La principal conclusión es que desde hace casi 40 años todos los Gobiernos en España han desarrollado un sistema fiscal que discrimina y penaliza a la familia. Y lo que es más preocupante es la constatación de que ningún gobierno se ha planteado cambiar esta situación de agravio hacia la familia en este periodo.
En España la fiscalidad del IRPF es claramente antifamiliar e incumple los principios constitucionales. La Constitución Española establece la igualdad entre los grupos, la fiscalidad basada en la progresividad de acuerdo con la capacidad y la protección a la familia. Sin embargo, el IRPF establece una progresividad individualista y recaudatoria que discrimina a las familias, establece diferente trato a familias con iguales ingresos y circunstancias, y lejos de protegerla, penaliza especialmente a las familias.
Por otra parte, y aunque el IRPF establece algunas ayudas a las familias o a la natalidad, su efecto es despreciable frente al efecto fiscal de aplicar la progresividad a los ingresos personalmente, cuando realmente corresponden al matrimonio y a la familia. Tras casi cuatro décadas de existencia en el sistema fiscal español, el IRPF acumula importantes defectos y su carácter antifamiliar constatan su fracaso en su diseño.