Desde estas páginas se ha defendido siempre que la mayor lacra que soportan las cuentas de Tussam no son los gastos de personal, como pretenden hacernos creer, sino la nefasta gestión de los recursos realizada, que ha llevado a la compañía de transportes urbanos al borde de la quiebra. El día a día y el aplastante afianzamiento de la realidad están demostrando que no es, ni mucho menos, una idea descabellada.
Tanto el equipo municipal responsable de la gestión política de la empresa –ese glorioso tridente formado por Monteseirín, Fran Fernández y el doblemente imputado Guillermo Gutiérrez–, como ese economista global de cabecera llamado Carlos Arizaga, un gerente mudo e inoperante ante las alocadas imposiciones de los políticos, aún a sabiendas de que condenaban el futuro de la empresa que dirige, tienen bastante que ver en la grave situación que atraviesa Tussam. Resulta tan evidente que negarlo se convierte en una forma irresponsable de mirar hacia otro lado ante un problema con rango ya de crisis social de calado.
Existe una realidad tan palpable que extraña que nadie quiera reconocerla abiertamente, ni siquiera los medios de comunicación responsables de denunciarla ante la opinión pública: la constante utilización electoralista de una de las empresas más emblemáticas de la corporación municipal. No es que con las demás empresas de titularidad municipal no ocurra lo mismo, sino la especial saña que se ceba con ésta.
Con cargo a las sufridas cuentas de Tussam se han endosado actuaciones varias cuya principal finalidad no era otra que la den engrandecer la “gloria” de un alcalde egocéntrico que ha logrado transformar la gestión municipal en una engrasada maquinaria electoral dedicada a ganar elecciones y a perpetuarle en el poder.
Ese juguetito oneroso llamado Metrocentro y pagado en su integridad –más de cien millones de euros– por una empresa que tenía dificultades hasta para reponer el papel higiénico de los retretes es la mejor prueba de ello.
Y qué decir de la felina operación de la venta del suelo de las antiguas cocheras del Porvenir, donde se pasó de tener en la palma de la mano 41 millones de euros a prometer 19 que jamás llegaron y tener que pagar a un prestigioso bufete de abogados 300.000 euros del ala por el litigio con la constructora ofendida, además de soportar el coste íntegro de las nuevas instalaciones de la Avenida de Andalucía, que era a lo que se iba a destinar parte del dinero. Añádasele la venta a la baja del edificio de diego de Riaño y la matrícula de honor en gestión inmobiliaria está más que asegurada.
Eso sin mencionar las innumerables actuaciones publicitarias llevadas a cabo desde la AIE de Sevilla, que se sufragaban a escote por las cuatro empresas municipales a razón de casi cuatrocientos mil euros anuales por barba. Todo un dispendio publicitario para mayor gloria del alcalde.
Ahora, cuando no queda ni gota de sangre en las venas de una empresa con más de cuarenta años de historia, llega el tiempo de los recortes y se han sacado de la manga ese socorrido Plan de Viabilidad, que más bien huele a excusa y que temen tanto que ni siquiera se atreven a abordarlo. Entre otras cosas porque no tienen ni idea de cómo implantarlo –tampoco están seguros de que lo que proponen vaya a tener una repercusión de calibre en las paupérrimas finanzas de la empresa– y, lo más importante, porque las medidas anunciadas tienen un efecto negativo en la cuenta de resultados de los votos. Y ahí sí que estamos hablando ya de la economía que realmente importa, de la verdadera, por mucho que no se pueda decir.
Es justo lo que ha ocurrido con el reciente anuncio del actual vicepresidente de Tussam, el señor Troncoso, sobre la posibilidad de eliminar del servicio las líneas C5 y B5 por ser altamente deficitarias, al igual que se hizo con la línea 36 que daba servicio a la Pablo de Olavide y con el Bus de la Movida –otro engendro donde el alcalde también disfrutó en su momento de la correspondiente foto de rigor–.
Ha bastado que las asociaciones vecinales de la zona norte de Sevilla anuncien movilizaciones en contra de la medida para que el Delegado de Movilidad, Fran Fernández, salte a la palestra y desautorice en público al vicepresidente recién nombrado por él mismo. Es lo que caracteriza a la brillante gestión de este equipo municipal, que lo que hoy es poco menos que una medida revolucionaria que se convertirá en una panacea para la salvación económica de la compañía, a las pocas horas apenas vale para ahorrar para tabaco.
La cruda realidad no es otra que la protesta vecinal en una zona que es uno de los viveros de votos del PSOE en la ciudad tiene todos los visos de convertirse en una merma importante de votos de cara a mantener la alcaldía. Mientras que unos cuantos estudiantes y un grupo de jóvenes que pretenden divertirse las noches de los fines de semana y no tienen cómo moverse apenas tienen incidencia en las urnas. ¿Alguien se cree todavía aquel cuento del solapamiento con el trazado del Metro?
Lo que resulta más extraño es que pocos se percaten que las líneas que primero se pretenden suprimir –C5 y B5– y luego no, por dios, a quién se le ha ocurrido afirmar semejante cosa, eran ya deficitarias aún antes de ser montadas con los datos sobre oferta y demanda que barajaba la empresa en aquel tiempo.
Luego, si se planificaron a sabiendas de que no iban a reportar beneficio alguno, quiere decir que se hizo por otro motivo, el mismo por el que dicen ahora que no las van a quitar, es decir, por el miedo a la merma de votos.
O eso o todos los demás somos tontos de remate. Y no creo que en esta ciudad haya tantos anormales, por mucho que a más de uno le hubiese gustado que así fuera.