El sábado 26 de abril de 1986 se produjo en la central nuclear conmemorativa Vladímir Ilich Lenin la mayor catástrofe nuclear de la Historia. No fue hasta pasados tres días cuando se comenzaron a conocer detalles gracias a una denuncia de las autoridades suecas, que registraron una elevada actividad radiactiva en el aire proveniente de la zona. La URSS ocultó el tiempo que pudo el desastre mientras gestionaba la crisis.
Más de 30 años después, Rusia está concluyendo la construcción de una nueva central nuclear en Astravets (Bielorrusia), muy próxima con la frontera lituana. Lo que desde el lado bielorruso se ha presentado como una iniciativa para alcanzar una mayor autonomía energética desde la óptica báltica y europea implica un grave riesgo, habida cuenta de la incertidumbre que supone la insuficiente transparencia en cuanto a cómo se están desarrollando las obras y la convicción de que se trata de un claro movimiento ruso para robustecer su posición en la región.
Chernóbil, precedente no disuasorio
El 1 de mayo de 1986 todo estaba listo en varias ciudades ucranianas y bielorrusas para celebrar el Día del Trabajo, una de las fiestas más populares durante la época soviética. Día festivo, calles abarrotadas, banderas y globos… el paisaje habitual. Solo una salvedad ese año: el sospechoso vacío en el palco de autoridades. Tuvo que pasar más de una semana hasta que la aviso llegara a la población de las localidades afectadas por el desastre nuclear.
A pesar de que la central de Chernóbil estaba ubicada en suelo ucraniano, la radiación afectó principalmente al país vecino, Bielorrusia. El accidente paró la construcción de una nueva central prevista en terreno bielorruso para ese mismo año. Ahora está a punto de finalizar un ambicioso plan liderado por el presidente Aleksandr Lukashenko, quien cuenta con la estrecha colaboración rusa.
La comunidad internacional, contra la central nuclear
El proyecto ha estado envuelto en una fuerte polémica desde el principio. Para empezar, Astravets está en una zona sísmica; la propia Academia Nacional de las Ciencias apuntó en 1993 que la zona era inadecuada debido a los temblores. Dos terremotos pequeños se registraron en 1987 y se tiene constancia de otros en los años 1887, 1893, 1896 y 1908 de entre cinco y siete en la escala de Richter. Las críticas en el país incluyen a relevantes personajes públicos, como la ganadora del premio Nobel de Literatura de 2015, Svetlana Aleksiévich, quien ha calificado el proyecto como un “crimen”.
También ha alzado su voz contra el plan el Consejo de Europa, que en una sesión parlamentaria del 27 de junio de 2017 recomendó suspender su construcción debido a “numerosas violaciones, la falta de respeto de las normas internacionales de seguridad nuclear y graves violaciones de seguridad sumados a los principales incidentes durante la construcción de esta planta”. El órgano concluía que “la construcción de la central nuclear Astravets tendría un impacto devastador en la salud y la seguridad de la mayor parte de Europa y su población”.
Razones geológicas, medioambientales y de seguridad aparte, el Gobierno de Minsk también ignoró las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que alertaba de la cercanía de núcleos urbanos altamente poblados. Las advertencias dictaban respetar un perímetro de cien kilómetros, recomendación que cobró más sentido después de la tragedia de Fukushima en 2011.
Por encima de todos los críticos, destaca el país que más riesgo corre, Lituania, cuya capital se encuentra a menos de 50 kilómetros. Vilna cuenta con más de medio millón de habitantes, lo que supone más de una sexta parte del país. Asimismo, alrededor del 30% de la población lituana vive en un radio de cien kilómetros de la central, mientras que en el caso bielorruso la densidad dentro del perímetro desciende al 5%. El Gobierno lituano, presidido por Dalia Grybauskaitė, lleva tiempo llamando la atención sobre el asunto y ejerciendo presión en las instituciones europeas de manera conjunta con los otros dos países bálticos, Estonia y Letonia, y el resto de países que forman la región del mar Báltico en un claro intento de internacionalizar el asunto.
A tal efecto, el Parlamento lituano aprobó el pasado mes de abril una ley que prohíbe la compra de electricidad generada a partir de una central eléctrica de un tercer país que se construya u opere en violación de los requisitos internacionales de seguridad ambiental y nuclear. Esta medida supone un fuerte contratiempo para las aspiraciones del proyecto, ya que estaba previsto que un reactor generase energía para el mercado interior y otro, para ser importada, principalmente en el mercado europeo. Sumadas a esta ley, dos medidas: la aprobación de otra ley por la que se declara la futura central nuclear un desafío para la seguridad nacional del país y el acuerdo entre el propio país, Estonia y Letonia para vincular sus sistemas de energía a otros miembros de la UE y, de esa forma, desconectarse de la red eléctrica de la era soviética.
“Daños razonables”
La seguridad es uno de los asuntos más delicados, especialmente debido a la estrategia de comunicación desplegada por el Gobierno bielorruso. La opacidad a la hora de informar detalladamente de lo que sucede llevó a ocultar un incidente ocurrido el 26 de julio de 2016 cuando un reactor de 330 toneladas cayó desde una altura de unos dos metros cuando era trasladado. Dos semanas pasaron hasta que desde el Ministerio de Energía revelaron que se había producido “una situación de emergencia”, lo cual aumentaba las dudas y la desconfianza. En abril del mismo año, medios locales habían advertido sobre un percance que en primera instancia se negó para, finalmente, admitir un mes después que sí sucedió y que había sido solucionado. Desde que comenzaron las obras, se tiene constancia del fallecimiento de tres personas, un “daño razonable” habida cuenta de la magnitud del proyecto, según fuentes ministeriales.
Lukashenko no creyó conveniente pronunciarse al respecto en ningún momento. Permaneció en un discreto y estudiado segundo plano; pareciera que las críticas no consiguen disuadirlo. Las analogías entre la URSS y Bielorrusia a la hora de informar tarde, con trabas y de manera insuficiente no serían llamativas si no fuera porque el primero era un Estado totalitario y el segundo, un país que aspira a convertirse en una democracia propia del siglo XXI. Este objetivo se ve retrasado notablemente cada vez que interviene Rusia. Lukashenko mantiene un complejo equilibrio entre su fiel lealtad a Rusia, socio indispensable y país hermano, y la Unión Europa, a quien ve como garante de un modelo al que aspira. Entremedias, los movimientos del Kremlin, como los recientes ejercicios militares Zapad realizados de manera conjunta en territorio bielorruso, y las exigencias de la UE a la hora de reconocer derechos y libertades a sus ciudadanos.
Infinita generosidad rusa
A pesar de que Bielorrusia cuenta con un plan estratégico para el período 2011-2020 en el que aspira a adquirir mayor independencia energética respecto a Rusia, la participación rusa está siendo tan activa que existe la duda de si es un proyecto exclusivamente suyo. Rosatom, una de las empresas públicas encargadas de administrar los tres recursos básicos del país —las otras son Gazprom, encargada del gas, y Rosneft, gestora del petróleo—, a través de su empresa Atomstroyexport, encargada de las operaciones en el exterior, ganó un concurso público para construir dos reactores, cuyas obras comenzaron en mayo de 2014 y con una previsión de estar acabados para 2019 y 2020, respectivamente. Astravets fue elegido como emplazamiento en una terna de ciudades que incluía a otras dos de la región de Maguilov, en el este del país y fronteriza con Rusia.
Después de varios acuerdos, modificaciones y revisiones del gasto, se acordó que Rusia financiaría el 90% de la operación. Tratándose de un país inexperto en cuestiones nucleares, la asistencia incluye personal cualificado y mano de obra junto a apoyo en áreas logísticas y tecnológicas. Las cifras que se manejan en cuanto a los beneficios que supondría económicamente la planta para Bielorrusia vaticinan que la demanda de gas se reduciría un tercio, del 80% de 2009 al 55% en 2020, siempre teniendo en cuenta que el precio que pagan está por debajo del que marca el mercado como gesto protector del Kremlin para con los países aliados.
Expuestas estas cifras, hay que tener en cuenta que Bielorrusia seguiría de facto comprando energía a Rusia; por lo tanto, se trata de sustituir una dependencia por otra: una autonomía ficticia. Rusia, pensando en clave de seguridad y para minimizar riesgos, podría desplegar tropas, lo que supondría militarizar una frontera que ya cuenta con un despliegue de efectivos de la OTAN dentro de la operación Presencia Avanzada Reforzada (Enhanced Forward Presence, en inglés). Existen dudas fundadas sobre la retirada de la totalidad de los efectivos rusos empleados en los ejercicios militares Zapad; esta podría ser una excelente oportunidad para sacarlos a la luz.
Homologación internacional
Una misión de la OIEA visitó las instalaciones en enero de 2017. En el informe posterior señalaron que “se han tomado las medidas apropiadas para establecer los parámetros necesarios en una central de energía nuclear para protegerla contra el peor suceso externo posible”. También se indicaba que la central cumplía con las medidas para prevenir riesgos externos tales como terremotos, inundaciones y condiciones climáticas extremas, además de los posibles errores humanos. Paralelamente a esta visita, el país ha negado inspecciones de Lituania, con lo que incumple lo acordado en las convenciones de Aarhus y Espoo, que garantizaban pruebas medioambientales transfronterizas y una amplia supervisión pública.
Sí que se han seguido los principios del organismo dependiente de las Naciones Unidas a la hora de gestionar los desechos radiactivos: los desechos de alto nivel se almacenarán cerca de la planta durante toda su vida —aunque el combustible usado se devuelve a Rusia para su reprocesamiento—, mientras que los residuos de niveles bajo e intermedio se almacenarán en la zona durante un máximo de diez años antes de ser enviados a un cementerio nuclear.
La flexibilidad de Lukashenko
Nadie es tan inocente como para ignorar que la ubicación de la central nuclear ha sido elegida por criterios geopolíticos más que por criterios técnicos. Una instalación de esas características, independientemente de lo sucedido en Chernóbil, puede ser interpretada como una provocación o un signo de fortaleza.
Desde el prisma ruso, el ingreso de los países bálticos en la OTAN hace ya 13 años debilitó su liderazgo regional; de ahí que el Kremlin haga uso de sus abundantes recursos energéticos como brazo desarmado de su política de expansión. Ahora, con la creación de la central nuclear en Astravets, Rusia obtiene tres claros logros: una posición predominante sobre el mercado del país, convertirse en actor principal dentro de la política energética bielorrusa y recordar a la UE y la comunidad internacional que sigue manteniendo el vigor suficiente como para ser incluida en la toma de decisiones.
Desde el ángulo báltico y, más particularmente, lituano, se observa con temor una nueva alianza entre Rusia y Bielorrusia; con el enclave de Kaliningrado en el flanco occidental, esto supondría una escalada de tensión en una zona ya de por sí bajo mucho estrés.
Entremedias de la tensión, Bielorrusia. Lukashenko, en el poder desde antes que Putin, no parece un ejemplo de gobernante tierno. Juega sus cartas dividiendo sus afectos entre los dos polos, abriendo y cerrando la mano para no perder el control de una región con más peso geopolítico que el que cabría esperar, aunque no debe de perder de vista que todo cuerpo tiene una resistencia.
Y, en medio de todo este juego, una población que probablemente no esté afectada por la suave amnesia que sí perjudica a unos dirigentes, quienes parecen no recordar que el 70% de los residuos vertidos en el desastre de 1986 acabaron en su territorio.
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