(Europa Press) La magistrada cree que se enmarcan dentro de una estrategia compleja en la que los investigados en la causa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, tenían un "papel esencial" y con la que buscaban poner en marcha la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Catalunya.
Así responde la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 a la solicitud presentada por los imputados Sànchez y Cuixart, presidentes del Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente, de que se inhibiera a favor de los juzgados de instrucción de Barcelona con el argumento de que el delito de sedición no es competencia de la Audiencia Nacional.
Frente a los argumentos de Sànchez y Cuixart de que se les otorga una "hipotética voluntad en los hechos del 20 de septiembre" con la que sustentar la investigación por sedición, la jueza contesta que su decisión de imputarles "parte de una realidad que ya se exponía" en la denuncia de la Fiscalía y que se ha confirmado con los atestados elaborados por la Guardia Civil.
Al margen de la ley
"La finalidad última de las movilizaciones era la de conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes los intervinientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución", indica el auto de la magistrada.
Para ejemplificar esto, Lamela recuerda en el escrito las palabras que pronunciaron Sànchez y Cuixart ante los manifestantes el día 20 de septiembre, instándoles a continuar con la movilización: "El 1 de octubre votaremos; si nos quitan las urnas, las construiremos", dijo el presidente de la ANC. "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa", afirmó el dirigente de Òmnium.
Pero además, la magistrada resalta que "la nueva información obtenida" permite concluir que los hechos ocurridos los citados días "no suponen un hecho aislado como quieren hacer parecer" los investigados, sino que "se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando" Sànchez y Cuixart, "en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Catalunya y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar".
"De esta forma, en la estrategia diseñada, su actividad, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista y que esta movilización fuera de tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos", explica Lamela.
Esta función, añade el auto de la magistrada, "estaría dirigida, entre otros, por las entidades soberanistas ANC presidida por Jordi Sànchez y Òmnium Cultural presidida por Jordi Cuixart".
Cambiar ilegalmente la organización del Estado
Por otra parte, Lamela insiste en su auto en que efectivamente todos los delitos de sedición no se investigan en la Audiencia Nacional, pero en este caso concreto lo que se persigue es cambiar ilegalmente la organización del Estado, tal y como ya apuntó cuando admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía para indagar en los incidentes ocurridos los mencionados días en Catalunya durante los registros en sedes del Gobierno catalán los días previos a la celebración del referéndum de independencia.
Según explica la jueza, los argumentos aportados por las defensas de Sànchez y Cuixart, con jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no desvirtúan los razonamientos" que ya se dieron cuando admitió la denuncia.
"Lejos de ello, lo que vienen a confirmar es la tesis de esta instructora de que no todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente aquellos que, además de atentar contra los bienes jurídicamente protegidos que le son propios, puedan suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno", subraya.