A partir del 1 de enero de 2012 los ciudadanos catalanes (aquellos que lo deseen) ya no podrán disfrutar de espectáculos taurinos. Lo ha dictaminado el Parlamento catalán (68 a favor, 55 en contra y 9 abstenciones), dando la razón a la Iniciativa Legislativa Popular (apoyada por la plataforma Prou!). 132 votos deciden si una costumbre popular, más o menos arraigada en el imaginario colectivo, debe continuar o no. Una situación de esta naturaleza parece cuando menos inquietante, ya que abre la veda a que las instituciones políticas puedan dirimir en contiendas culturales, teniendo absoluta potestad para impedir que unas se prodiguen sin cotos (es el caso del 'correbous', una variante taurina de arraigo catalán) y otras acaben como un mero anecdotario en los libros de Historia. Aquí lo que huele mal no es tanto el debate abierto entre taurófilos y taurófobos (contra gustos, no hay disputa), sino la peligrosa politización de la cultura que supone abolir ciertas costumbres sin contar con la variedad cultural de la ciudadanía que las apoya o las rechaza.
La decisión del Parlament es una flagrante intromisión en la libertad que posee todo ciudadano de darse a sí mismo, sin intromisiones externas, sus propias costumbres, siempre y cuando éstas no atenten contra la libertad de otros ciudadanos o vulneren derechos fundamentales (del ser humano, no de los animales). Aquellos que defienden el argumento de la crueldad hacia el animal intentan poner en segundo plano los derechos del ciudadano frente a lo que ellos consideran un acto de sadismo entre especies, un debate que a todas luces en referéndum perdería el apoyo popular de la ciudadanía. Nadie estaría dispuesto a sacrificar sus costumbres por el solo hecho de apoyar unos argumentos morales ya de por sí cuestionables. En cualquier caso, el respeto a la libertad moral del individuo debe prevalecer, a no ser que vulnere libertades o derechos ajenos. La imposición de determinados criterios morales, haciendo uso de vehículos políticos, es un peligroso ejercicio de autoritarismo y en ningún caso representa a la voluntad general. La ciudadanía la forman individuos de moral y costumbres diversas. El señor Leonardo Anselmi, representante del Prou, grupo que ha impulsado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), es un vegetariano practicante, no come ningún alimento de origen animal. Sin embargo, esta actitud o costumbre debe ser entendida y respetada como un derecho individual. Sería intolerable aceptar que el citado parlamentario impusiera (además de su rechazo a las corridas de toros) una Cataluña vegetariana, pese a que la mayoría de sus ciudadanos ya lo fueran de hecho.
El argumento que apela a una moral incruenta debería ser objeto de debate educativo y no parlamentario. Educar a la ciudadanía hacia la adquisición de una sensibilidad empática con los animales quizá un día restara admiradores de la fiesta taurina (tanto de la corrida nacional clásica como de otras fiestas afines como el 'bou embolat' de fuego catalán, el embolado o el 'bous al carrer' valenciano, el toro enmaromado de Benavente, los encierros de San Fermín o de Ciudad Rodrigo, el 'bous a la Mar' de Denia, etcétera, etcétera). Debe ser esa sensibilidad popular la que determine el arraigo o no de las costumbres ciudadanas. Legislar sobre ellas viene a ser a la larga un signo del debilitamiento de nuestra libertad y nuestra capacidad de tolerancia.
Por otro lado, el argumento identitario ha presidido parte de este debate parlamentario. Ni qué decir que apoyarse en razones de identidad para prohibir una costumbre o tradición es a priori un argumento 'ad baculum' imperdonable, común en aquellos políticos que intentan convertir a Cataluña en un parque monotemático, obviando la riqueza cultural de su ciudadanía. Más aún, con esta decisión el Parlament no hace sino ahondar en las discrepancias que separan a sus ciudadanos, reproduciendo exponencialmente las divisiones entre catalanistas y españolistas, e impidiendo con ello un entendimiento sano y tolerante. Prohibir la fiesta taurina en Cataluña hace mucho más daño que aquel que intenta evitar.
Los datos indican que las corridas de toros en Cataluña poseen un apoyo popular débil. Algunos han visto en esta circunstancia un argumento coherente para terminar por darle la estocada a la fiesta. Sin embargo, ¿no merece igual respeto una costumbre popular mayoritaria que una que secunden sólo un puñado de ciudadanos? El respeto a las costumbres no debe medirse por el número de seguidores, sino por criterios cualitativos de defensa de la libertad individual. Si un día la fiesta desapareciera, debería ser porque los ciudadanos ya no están interesados en ella, y no porque el oportunismo excluyente de algunos políticos dicte sentencia sobre su futuro.
Algunos catalanistas puede que considerarán un éxito la exclusión de la fiesta taurina en el contexto de sus costumbres regionales, pero quizá sin saberlo ni quererlo han perdido una oportunidad más para construir una Cataluña plural, edificada sobre la convivencia y no sobre una discriminación partidista, justificada sobre moralismos 'new age' o pataleos identitarios de niño chico
Ramón Besonías Román