( I ) Sobre la caracterización y la “especificidad” de la dictadura uruguaya.
En primer lugar: el carácter cívico-militar o civil-militar del régimen dictatorial uruguayo. Podemos decir que el golpe de Estado en Uruguay no fue, estrictamente, un golpe militar o un “asalto al poder” por las fuerzas armadas, como sucedió en los demás países de la región en que los militares desplazan al gobierno civil e instalan una junta. El golpe de Estado en el Uruguay lo da el propio Presidente constitucional, que con ese acto se convierte de presidente de iure en dictador de facto. Esa continuidad en la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado determina, entre otras cosas, que tampoco se produzcan reconocimientos diplomáticos del régimen instaurado el 27 de junio de 1973 por parte de otros gobiernos del mundo.María del Huerto Amarillo, ha sostenido al respecto que: “A diferencia de los países vecinos, el modelo autoritario en el Uruguay no fue impuesto por las Fuerzas Armadas, sino por un gobierno legítimamente constituido y al amparo de mecanismos constitucionales que lo facilitaban”, sobre todo la recurrencia a la implantación de Medidas Prontas de Seguridad y la declaratoria del “estado de guerra interno”.Volviendo al tema del carácter “cívico” o “civil” del régimen dictatorial, ello también quiere remarcar la participación de civiles como base de apoyo y sostén del funcionamiento regular del aparato administrativo y político del Estado autoritario, tanto a nivel nacional como departamental. Empezando por la continuidad de la mayoría de los integrantes del Gabinete (donde sólo da un paso al costado el Vicepresidente de la República, don Jorge Sapelli, y renuncian cuatro ministros de la Lista “15” del Partido Colorado de gobierno); también hay continuidad en la titularidad del poder local-municipal, a través de la continuidad en sus cargos de todos los Intendentes (salvo el de Rocha). El soporte civil del régimen está determinado, también, por el personal de confianza y los profesionales que van a ocupar los puestos de decanos-interventores en la Universidad de la República o en el Hospital de Clínicas, el Sindicato Médico o en otras ramas de la enseñanza pública y Entes del Estado. De todo este personal civil, destacan funcionarios de confianza actuantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, e informantes del Departamento II (Exterior) del Servicio de Información de Defensa (SID) dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe.Otra característica, es la consolidación gradual del autoritarismo en el ejemplo uruguayo. Carlos Real de Azúa llamaba a este proceso de crisis (que para él comienza en 1958): “endurecimiento graduado”. Ese carácter secuencial o por etapas de la crisis del país también ilustra una serie de “fracasos acumulativos” verificados en tres lustros, entre 1958 y 1973, a pesar de las 4 elecciones nacionales realizadas, la sucesión de 5 administraciones de gobierno y parlamentos electos, la rotación de los dos partidos tradicionales en el poder y la reforma de la Constitución. Nada de eso, fue reaseguro suficiente para evitar la crisis de la democracia y la ruptura institucional.Por tanto, la instalación del autoritarismo en etapas, y no a través de un acto rupturista único, ilustra la gradualidad del proceso de deterioro del sistema democrático. El proceso uruguayo, entre 1968 y 1973, ilustraría lo que, parafraseando a Norberto Bobbio, podríamos llamar el “camino democrático a la dictadura”...(...)En el Uruguay posdictadura se ha tendido a razonar esta crisis institucional atribuyendo a la violencia y existencia de organizaciones armadas que desafían la autoridad de gobiernos legítimos (el de Jorge Pacheco Areco y Juan Ma. Bordaberry) la causa principal de la ruptura institucional. Esos desafíos al monopolio estatal de la violencia será un factor fundamental de crisis y justificación de las acciones punitivas del Estado, pero también puede decirse que, desde noviembre de 1972, con la caída de Raúl Sendic (el fundador del MLN) y el repliegue a Bs. As. de otros grupos de acción directa (caso la OPR “33”), no se verifican en el interior del país enfrentamientos armados importantes con fuerzas estatales. Sin embargo, la continuidad de la lógica represiva del Estado se prolongó por 11 años más bajo la dictadura.En tercer lugar, la resistencia social. Otra de las características específicas del proceso uruguayo comparado con la región, es la resistencia social colectiva que se opuso a la instalación de la dictadura en el país, desde el primer día del golpe de Estado. Aunque no logrará sus objetivos inmediatos, dicha resistencia está ejemplificada con la huelga general de 15 días con ocupación de los lugares de trabajo declarada por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y acompañada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y otras organizaciones populares.En cuarto lugar, el carácter totalitario-disciplinador del régimen: la sociedad vigilada. La Declaración de Fe Democrática, la categorización de ciudadanos en categorías A, B, y C, la suspensión de derechos por 15 años a miles de políticos, el registro de vecindad, las censuras a la prensa y a la cultura, entre muchas otras, son medidas que ilustran el sistema generalizado de control y vigilancia impuesto a la población en su conjunto por la dictadura. A propósito, Alfred Stepan, un estudioso norteamericano de los Estados Burocrático Autoritarios latinoamericanos, compara así las distintas situaciones en la región: “Si estamos estimando el porcentaje de la población asesinada por el Estado en la etapa inmediatamente siguiente a la toma del poder, el Chile del período 1973-1974 se ubica al tope. Si se estima el porcentaje de la población que desapareció como resultado de la acción de múltiples y descentralizadas fuerzas de seguridad, antes y después de la toma del poder, la Argentina del período 1975-1979 se ubica al tope. Si preguntáramos en qué país la principal organización de inteligencia alcanzó el nivel más alto (…) y una institucionalización dentro del aparato estatal, no quedan dudas de que la respuesta es el Brasil. Pero si estuviéramos evaluando el porcentaje de la población que fue detenida, interrogada e intimidada por las fuerzas de seguridad, el Uruguay ocupa el primer lugar (…).Uruguay fue el país de mayor porcentaje en el mundo de presos políticos con relación a su población (cerca de 6.000 presos), aparte de los asesinados políticos (alrededor de 120 personas) y los detenidos-desaparecidos en el país, en Argentina y Paraguay (cerca de 260). También alrededor de 110 mil personas se fueron del país al exilio, entre 1973 y 1977. Y estos no son solo datos estadísticos. Para alcanzar tales escalas de represión, control y expulsión del territorio, el Estado uruguayo debió realizar una enorme labor de información, de inteligencia, “infiltración” y seguimiento a todos los niveles de la sociedad, no sólo públicos. En ese sentido, como dice Stepan, Uruguay: “es el país que más se acerca a experimentar el clima de un estado totalitario, especialmente entre 1975 y 1979”. O como dice Charles Gillespie: “El gobierno burocrático-militar que se instaló en Uruguay después de 1973 tenía el control total del país. El tamaño pequeño del país y la población reducida permitía niveles de vigilancia y control social que alcanzaron los límites más elevados del tipo ideal autoritario. El Estado se introdujo más profundamente en la vida privada de sus habitantes que cualquiera de los regímenes vecinos”. Para Enzo Traverso, “los totalitarismos –en los ejemplos clásicos del estalismo y el nazismo- tienden a suprimir las fronteras entre el Estado y la sociedad. Dicho de otro modo, postulan la absorción de la sociedad civil, hasta su aniquilamiento, en el Estado. (…). En otras palabras, designan el advenimiento del Estado criminal”. Y eso fue la dictadura uruguaya: un Estado criminal.( II ) La periodización de la dictadura
Existe una periodización histórica bastante extendida y aceptada, que fue establecida por Luis Eduardo González, y luego popularizada por Gerardo Caetano y José Rilla en su “Breve historia de la dictadura”.La misma establece tres etapas:1) La etapa de la dictadura “comisarial”, entre 1973 y 1976;2) la etapa del “ensayo fundacional”, entre 1976 y 1980 y3) la etapa de la dictadura “transaccional”, entre 1980 y 1985.Los contenidos más relevantes dentro de cada una de las etapas serían los siguientes:1) La etapa comisarial retoma el nombre de una clasificación de Karl Schmitt para enfatizar la tarea de “poner la casa en orden”, es decir, cumplir las funciones primarias de asegurar el orden público, ya no sólo orientando la represión contra los tupamaros y demás organizaciones de izquierda que reivindicaban la lucha armada sino contra el movimiento sindical y estudiantil, las organizaciones de la izquierda legal, la libertad de prensa y contra algunos sectores y líderes de los partidos tradicionales, especialmente, el sector de “Por la Patria” y su líder emblemático, Wilson Ferreira Aldunate.Pero también lo clasificación de comisarial quiere significar el carácter transitorio con que, aparentemente, fue pensada la decisión del golpe de Estado y la instauración de una dictadura en el país en esta etapa inicial. Ante la situación “excepcional” de caos social sesentista una salida política transitoria o de “emergencia” que restableciera el orden y se extendiera, por lo menos, hasta las elecciones a realizarse en 1976. Pero esto cambiará drásticamente a partir de 1975.2) La segunda etapa, el ensayo fundacional, se inicia luego de la crisis política y la destitución por los militares del dictador Juan María Bordaberry, el 12 de junio de 1976 y la suspensión de las elecciones previstas para noviembre de ese año. Luego del breve interinato del Dr. Alberto Demichelli, con la unción como dictador de Aparicio Méndez, un ex dirigente del Partido Nacional, a través de la aprobación de los Actos Institucionales (desde junio de 1976) y tras los primeros esbozos en público del “plan político” de las Fuerzas Armadas, puede decirse que los objetivos del régimen comienzan a pasar por la construcción de un nuevo y duradero orden político, como dice Luis Eduardo González, algo similar a una “democradura”, en términos de Philippe Schmitter o, si se prefiere, una “democracia tutelada”.Hagamos dos aclaraciones importantes antes de continuar: a) se ha intentado caracterizar a las dictaduras de la región a partir del corte entre “conservadoras” y “fundacionales”, atendiendo a si las mismas cumplieron la función meramente represiva de conservar el statu quo o si, además, impulsaron reformas modernizadoras, aperturistas y liberalizadoras de la economía, del Estado, las relaciones laborales y la legislación social. En el caso de Uruguay, se habla más de “ensayo fundacional” que de dictadura “fundacional”, queriendo enfatizar que la misma tuvo más un carácter represivo-conservador que innovador-modernizador, mientras que en Chile, por ejemplo, se habla más de dictadura fundacional; b) El segundo hecho a señalar es que, si bien esta etapa que va entre 1975 y 1980 contempla objetivos fundacionales, la dictadura igualmente incrementó en el período su función represivo-comisarial, dado que entre fines de 1975 y 1978, como veremos, se concentraron los mayores crímenes del terrorismo de Estado.3) La etapa transicional que va de noviembre de 1980 a marzo de 1985. En ella, la dictadura buscó el apoyo de la ciudadanía para legitimar el régimen a través de plebiscitar su constitución. Su derrota en el plebiscito de noviembre de 1980, así como el reconocimiento de dicha derrota por los militares, abrió la tercera etapa. Esta etapa transicional, en líneas generales, fue una liberalización pactada del régimen en la que los partidos políticos y la sociedad civil retomaron un rol protagónico y, con marchas y contramarchas en las negociaciones entre políticos y militares, finalmente, se llegó a una apertura democrática, a elecciones con proscripciones, en noviembre de 1984.
( III ) La dictadura como régimen político-estatal.
b) La represión. Como hemos dicho, una de las características distintivas de las dictaduras instaladas en el Cono Sur de América Latina en los años ’60 y ’70 del siglo pasado es la represión a gran escala, el carácter masivo y serial de la misma, dirigida a grandes colectivos humanos y a la vigilancia de la población en su conjunto. La autodenominada para el Estado “guerra interna”, define un tipo particular de guerra que el mismo Estado declara a sectores particularizados, estigmatizados y penalizados dentro de la propia sociedad uruguaya, es decir, “hermanos de sangre”, conciudadanos que pasan a ser considerados como “enemigos internos”.La identificación del “enemigo interno” como “delincuente común”, tiende a equiparar la guerra contra la subversión a la “lucha contra el hampa”. Y, a través de ello, borrar los parámetros convencionales y hasta éticos del enfrentamiento bélico convencional. Esta “policialización” de la guerra y de las funciones de las Fuerzas Armadas permite la transformación de la “guerra interna” en “guerra sucia” (sobre todo entre fines de 1975 y 1978), la segunda etapa o transformación del régimen en verdadero “terrorismo de Estado”. Por eso mismo, entre otros indicadores, el gobierno uruguayo de la época no respetará las Convenciones internacionales de Ginebra que había firmado para el tratamiento de prisioneros de guerra, a quienes trata como simples delincuentes comunes.La represión se desenvuelve ininterrumpidamente entre 1973 y 1985, pero es avanzada por la represión desplegada por el Estado uruguayo en los años ’60 y principios de los ’70, bajo medidas prontas de seguridad, militarización de obreros, bancarios y funcionarios públicos y hasta suspensión temporaria de garantías individuales. Entre 1973 y 1974, el eje represivo es el movimiento sindical nucleado en la CNT, que había organizado la huelga general y continuaba con la campaña por la reafiliación sindical. En 1974 hay una importante represión a miembros del MLN que habían reingresado a Uruguay, y también en Buenos Aires. Desde el 20 de octubre de 1975 y hasta marzo de 1976, se desarrolla la Operación “300 Carlos”, la detención de más de 300 integrantes del Partido Comunista y la Unión de la Juventud Comunista en el centro clandestino de reclusión conocido como la “Casa de Punta Gorda” o “Infierno Chico”, en Rambla República de México, y en los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército, a los fondos del Batallón Nº 13.Desde abril, y particularmente entre junio-julio de 1976, tiene lugar la represión en Buenos Aires y en el centro clandestino de reclusión “Automotoras Orletti” del Partido por la Victoria del Pueblo; en setiembre-diciembre del mismo año transcurre la segunda oleada contra el PVP. Aquí debemos considerar la desaparición de más de 22 militantes, traídos desde Argentina en forma clandestina en el llamado “Segundo vuelo”, sin poderse determinar aún su destino final. También en el año 1976 se producirá el secuestro y muerte de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires así como del matrimonio integrado por los ex miembros del MLN (tendencia “Nuevo Tiempo”): Rosario Barredo y William Whitelaw y, un día antes, la desaparición del dirigente comunista, Dr. Manuel Liberoff. También 1976 será el año de la aparición de más de 20 cadáveres mutilados en distintos puntos de la costa uruguaya; la detención, secuestro en la Embajada de Venezuela y desaparición de la maestra Elena Quinteros así como el secuestro, traslado desde Buenos Aires y desaparición de María Claudia García de Gelman, y apropiación de su hija recién nacida Macarena.El año 1977 es la ofensiva represiva con su secuela de desaparecidos contra los Grupos de Acción Unificadora (GAU) en Montevideo y Buenos Aires y, en esta última ciudad, también contra los integrantes de las Agrupaciones de Militantes Socialistas, del MLN, y del Partido Comunista Revolucionario, integrantes de la Unión Artiguista de Liberación (UAL). En 1979, 1981-1982 y 1983, se sucederán oleadas represivas contra el Partido Comunista y la Unión de la Juventud Comunista, así como contra dirigentes del Plenario Intersindical de los Trabajadores (PIT); también contra el Partido Nacional, especialmente contra su grupo mayoritario “Por la Patria” y su líder Wilson Ferreira Aldunate, encarcelado en un cuartel cuando regresa al país desde Buenos Aires.Fuente: http://www.anep.edu.uy/historia/clases/clase27_2/programa_c27_1.html
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