Podría decirse, así, que España ha padecido de una “canícula” política, durante el mes de julio, que le ha impedido relajarse y descansar. Entre otros motivos, porque el Governcatalán ha aprovechado el período estival para ofrecer una función teatral, en la que participa todo el elenco de “actores” soberanistas, con la ley elaborada ex profeso para “legitimizar” el referéndum que pretende convocar el próximo 1 de octubre. La representación tenía por objeto “seducir” al público sobre el supuesto derecho a decidir una utópica independencia de Cataluña, aún a costa de quebrantar la ley y la historia. Para ello, invocando una “pureza” democrática que no respetan en los demás, los actores se disfrazan para la ocasión cual víctimas de una España que los explota y aplasta sus singularidades y hasta su identidad, a pesar de que Cataluña es una de las regiones más prósperas del país y tiene reconocido constitucionalmente el catalán como lengua oficial en la Comunidad, junto al castellano. Este pulso catalán al Estado español constituye, en la actualidad, el problema más grave que soporta el país. Y todas las soluciones posibles resultan inquietantes, menos la del diálogo, que ninguna de las partes desea emprender. Así empezaba julio.
Volviendo a nuestro país, Íñigo Errejón, el político con cara de chaval de Podemos, declara en El País, en plena canícula estival y política (16-7-17), que “deberíamos sentirnos orgullosos” de España, y nos insta a sentir un “patriotismo desacomplejado” porque nuestro país es puntero en “avances sociales y democráticos, como el matrimonio igualitario”. Reclama también una mayor “autoestima propia”, ya que los hijos humildes pueden estudiar, cualquier enfermo tiene un hospital al que acudir y otras cosas por el estilo. Hasta habla de Cataluña para reconocerle el “derecho” a decidir su encaje en España. Sus declaraciones daban la sensación de constituir un ataque de sensatez provocado por la insolación, pero…
En Venezuela, ese dolor latinoamericano, se celebró un referéndum promovido por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, en el que de forma masiva se rechazó el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente con el que Maduro pretende modificar la Constitución y perpetuarse en el poder. Fue algo simbólico, pero sirvió para visibilizar una demostración de fuerza contra la deriva totalitaria del Gobierno, enrocado en impedir toda crítica, toda oposición y toda libertad que limite su poder omnímodo. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar: siguió adelante con sus planes y ha desalojado al Parlamento elegido en 2015 con mayoría opositora, ha metido en cárcel a sus miembros más destacados y ha continuado enfrentándose en la calle -donde ha dejado más de 120 muertos y más de cinco mil detenidos-, y en las instituciones a su propio pueblo y contra la opinión pública mundial. ¿Cómo acabará aquello? Mal, me temo.
Pero el acontecimiento del mes, sorprendente por inesperado, ha sido sin duda la muerte de Miguel Blesa, el exdirector de Caja Madrid y Bankia, quien se había suicidado el 19 de julio en su finca de Córdoba, sin que nadie previera sus intenciones. Estaba inmerso en varias causas judiciales por diversos delitos económicos, pero ninguna de ellas hacía adivinar tan trágico desenlace. El exbanquero, auspiciado por el PP a la presidencia de la Caja de Ahorros madrileña y del banco que resultaría de ella, figuraba como imputado en el caso de las tarjetas Black opacas al fisco, el escándalo de las preferentes, los sobresueldos que se repartieron en su consejo de administración y otros delitos fiscales. Poca cosa para un tiburón de las finanzas, pero que ya le había hecho ingresar un breve período en la cárcel.
Con todo, el hecho más importante y trascendental, acaecido bajo los efluvios veraniegos de julio, fue la comparecencia del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en un juzgado, en calidad de testigo, para ser interrogado sobre la financiación ilegal de su partido y los sobres con sobresueldos que se repartían entre los dirigentes de la formación. Era la primera vez en democracia que un presidente en ejercicio es obligado a prestar declaración, a título personal, en una causa penal por la corrupción en los últimos veinte años en su partido. Y como cabía esperar, Rajoy manifestó un desconocimiento absoluto de los asuntos económicos de su formación, aun cuando a lo largo de ese tiempo había desempeñado la dirección de cuatro campañas electorales y había asumido diferentes cargos que le han mantenido como miembro de la comisión ejecutiva que dirige el día a día de la organización. Incluso, él era la persona que había nombrado personalmente a Luis Bárcenas como tesorero-gerente del Partido Popular, cuyos “papeles” contables son el motivo de la pieza separada del caso Gürtel por la que se le hace comparecer como testigo, con la obligación de decir la verdad. Y “su” verdad es que no sabía nada, no conocía nada sobre la trama de corrupción que corroe a su partido, a pesar de que su nombre aparecía más de 25 veces en la contabilidad paralela que elaboraba “su” tesorero, oculta al fisco, y con la que se pagaban sobresueldos a dirigentes políticos, se abonaban gastos electorales y se sufragaban obras de reforma en la sede nacional de la formación, donde Rajoy ocupaba una oficina. No vio, ni escuchó, ni conoció. Y todos le creyeron, incluso cuando afirmó que esos “papeles” eran falsos, aunque su autenticidad y veracidad fueran acreditadas por cinco magistrados de la Audiencia Nacional, tres fiscales anticorrupción y la propia Abogacía del Estado.