La soprano Monserrat Caballé ratificó el marte el acuerdo alcanzado con la Fiscalía por el que reconoce que defraudó medio millón de euros a Hacienda –cantidad que ya ha devuelto– en la declaración de la renta del año 2010. Caballé ratificó ante el juez, en una declaración efectuada desde su casa por videoconferencia y a puerta cerrada, el acuerdo alcanzado con la Fiscalía el pasado año, en el que aceptaba una condena de medio año de prisión y una multa de 254.231 euros por fraude fiscal. Sentada en una silla en el comedor de su casa, Caballé compareció, atendiendo el juez a los deseos de la soprano, que alegó motivos de salud.
La Fiscalía de Delitos Económicos presentaba el año pasado contra ella una causa abierta, en la que le acusaba de no haber presentado ante Hacienda la declaración de la renta de 2010, alegando falsamente que era residente en Andorra, con lo que había eludido tributar por los ingresos obtenidos en sus recitales y grabaciones. Durante ese año, la diva actuó en conciertos en España, Alemania, Suiza, Italia, Lituania, República Checa, Rusia y Ucrania, así como en grabaciones musicales en Moscú, Ginebra y Barcelona, por los que ingresó poco más de dos millones de euros. De ellos, 1,5 millones debían haber integrado la base imponible de la declaración de la renta, una vez deducidos los gastos, ya que 439.612 euros se encontraban exentos de gravamen en España. Pero, según recoge el escrito de conformidad que ella suscribió, figuró formalmente como residente en Andorra “con el deseo de no tributar en la Hacienda Pública española y no ingresar en este organismo público el dinero que le correspondía por este impuesto”.La soprano ya había devuelto con anterioridad los más de 508.000 euros defraudados y el juez ya la citó en dos ocasiones para ratificar el acuerdo: a la primera, no se presentó, alegando problemas de salud, y, a la segunda, tampoco lo hizo ni dio explicaciones; a posteriori, fuentes cercanas a la cantante explicaron que tampoco se encontraba en condiciones de declarar. Finalmente, este martes sí lo ratificaba por videoconferencia y, además, el titular del Juzgado Penal 13 de Barcelona le permitió que la vista oral fuera a puerta cerrada, sin presencia de público ni de la prensa.