El presidente de la LFP reconoce que en la Liga española se amañan partidos y nadie indaga ni toma medidas para ponerle coto, mientras que en la política alguno que otro termina en la cárcel
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El nuevo presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha reconocido recientemente que en el fútbol español hay corrupción. Concretamente aseguro: "Se han comprado partidos. Hay una verdad real y una verdad jurídica. En la verdad real, uno es consciente de que existe el amaño, pero en la jurídica hay que demostrarlo". Es decir, los responsables del fútbol español son conscientes de que se compran y se venden partidos y, sin embargo, ¿qué hacen para combatir esta lacra? Y visto lo visto hasta ahora, está claro que nada. El último caso de sospechas de amaño que ha saltado a los medios de comunicación ha sido en el reciente partido de Liga disputado entre el Levante y el Deportivo. El 0-4 logrado por el equipo gallego, que se juega el descenso, ante un conjunto granota ya salvado, ha hecho sospechar a todos. Y las declaraciones del jugador levantino Barkero, acusando a sus compañeros de falta de actitud, ha sido la gota que ha desatado la tormenta. Pero seguro que, a pesar de estas evidencias, los expedientes abiertos por la LFP y el Levante terminarán sin responsables y en el olvido más absoluto. Como ha pasado siempre.
Porque en la Liga española se han producido numerosos casos de denuncias de corrupción. Y ni siquiera en aquellos en los que se presentaron pruebas se detuvo a algún culpable. Así, las grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se contaba que el Hércules amañó su ascenso en la temporada 2009/2010 no tuvieron la más mínima consecuencia. Tampoco las que confirmaban que el Levante y el Athletic habían acordado hacer todo lo posible para permanecer los dos en Primera en el último partido de la campaña 2006/2007. Estos son algunos, pero todas las temporadas suenan tambores de duda cuando se aproxima el final y los equipos se juegan el descenso o el ascenso de categoría. Ni cuando alguno de los implicados ha reconocido su participación en un asunto sucio ha servido para que se investigara en profundidad y se procediera a castigar a los culpables. Esto sucedió en la temporada 2007/2008, cuando el ex jugador del Tenerife Jesuli confesó a Iñaki Badiola, presidente por aquel entonces de la Real Sociedad, que había cobrado 6.000 euros por dejarse ganar por el Málaga, para que el equipo andaluz subiera a Primera. Ni por esas.
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Por eso ha extrañado mucho que el balompié español no apareciera inmiscuido en el asunto más grave de corrupción en el fútbol mundial destapado este año por la Interpol. En él, una red corrupta de apuestas amañó al menos 150 partidos disputados entre 2009 y 2011 en 15 países, entre ellos Austria, Eslovenia, Hungría, Croacia, Holanda, Gran Bretaña, Turquía y Alemania. Las operaciones generaron unos beneficios de ocho millones de euros, y los sobornos pagados a unas 425 personas, entre jugadores, árbitros, jueces de línea y directivos de los clubes, sumaron dos millones. La compra de partidos se extendió por los cinco continentes, afectó a encuentros de ligas nacionales de distintos países, así como a los de la Liga de Campeones y de clasificación para el Mundial. Pero al final, la existencia de más de cien detenidos diferencia esta actuación europea de las que se suelen llevar a cabo en España, donde nunca nadie ha pisado la cárcel por la compra de partidos.
También luce el ejemplo de Italia, donde la todopoderosa Juventus, la Fiorentina y la Lazio fueron sancionados con el descenso a la Segunda División por el amaño de partidos. Además, el club rojinegro fue desposeído de dos títulos de Liga, mientras que también el Milan inició la temporada con 15 puntos menos por estar involucrado en dicho contubernio. Estas ejemplarizantes sanciones en el país de la mafia son impensable, ni siquiera aproximadas, en el de Don Quijote, puesto que ni cuando la LFP ha llevado a la Fiscalía del Estado determinadas denuncias e indicios se ha abierto una investigación en toda regla. La excusa ha sido aducir que, al ser una competición privada, no se puede abrir una actuación de oficio, sino que se necesita una denuncia en toda regla. Y no hace falta decir que ni la Federación Española de Fútbol ni el Consejo Superior de Deportes han sancionado a nadie por estos feos asuntos, y simplemente se han limitado a abrir expedientes informativos con el mismo final: la papelera.
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Es decir, en España no hay nadie interesado en que se conozca hasta dónde está arraigada la corrupción en el fútbol. Posiblemente, ni siquiera las aficiones, que prefieren verlo como un mal menor antes que manchar la razón de ser de su principal tiempo de ocio. Y menos mal que las autoridades políticas recientemente han cambiado la ley y han penalizado expresamente la compra-venta de partidos, porque ahora, por lo menos no se da pie al argumento de que estas acciones impropias no están recogidas expresamente en la legislación. Porque esta norma se ha vuelto imprescindible desde que se legalizó el juego en Internet en España, donde el año pasado se movieron más de 250 millones de euros, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid. Tanto dinero facilita la tentación y los motivos para corromper a los protagonistas, como ha sucedido en Europa.
Todos estos datos inducen a pensar en que la corrupción en el fútbol está menos perseguida que la que se produce en la política, puesto que en la actualidad más de 300 autoridades están imputadas en presuntos casos de corrupción, que se extienden por todo el territorio español y que afectan a todos los niveles de la Administración. Y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno como a dirigentes autonómicos, alcaldes y concejales. De hecho, los conocidos casos Nóos (Urdangarín), Bárcenas, Eres fraudulentos, Gürtel, Palma Arena, Pokemon, Conde Roa, Baltar, Campeón, Palau, ITV o Burgal, entre otros muchos, han conseguido que los españoles sitúen a la corrupción como la segunda preocupación en este país, después del desempleo, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y como escribía recientemente en El País Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), España no es un país corrupto ni por nuestra cultura ni por la falta de legislación, sino por la politización de las instituciones públicas. Habrá que preguntar a este experto si en el fútbol obedece a la misma causa.