En toda Africa, la ciudadanía enfrenta varios conflictos de diversa intensidad. Las estadísticas (ECA 2001) indican que un total de 26 conflictos armados estallaron en Africa entre 1963 y 1998, afectando 474 millones de personas (61 por ciento de la población).
La captura de recursos naturales, en particular minerales, ha sido una de las causas fundamentales de estos conflictos en muchas regiones del continente. En la actualidad, países como la República Democrática de Congo, Sierra Leona, Liberia y Angola, emergen lentamente de conflictos alimentados durante años por disputas sobre recursos minerales.
Además, incidentes causados por oposición comunitaria a proyectos mineros, petroleros, gasíferos, pesqueros o madereros, crecen y se multiplican en Africa. Algunos de estos conflictos son entre grupos étnicos; otros involucran comunidades locales, productores informales y de pequeña escala, corporaciones transnacionales y el Estado.
Muchos de estos conflictos se han tornado violentos y ocasionaron violaciones a los derechos humanos. Hubo instancias en que las comunidades fueron atacadas militarmente por parte del gobierno y las compañías mineras. Algunas de ellas sufrieron la contaminación de aguas, la toma de sus tierras sin adecuada y justa compensación; otras han visto destruirse sus modos de vida.
Los conflictos por la captura de recursos minerales son muchos y variados, pero podrían ser categorizados en tres: por escasez, identitarios y por determinación de derechos.
El temor a, o una real escasez de recursos para la vida, ha sido fuente importante de conflictos relacionados con actividades extractivas. En un nivel comunitario, los conflictos por escasez surgen mayoritariamente de tres tipos de recursos: agua, tierras aptas para cultivo, y productos forestales y no forestales.
Estos recursos renovables generan conflictos entre comunidades y corporaciones transnacionales porque, a pesar de ser fundamentales para la vida, se vuelven escasos rápidamente en áreas afectadas por la minería. Los conflictos identitarios surgen de los movimientos a gran escala generados por planes de traslado y reubicación de poblaciones, la introducción de nuevas actividades económicas, y cambios en las condiciones medioambientales.
Los conflictos por derechos surgen, por su parte, cuando se le niega a la población sus derechos básicos, como el derecho a la información, desarrollo en un medioambiente sano, justa y adecuada participación en los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos, derecho a compensaciones y auto-determinación.
Las promesas de la globalización han sido un estimulante fundamental de aceleradas reformas y captura de recursos en Africa. Por ejemplo, bajo el programa global de ajuste prescripto por el Banco Mundial, se hizo creer a los países africanos ricos en minerales que obtendrían una justa porción de la renta económica por la explotación de esos recursos desregulando y privatizando el sector. En respuesta a este paradigma, muchos países africanos accedieron a reestructurar su minería desregulándola de manera radical, retirando al Estado de su control, mientras que ofrecieron generosos paquetes de incentivos a los inversores. Estos cambios abrieron la puerta a las corporaciones transnacionales para su llegada a los recursos mineros de Africa, resultando en una mayor captura de recursos que provocaron nuevos conflictos entre comunidades, compañías mineras y gobiernos.
Mientras los gobiernos de Africa facilitaron y promovieron procesos de aceleradacaptura de recursos minerales, no fueron capaces de regular a las corporaciones transnacionales para asegurar la protección de sus ciudadanos, el medioambiente y las economías nacionales. Esto es así porque, precisamente, la globalización entendida como proceso, política y marco legal, estimula reformas que profundizan el poder y densidad de las corporaciones transnacionales, al tiempo que debilita las instituciones del Estado y su capacidad de regulación. Muchos países africanos toman parte en este proceso sólo como gestores. A pesar de participar como países soberanos, carecen de capacidad e instrumentos económicos para efectivamente obtener algún beneficio de la globalización, o proteger a sus ciudadanos contra estas realidades. El fracaso de Estado en proveer amparo, se vuelve causa de conflictos por los recursos.
Los gobiernos de Africa deben reflexionar, unirse y reposicionar el continente en el orden económico mundial de manera que les permita obtener beneficios de sus recursos ambientales y minerales. Este reposicionamiento requiere que los gobiernos adopten e implementen políticas y programas que aborden las prioridades y necesidades de desarrollo de la población, al tiempo que se aseguren la diversidad ambiental. Cualquier plan que signifique aumentar la explotación de recursos minerales, mediante inversión doméstica o extranjera, debe guiarse por una visión nacional que maximice los beneficios, minimice los costos ambientales, y asegure una extracción de minerales entendida desde el respeto a los derechos. Quizá, una política minera unificada de acuerdo a marcos regionales que evite las condiciones actuales sea una solución.
Las estructuras democráticas y regulatorias deben estar a la altura de sus responsabilidades. Por ejemplo, instituciones democráticas nacionales como el parlamento deben ser capaces de sostener su autonomía y vetar acuerdos bilaterales de inversión en el sector minero, para asegurar que esos acuerdos se compadezcan con las aspiraciones de la población y una visión de la nación en su conjunto. Una combinación de estos factores recuperará la confianza de la población y ayudará a minimizar los conflictos por la captura de recursos en el continente.
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