario de lo que es su función, intentó rebajar sustancialmente la gravedad del delito, pero la juez encargada del caso no solo no lo consintió sino que armó una considerable bronca jurídica y mediática, y sin embargo no fue depurada. El Sr, Torres Dulce, Fiscal General del Estado a las ordenes del PP ha practicado con éxito el mismo o similar método en infinidad de ocasiones, hasta el extremo de sacar de la cárcel a una persona, el Sr. Blesa antiguo jefe máximo de Caja Madrid, al que muchos españoles consideramos un delincuente, y el juez que lo había encerrado en prisión tiene toda la pinta de haber sido depurado.
En este libro queda claro que cuando a veces afirmo que la Justicia y la Administración Pública españolas funcionan peor que en la peor de las repúblicas bananeras no es una exageración sino que desgraciadamente es una realidad.