Nuestra Constitución cumple hoy 32 años. Aún recuerdo el interés y la expectación que en 1978 se vivía en vísperas del referéndum de su aprobación.
Manifiesto que personalmente voté en blanco, fundamentalmente por haber metido como Jefatura del Estado a la Monarquía y por la estructura autonómica que me parecía poco clara y farragosa, cuyo desarrollo podía ocasionar problemas.
Mis propuestas a estas dos cuestiones eran: referéndum para la aceptación de la Monarquía, y Estado Federal. De la primera ni se habló, pues hasta el Partido Comunista, acató al Rey, en aras, dicen, de conseguir una Constitución democrática. Sobre el federalismo se habló, pero no se pusieron de acuerdo y se optó por una fórmula más engorrosa en la práctica pero con la que los ponentes salían del paso.
La Constitución se aprobó ampliamente y desde luego, fue un paso adelante, aunque fuera a la pata coja, que nos permitía salir de la oscuridad y homologarnos con los países de nuestro entorno.
Hoy, treinta y dos años después, la Constitución Española no ha variado –salvo lo obligado por imperativo europeo— y nos encontramos con una Constitución que tiene grandes déficits democráticos.
Seguimos teniendo una Monarquía hereditaria en la Jefatura del Estado, que no votamos. Seguimos con el lío de la estructura territorial, que entiendo que podría superarse en un Estado Federal donde se asegurase el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos que componen el Estado.
Y lo que lo hace más grave han quedado a la vista otros defectos que difícilmente se vieron en 1978, como son: La injusta y antidemocrática ley electoral (la circunscripción no puede ser la provincia como reza en la Constitución) que permite que unos votos dependiendo desde qué lugar o a qué partido se vota nos aleje alarmantemente del principio democrático, por excelencia: “Una persona, un voto”, y ha consolidado un bipartidismo, como forma de gobierno, donde sólo cabe la alternancia entre los dos grandes partidos con apoyos de algunos de corte autonómico, y desplazando a los otros partidos de carácter nacional más minoritarios, como puede ser Izquierda Unida.
También, ha quedado al descubierto la prescindibilidad de una de las dos cámaras consagradas en la Constitución, como es el Senado, cuya utilidad en nula y que de no recoger funciones verdaderas de estructura territorial, podría perfectamente dejar de existir, sin que la echáramos de menos y además nos permitiría un ahorro considerable.
Y, qué decir de la religión católica, que a pesar de que la Carta Magna habla de estado aconfesional, sigue hoy muy presente en la vida pública y se sufraga con dinero de todos los contribuyentes.
Habría que añadir, a lo anterior, el uso maquiavélico que se está haciendo de nuestra Constitución, donde derechos fundamentales son conculcados día a día, como el del trabajo o el de la vivienda.
Hoy podamos celebrar que hace treinta y dos años pasamos de unas leyes franquistas a una Ley de leyes de corte moderno y europeo. Un paso importante entonces. Una celebración agridulce hoy –más agria que dulce-- porque con el paso del tiempo hemos podido ver que está obsoleta, además de ser injusta e insolidaria en su aplicación democrática.
Casi todos los medios de comunicación y los partidos políticos harán hoy alabanzas a nuestra Constitución, halagándola y bendiciéndola, es lo que toca, lo políticamente correcto, pero resulta que esos mismos, como dice Cayo Lara, son los que la emplean de forma torticera, se la saltan o son incapaces de buscar salidas a estos déficits democráticos que existen.
La Constitución en su artículo 1, punto 2 declara que la soberanía recae en el pueblo. ¿Alguien podría afirmar que en cuestiones económicas son nuestro gobernantes los que han decidido libremente? ¿Acaso no han sido los Mercados los que, en cuestiones económicas, se han apoderado de la soberanía popular sin su consentimiento y con la aquiescencia de nuestro gobierno?
No sólo tiene carencias democráticas, sino que es una Constitución herida y necesita de una intervención urgente. Es necesario que sirva para devolver la ilusión a los ciudadanos, para eso hay que inyectarla también medidas de participación democrática, como facilitar las Iniciativas Legislativas Populares y los referéndums, haciéndoles vinculantes e introducir mecanismos que permitan cuestionar y revocar a los gobiernos desde la soberanía popular, como tienen otras Constituciones más modernas. Y acercar a los representantes del pueblo a sus votantes, hoy viven en una burbuja parlamentaria y parecen ajenos a los problemas reales de nuestra sociedad.
Este traje constitucional está abriéndose por las costuras. Hagamos las reformas necesarias antes de que se rompa en pedazos.
Salud y República