La Constitución representa una dictadura constitucionalista, parlamentaria y partitocrática.

Por muy ufana que se muestre la ralea putativamente llamada “padres de la patria”, hay que volver a recordar la verdad acerca del engaño sobre el que se asienta el actual régimen político, la historia de un crimen nauseabundo: el liberticidio constituyente de la minoría de edad ciudadana.

Los jefes de partido decidieron en secreto hacer una Constitución y ocultar sus trabajos a los diputados y a la prensa para evitar el riesgo de que se debatiera el proyecto antes de que se trenzaran los acuerdos entre Adolfo Suárez y Felipe González. El momento decisivo, monopolizado por Abril Martorell y Alfonso Guerra como únicos poderes constituyentes, lo abrió González cuando confirmó que la reserva republicana del PSOE no era “de verdad” sino pura retórica. Una vez conseguido el acuerdo entre UCD y PSOE resultó muy fácil la aceptación por el pleno de la Cámara. El resultado fue la aprobación de la Constitución que convenía a los partidos devenidos estatales y juancarlistas.

Y, sin embargo, se continúa diciendo que este pacto oligárquico, paternalista y antidemocrático, llamado consenso para salvar la cara de los partidos comparsas, fue un modelo para constituir, sin elecciones a Cortes constituyentes, la democracia,  y  no  lo realmente constituido: la corrupción institucionalizada.

Los fundadores de la República norteamericana, aleccionados por su amarga experiencia con el parlamento británico, comprendieron a tiempo que los enemigos naturales del pueblo, en las democracias, no eran los poderes tradicionales, sino el nuevo poder que los ciudadanos otorgaban a sus representantes políticos. Antes de que comenzara a fraguarse en Europa la nueva clase política representativa, que terminaría por imponer la primacía de sus intereses de poder, los constitucionalistas americanos, especialmente Madison, Hamilton y el propio Jefferson, tomaron sabias precauciones para que el poder de los electores prevaleciera sobre el de los elegidos, el poder electoral sobre el poder electivo.

La Constitución española, procediendo a la inversa, tomó todas las medidas imaginables para impedir que la clase política pueda ser controlada por los ciudadanos. El poder electoral del pueblo está constitucionalmente sometido al poder de hacerse, y de hacer elegir, al poder electivo de unas pocas personas que aprovecharon la situación constituyente para autoconstituirse en oligopolio político, en apoderados permanentes que se hacen pagar coactivamente incluso por los que no votan.

Mauricio Valdés