Uno de los caballos de batalla del PP en el Parlamento Vasco durante esta legislatura ha sido lo que ellos llaman el "fraude social"; es decir, las personas que cobran ayudas sociales de manera fraudulenta.
El PP nos ha traído el debate a la cámara trimestre sí y trimestre también.
Cada vez que el PP presenta una PNL sobre esta cuestión, desde Ezker Anitza solemos presentarle una enmienda para añadir alguna referencia al fraude fiscal que el PP rechaza.
¿Por qué? bien sencillo, porque les parece peor los 650€ que alguien haya podido cobrar indebidamente (algo, que por otro lado, yo tampoco justifico), que los 25.000 millones de euros que nos han robado los que defraudan sistemáticamente a Hacienda.
Por eso han decidido aplicar una amnistía fiscal.
Una amnistía fiscal, además de ser manifiestamente injusta, lo primero que pone de manifiesto es la absoluta incapacidad del gobierno de perseguir un delito: el fraude fiscal.
¿Se imagina alguien que con cualquier otro delito el Gobierno de turno hiciera lo mismo? Como soy incapaz de perseguir el delito lo perdono.
Lo que no puede ser es que un Gobierno asuma como una realidad inalterable la existencia de una bolsa de fraude de esa naturaleza y como mal menor, decida perdonarla a ver si por lo menos saca algo.
La preguntas son evidentes: ¿si ya se sabe que existe ese fraude, por qué no perseguirlo? y ¿qué tipo de actividades han generado semejante dineral?
Pero no, el gobierno del PP, tan preocupado él por los 600 euros de RGI, prefiere perdonar a sus amigotes 25.000 millones de euros que tomarse en serio la persecución del delito.
El mensaje es claro: si vas a cometer fraude que sea a lo grande, que ese se perdona. El resto, los asalariados y asalariadas a pagar hasta el último céntimo, que alguien tiene que pagar impuestos, caramba.
Lo peor es que Europa, tan alarmada ella por las cifras de déficit, no le pondrá ni un pero a los planes de Rajoy.