David Bollero escribía el lunes pasado en Público, bajo el título ‘Posos de anarquía’: “La broma de mal gusto de España en el Consejo de DDHH”. España era la elegida ese día miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2018-2020. Su consejo contaba con 47 miembros y acababan de adjudicarse 15 plazas entre las que se encontraba la candidatura de nuestro país. Para el grupo ‘Europa Occidental y otros’ únicamente había dos plazas –España y Australia-, después de que Francia se retirara, al decidir retrasar su ingreso al período 2021-2023. La campaña de España, que ya estuvo en este consejo en 2010-2013, se centró en Derechos Humanos iguales para todos, Democracia y Estado de Derecho, Desarrollo Sostenible y Diálogo, Cooperación y Eficacia.
“¿Por qué Francia retiró su candidatura? –se pregunta Bollero–. Negociación. España y el país galo han llegado a un acuerdo bilateral al estilo de ‘hoy por ti, mañana por mí’, puesto que si Francia apoya en esta votación a nuestro país, éste hará lo propio con nuestros vecinos para 2021-2023… El Comité de DDHH de Naciones Unidas ya ha instado al Gobierno de España, en más de una ocasión, que derogue la Ley de Amnistía de 1977. En especial el Partido Popular (PP), no ha hecho más que poner trabas a las investigaciones y enjuiciamientos de los responsables de los crímenes del franquismo. En esta misma línea, el hecho de que archivos militares sin ninguna trascendencia a nivel de seguridad del Estado continúen clasificados no contribuye a hacer justicia.
“Otro de los puntos negros sobre los que la ONU puso su punto de mira fue la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como Ley Mordaza. Al organismo internacional le inquieta la violación que puede producirse a derechos tan esenciales como la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Una de las mayores críticas a esta ley por parte de la ONU fue su redacción, premeditadamente ambigua para abrir la puerta a todo tipo de abusos. El hecho, además, de que se haya indultado a policías que habían sido condenados por tortura –y hablo de esta misma década– tampoco parece que contribuya a ofrecer una buena imagen de respeto por los DDHH. En esta línea, el Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas pidió a España que investigara la violencia policial ejercida durante el referéndum catalán del 1 de octubre Por si esto no fuera poco, el Gobierno del PP se sacó de la manga, una Ley de Seguridad Privada que, además de invitar a la privatización de la seguridad, dota a los vigilantes de competencias que no deberían corresponder más que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
“Las devoluciones en caliente, por las que recientemente el Tribunal de Estrasburgo condenó a España, son otra mancha negra en el expediente de nuestro país, a lo que es preciso sumar todo lo concerniente a migraciones y refugiados, desde la carnicería de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, los malos tratos en los CIE, las redadas raciales que continúan en nuestras calles (…) Podría continuar con violaciones de DDHH que ha recogido en sus informes, precisamente, quien ahora dará entrada a nuestro país en su Comité de DDHH. Por este motivo, no sólo es un chiste de mal gusto leer en la candidatura de España que somos ‘un país profundamente comprometido con los derechos humanos, tanto en el plano interno como en el de la acción exterior del Estado’, sino que esta candidatura prospere. Ello delata tanto el lamentable estado en que se encuentran los DDHH en el mundo, así como la necesidad urgente, imperiosa, de reforma que precisan unas Naciones Unidas, en estado comatoso por las luchas intestinas de poder”.