Despreciando principios básicos de la democracia, especialmente dos: el de la independencia del poder Judicial y la obligación de jueces y representantes a juzgar y decidir según la conciencia, El País titulaba que "El bloque progresista venció pese a la fuga de Aragón Reyes", como si el fallo del alto tribunal sobre Bildu fuera una competición entre dos partidos políticos, en lugar de un asunto de Justicia.
La confusión y la ignorancia de la izquierda española sobre la democracia y sus reglas es tremenda y escandalosa. Se consideran demócratas, pero violan la democracia y el Estado de Derecho al designar jueces y magistrados desde los partidos políticos, lo que anula la necesaria independencia de la Justicia y la esencia de la democracia, Pero, además, cometen otras atrocidades contra el sistema democrático al pactar contra natura, al margen de la ideología, con partidos políticos opuestos, sin otro fin que mantener el poder; al marginar al ciudadano de todo proceso de toma de decisiones, a pesar de que es el "soberano" del sistema; al entender la "representatividad" de manera antidemocrática, como si los elegidos en las urnas recibieran un "cheque en blanco" de sus electores que les permite hacer todo lo que quieran durante sus mandatos; al convivir con la corrupción extrema; al mentir y manipular de manera reiterada; al "comprar" con dinero público a los medios de comunicación; al utilizar el dinero de todos para comprar votos y al convertir el Estado en un refugio corrupto donde cobran amigos, familiares y enchufados del partido, muchos de ellos sin ni siquiera trabajar.
Al diario "El País" le parece inconcebible que un magistrado vote en coherencia con sus principios y convicciones, lo que demuestra una peligrosa confusión en el "órgano" de la izquierda española y una ignarancia supina de lo que la democracia es y significa.
El diario de PRISA demuestra estar en las antípodas de la democracia porque lo que debería escandalizarle es el alineamiento político de los magistrados y jueces y la vileza antidemocrática de que los partidos políticos designen a los jueces y magistrados de los grandes tribunales de una nación que se autoproclama democrática.