No se pueden justificar giros en la política energética para salvar puestos de trabajo cuando en renovables se han perdido más de 30.000 en los dos últimos años.
La Fundación Renovables quiere manifestar que sólo el hecho de que el Gobierno baraje la posibilidad de reconsiderar un eje fundamental de su política energética como moneda de cambio en la negociación sobre el futuro de las pensiones es un despropósito absoluto y una prueba más de la falta de seriedad del debate energético en nuestro país. El necesario Pacto sobre la Energía no puede tener solo como interlocutores a gobierno y sindicatos ni ser un elemento secundario en otro escenario como es el terreno de la negociación sobre las pensiones. En el momento que se aborde con rigor ese deseado pacto energético deberán intervenir, además de las principales fuerzas políticas, una amplia representación del conjunto de la sociedad.
La Fundación Renovables no puede dejar de manifestar su sorpresa e indignación cuando se escucha que la justificación para este eventual giro en la política energética tiene como objetivo salvar unos cientos de puestos de trabajo cuando en el sector de las energías renovables se han perdido más de treinta mil en los últimos dos años a consecuencia del frenazo al desarrollo de las energías limpias y autóctonas que ha impuesto el Gobierno para salvar los intereses de las tecnologías convencionales.
Desde la Fundación Renovables consideramos que un Pacto sobre la Energía debería responder, en primer lugar, a una política rigurosa de ahorro y eficiencia, una descarbonización de nuestro sistema energético, una reducción drástica de nuestra dependencia del exterior y una apuesta por las tecnologías en las que nuestro país cuenta con industria y desarrollo propio y que además de no generar residuos ofrecen para el futuro una evolución de costes a la baja.
Como medidas inmediatas a corto plazo encaminadas a conformar y consensuar la voluntad política suficiente para cumplir e ir más allá del espíritu y la letra de las directivas europeas la Fundación Renovables reclama:
1- Una Planificación Energética integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, los planes de renovables y los de ahorro y eficiencia energética, incrementando los objetivos europeos a 2020 (30+30+30) y estableciendo el principio de internalización de costes para todas las fuentes de energía. Deberá establecer el desarrollo de las infraestructuras necesarias, interconexiones y redes inteligentes.
2- Una Ley de Renovables que constituya la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2009/28/CE, que establezca un marco regulatorio estable, simplificación administrativa, normas públicas de conexión y reconozca las externalidades de las renovables, facilitando el acceso de éstas en hogares, empresas y ciudades.
3- Una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética que desarrolle la integración de las renovables en la edificación, el urbanismo y el transporte, transponiendo las directivas europeas y estableciendo medidas vinculantes para todas las administraciones y empresas.
4- Establecer una fiscalidad ambiental bajo el principio de que el que contamina paga, haciendo visible a los consumidores los costes reales del CO2 y la mayor competitividad de las renovables frente a los combustibles fósiles y la energía nuclear.
5- Un marco de apoyo al I+D en tecnologías renovables y de ahorro como medida de impulso y respaldo a la industria nacional en estos sectores.
Fuente: Nota de Prensa de la Fundación Renovables
Nuevamente, completamente de acuerdo. El recorte al sector fotovoltaico va a ir destinado casi íntegramente a los incentivos al carbón nacional. Se ametralla una opción de futuro para alargar la agonía de un combustible que tiene los días contados. Se destruyen 30.000 empleos para salvar unos pocos. Con esto no quiero decir que el sector minero deba engrosar las listas del paro, pero con 600 Millones de Euros que va a recibir al año se pueden desarrollar muchas políticas de restructuración y recolocación.