Tal y como han acreditado diferentes portavoces en el Faro de la Economía Social que organiza FECOMA, las cooperativas son capaces de construir vivienda, con las mismas calidades, o superiores, a un precio hasta en un 20% inferior al de los promotores convencionales. Basta con que las administraciones inicien un diálogo fluido. El año 2025, declarado el Año Internacional de las Cooperativas, puede ser un excelente punto de partida para comenzar a dar sus frutos
El faro de la Economía de finales de noviembre se ha dedicado a un tema de gran actualidad: la vivienda y, en concreto, a la respuesta que aportan las cooperativas madrileñas ante el reto que supone el acceso a la vivienda.
En esta ocasión, el faro se inició con una interesante reflexión del presidente de FECOMA, Carlos de la Higuera. «Hemos llegado a una situación complicada, en la que la vivienda se está convirtiendo, fundamentalmente, en un activo financiero y que, por lo tanto, no cumple la función que desde tiempo inmemorial ha cumplido», recalcó, para dar pie a las soluciones que, en este sentido puede aportar la Economía Social, y, al mismo tiempo, para poner de manifiesto «la tarea que encomendamos a las administraciones».
Uno de los ponentes fue Juan Casares, presidente de la Federación de Cooperativas y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Casares puso el acento en la importancia de escuchar a los profesionales del sector. «¿Cómo se puede intentar paliar el problema del acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid y en toda España? Escuchando. Si la administración escuchara más a los agentes sociales, si escuchara más a CONCOVI, y a otros grandes profesionales que trabajan en entidades sin ánimo de lucro con una trayectoria impecable en toda España, se podrían encontrar soluciones directas e inmediatas para poner en marcha las viviendas que tendremos que entregar dentro de tres o cuatro años, para poner vivienda asequible en el mercado».
Casares recordó que CONVOVI, desde la Federación de Madrid, pone al servicio de la administración su experiencia de más de dos millones y medio de viviendas entregadas en toda España para que la administración ponga a disposición de la Economía Social suelo público y legisle normativa y fiscalidad para permitir el acceso a la vivienda con mayor facilidad. «Las cooperativas podemos convertirnos en el mayor aliado de los promotores públicos, y por supuesto, de la administración», recalcó.
Casares recordó que la principal ventaja de la promoción de viviendas en régimen de cooperativa es la más obvia, «aunque para mí no sea la más importante», como es el ahorro económico. «Los beneficios industriales que un promotor tiene, legítimamente, que aplicarle a su inversión, no son necesarios en la cooperativa. El balance de la cuenta de resultados de una cooperativa es cero, y, por tanto, una vivienda construida por un colectivo social, autopromovida por una cooperativa, se pone en el mercado con la misma memoria de calidades, o incluso mejor, con un 20% por debajo del precio de mercado», señaló.
Casares hizo alusión a que 2025, declarado el Año Internacional de las Cooperativas, «debería ser nuestro año, aunque solo sea por el clamor popular y la crisis de la vivienda en la que hoy nos vemos». Y es que el acceso a la vivienda ha pasado a ser uno de los principales problemas de las familias y de los jóvenes españoles. En España, se crean más de 300.000 nuevos hogares anualmente, y solo se construyen 60.000 viviendas. «¿Dónde queda el resto? ¿Qué estamos haciendo para mejorar el acceso a la vivienda? ¿Qué se está legislando? ¿Qué se está hablando en Europa? ¿Por qué no se legisla una fiscalidad adecuada? ¿Por qué no se reduce el IVA? ¿Por qué no se pone suelo público, que hay muchísimo, a disposición del movimiento cooperativo? Espero que 2025 sea el año en el que reflexionen todos aquellos de quien depende esta toma de decisiones para que dejen actuar a la Economía Social para aportar soluciones al problema de la vivienda», terminó.
Por su parte, Iván Blanco, presidente de la Unión Gallega de Cooperativas de Viviendas, explicó que el problema de la vivienda en Galicia es similar al de la Comunidad de Madrid. «Tanto el precio de venta como del alquiler de vivienda están por las nubes, fuera de la capacidad adquisitiva de los gallegos, donde los salarios son definitivamente más bajos», explicó. El incremento de costes de construcción y de la mano de obra hace que el precio final de la vivienda tenga unos valores muy difíciles de reducir. Por todo ello, según explicó Blanco, «en Galicia trabajamos en varias líneas: vivienda en propiedad y vivienda en alquiler, intentando facilitar el acceso con ayudas directas desde la administración autonómica a la compra y fundamentalmente fomentando el alquiler, que es lo que está más de moda, en diferentes formatos».
Como Casares, Blanco recalcó que las cooperativas pueden hacer exactamente lo mismo que una sociedad mercantil, pero a estricto precio de coste. «Los ingresos son igual a los gastos, y, por lo tanto, te ahorras el beneficio del promotor al tiempo que formas parte de algunas de las decisiones clave del proyecto».
También intervino Javier de Osma, director del Registro de Demandantes de Vivienda de CONCOVI, cuya principal actividad es la de canalizar la demanda de personas interesadas en adquirir una vivienda en una zona determinada, cruzándola con la oferta de suelo que existe en los municipios correspondientes. «El cruce entre oferta y demanda nos aporta un valor competitivo con respecto al sector inmobiliario tradicional, porque nuestra filosofía de promoción es a través de las sociedades cooperativas, es decir, ofreciendo viviendas a precio de coste, y esa es una ventaja sustancial», coincidió con los otros dos ponentes. De Osma recalcó también que, tener canalizada la demanda, desde el inicio del proyecto inmobiliario, permite no solamente participar en él, sino también abaratar costes y tiempos, y que se puedan poner en carga, de una manera sustancialmente más ventajosa, viviendas en el mercado.
A día de hoy, el registro de demandantes de vivienda de CONCOVI, con más de 200.000 inscritos, es el más grande de España, puede aportar soluciones, con ajuste de costes, al problema de la vivienda, y además va a permitir, a través de las nuevas incorporaciones de sociedades o departamentos dentro del propio Registro acercar el mercado del sector inmobiliario a la ciudadanía, reinvirtiendo en ellos parte sustancial de lo que son los beneficios del sector promoción. «Si los ciudadanos quieren solucionar el problema de la vivienda, hay que canalizarlo, y agruparlo. Tiene que ser a través de entidades sin ánimo de lucro, como las cooperativas, pero con capacidad ejecutiva. Y en eso estamos trabajando», aportó De Osma.
Fuente Comunicae