La Casa Real lleva dos meses negociando con el Gobierno su incorporación a la Ley de Transparencia, y ya están muy avanzadas las conclusiones. Todo indica que la Corona se incorporará a esta Ley en su artículo 2, junto al Congreso, Senado, Tribunal Constitucional y Consejo del Poder Judicial. De este modo la futura norma contemplará la obligación de aplicar los criterios de transparencia atodos los organismos dependientes del Estado y de hacer públicos los contratos de esas administraciones, como pueden ser los de la Casa del Rey cuando dependan de Patrimonio del Estado y sean pagados con fondos públicos.
La complejidad de todo se sitúa en que la Corona no es una administración, y por lo tanto, no está sometida al derecho administrativo. Escollos que, parece ser, dejarán de existir por que así lo ha pedido el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, ante la oposición del Gobierno que se "agarra" al convenio del Consejo de Europa que no obliga a las casas reales a someterse a la Ley de Transparencia.
Buen camino, pues, lleva esta Ley de Transparencia a la que aún le queda pasar el filtro de los partidos políticos...