Las principales quejas denunciadas eran las siguientes:
1.- La ausencia de control y de debate reales en el seno de los órganos de dirección de los partidos.
Según “+Democracia”, se constata un elevado incumplimiento de los plazos de reunión de los citados órganos, previstos en sus propios Estatutos. Pero, además, yo apunto otras dos consideraciones. Cuando sí se reúnen tiende a proliferar o la labor de pleitesía al líder -con total ausencia de debate y contraste de ideas, sustituidos por el aplauso y el agasajo a las tesis denominadas “oficialistas”, para de ese modo vender una imagen de unidad y asegurarse un futuro dentro el partido- o, por el contrario, la puesta en práctica de batallas personalistas traducidas en traiciones y zancadillas de todo tipo, alejadas de un deseable debate sosegado y acorde a las políticas, los programas y los conflictos situados en el punto de mira. Sirva como ejemplo el, en palabras de sus propios protagonistas, lamentable espectáculo ofrecido en la última reunión del Comité Federal del PSOE.
2.- Los derechos de los afiliados se reconocen en los Estatutos, pero no existe un sistema eficaz para su defensa.
Se trata de una circunstancia insólita en Europa. Es más, en España las direcciones de los partidos suelen reservarse el derecho a expulsar sumariamente a sus afiliados sin un procedimiento previo garantista. En este sentido, la imposición por parte de los órganos de dirección, tanto de los pactos como de la férrea disciplina de voto, además de atentar contra algunos principios básicos de nuestro modelo constitucional (por ejemplo, el de la prohibición del mandato imperativo de diputados y senadores), tiende a favorecer a los militantes sumisos y obedientes y a castigar a los críticos.
3.- Los sistemas de selección de los candidatos a cargos públicos parten mayoritariamente de los órganos de dirección.
Se producen excepciones en algunos partidos que impulsan el citado sistema entre sus afiliados, pero la regla general es que estos terminen condicionados de una u otra forma por la propia dirección. Denuncia el informe de referencia que el proceso de elaboración de las listas de candidatos se convierte más en una tensa lucha entre quienes pretenden colocar a sus “afines” en los puestos clave que en un procedimiento de elección desarrollado en un clima de libertad y pulcritud.
Con independencia de los concretos resultados de este reciente estudio -que indica que las dos formaciones peor valoradas son el Partido Popular y Convergencia Democrática de Cataluña y las dos mejor puntuadas son Equo y Podemos-, considero que es momento de plantearse de una vez por todas qué modelo de partidos políticos queremos y qué clase de participación ciudadana necesitamos. También si el cargo público debe responder ante la ciudadanía que le ha elegido o ante la organización que le prestó sus siglas en campaña electoral. O, en el caso de responder ante ambas, en qué medida ha de hacerlo. Y, en función de esas respuestas, deberán acometerse una serie de reformas más o menos ambiciosas.
Personalmente, me preocupa asimismo otra cuestión de calado, relacionada con la anterior, si bien desde un diferente planteamiento. Es la que atañe a la formación del ciudadano y a la preparación del votante. Percibo con preocupación que se está fomentando un modelo de militante fiel, negado a la reflexivo y formado, en ocasiones agresivo hacia el adversario y, según convenga, hasta fanático, para forjar sobre ese perfil las decisiones que marcarán el futuro del país. En mi opinión, ni nuestro sistema educativo ni nuestro tejido social potencian en estos ámbitos la generación de un criterio serio y desarrollado de la ciudadanía. Pero conviene no olvidar que, de algún modo, todos tendremos una parte de responsabilidad en el final de esta historia.