Por todo ello me asaltan más preguntas que respuestas:
- ¿Qué entendemos por derechos de la ciudadanía?
- ¿Son los mismos que aparecen en las constituciones de muchos de nuestros países o quedan fuera algunos que se han ido añadiendo con el paso del tiempo?
- ¿Cómo se decide cuáles son los más fundamentales? ¿Y quién lo dictamina? ¿Nos centramos sólo en aquellos más ligados a la propia supervivencia?
- ¿Qué implica ser garantes de estos derechos?
- ¿Qué otras profesiones deben ir de la mano junto a nosotros/as en esta función? ¿Entendemos que los estamentos políticos tienen mucho que decir y hacer?
- ¿Estamos preparados/as, formados/as para realizar esta labor?
- ¿Tenemos las herramientas suficientes para llevarla a cabo?
- ...
"Este concepto de ciudadanía está ligado al Derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, y que permite la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la consecuente administración a través del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos de forma indirecta". Significado de ciudadanía
Entonces, ¿dónde quedan los derechos de los refugiados, de los inmigrantes, de los que salen de su zona de confort para arriesgar su vida en busca de un futuro mejor? ¿Existen los ciudadanos de primera y los de segunda? ¿Somos conscientes que, según esa definición, existen personas que no son ciudadanos y que por tanto su voz no es escuchada ni se ve reflejada en los estamentos del gobierno? ¿Cómo podemos defender y amparar sus derechos cuando están en "tierra de nadie"?
En estos casos nuestra labor (y la de muchos otros profesionales) se centra en cubrir necesidades básicas de supervivencia y dejar de lado, quizás, algunos de esos derechos más ligados a la participación ciudadana. Y vuelven a surgir las dudas... ¿Es suficiente con eso? Y las nuevas generaciones que nacen en esta situación, ¿estarán toda la vida sin ser ciudadanos de pleno derecho? ¿Implica que habrá siempre una bolsa importante de personas ajenas a la participación política de sus lugares de residencia? ¿Qué consecuencias sociales se derivan? ¿En algún momento se regularizará esta situación?
A continuación dejo un pequeño vídeo de cómo estas cuestiones también son debatidas en una clase de filosofía de un colegio de Madrid:
Nos queda por delante una ardua tarea en defensa de esas personas y de sus derechos. Como profesionales de lo social debemos luchar por la igualdad de todos y todas y que el concepto ciudadanía esté presente, de verdad, en cada uno de los individuos. Por suerte no estamos solos frente a tan titánico objetivo; hacen falta muchos brazos y mucha fuerza para conseguir lo que se supone que debería ser un derecho innegable e inherente al ser humano : la plena ciudadanía.