“Las limitaciones a la prestación de la reproducción asistida derivan del real decreto de abril de 2012 que se dictó para recortar 7.000 millones en el gasto sanitario público. En concreto, esta partida debía suponer 54 millones. El texto restringía el acceso a estas técnicas a “aquellas personas con imposibilidad de conseguirlo (el embarazo) de forma natural”. Y se especificaba que esto podía deberse a “un trastorno documentado de la capacidad reproductiva” o a “ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo 12 meses de relaciones sexuales sin empleo de métodos anticonceptivos”. Con ello dejaba fuera a mujeres solas que quisieran inseminarse, o a parejas de lesbianas que desearan ser madres, ya que se les exigía haber mantenido coitos vaginales (por tanto, con un hombre).”
“La entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, justificó este recorte alegando que “la falta de varón no es un problema médico”, con las consiguientes protestas de organizaciones de mujeres. Para las que quisieran ser madres sin tener relaciones sexuales con hombres, quedaba solo la opción de acudir a una clínica privada”.
Lla ley en nada afecta la libertad del colectivo LGTB. Los fondos que dispone Sanidad son exclusivamente para fines médicos como lo expresó la entonces Ministra Ana Mato.