* Este artículo fue censurado en el suplemento The New York Times del diario Clarín del 20 de Julio de 2013, a raíz del escándalo es publicado en Clarín el 22 de Julio.
(Por Martín Sivak) Durante el siglo XX América del Sur conoció dos guerras entre estados: la que libraron Bolivia y Paraguay en el Chaco (1932-1935) y la de 1982 entre Gran Bretaña y Argentina por las islas Malvinas. En el siglo XXI América del Sur ha inaugurado un nuevo tipo de guerra interna sin todavía pérdidas humanas: las Guerras de Medios.
En un lado, los grandes medios privados sostienen que la libertad de expresión y la continuidad misma de algunas empresas periodísticas se encuentra en riesgo por regímenes que definen como autoritarios y suelen comparar con el fascismo. En otro lado, los gobiernos llamados populistas o de izquierda de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela acusan a los medios de dañar la democracia por sus coberturas sesgadas, sus prácticas monopólicas y su supuesto afán de alentar golpes de Estado en su contra.
En la Argentina, el conflicto entre la administración del matrimonio Kirchner y el Grupo Clarín (el mayor conglomerado de medios del mundo hispano con un diario, una radio, un canal de televisión abierta, un canal de noticias en televisión por cable, una empresa de cable e Internet y varios emprendimientos más) ha dominado la vida política del país desde 2008. Aunque muchos lo han definido como una guerra, divorcio es una metáfora mucho más descriptiva.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), el gobierno procuró una relación armoniosa con el Grupo Clarín por su debilidad de origen (sólo obtuvo el 22% de los votos), porque creía que la audiencia de sus medios eran sus votantes y porque el holding podía continuar su expansión sin entorpecer sus objetivos gubernamentales. Kirchner le dio importantes beneficios, como la fusión de sus empresas de cables (Cablevisión y Multicanal) que le permitió tener el 60% de los abonados al cable. El Grupo Clarín apoyó las principales medidas oficiales, fue suave en las críticas y relegó temas incómodos, como los relacionados con la corrupción.
Desde que la relación se agrietó, ni el gobierno ni el holding han dado explicaciones convincentes sobre su mutua desilusión.
Cuando empezó el conflicto a principios de 2008, Cristina Fernández de Kirchner (en 2007 sucedió en la presidencia a su marido quien murió en 2010) procuró dañar patrimonialmente a Clarín. Le quitó la transmisión de los partidos de fútbol, anuló la fusión de sus empresas de cable, redujo sustancialmente la publicidad oficial (que extendió exponencialmente a los medios afines o creados para apoyar la gestión), presionó a anunciantes privados para que no publicitar en Clarín y acusó a sus directivos por crímenes durante la última dictadura militar (1976-1983). “Clarín miente”, se convirtió en un slogan de su gobierno.
La Presidente libra hoy la madre de todas las batallas –otra metáfora bélica muy usada–: la ley de comunicación audiovisual aprobada en 2009 con el objetivo de establecer regulaciones en el mercado y afectar el patrimonio del Grupo Clarín. Mediante recursos judiciales, el holding ha conseguido que durante más de tres años no se apliquen dos artículos de desinversión que lo obligan a desprenderse de 236 de sus 264 licencias; el gobierno tampoco ha aplicado la ley en su totalidad. En el fallo más esperado en años la Corte Suprema decidirá en los próximos meses sobre la Constitucionalidad de esos dos artículos.
El Grupo Clarín ha desarrollado una cobertura hostil con el gobierno. “Ya no hay lugar para el ascetismo”, me dijo un importante editor del diario. “O estas con los defensores de la libertad de expresión o con el Gobierno”. El CEO del Grupo Héctor Magnetto, presentado por el gobierno como un criminal, dio una de las pocas entrevistas a The New York Times (no ha hablado con la prensa argentina). “Lo que está en juego es la democracia, no sólo Clarín”.
La concentración de medios –Clarín es un caso de estudio- ha sido un problema para las democracias de la región. Históricamente pocas familias y pocas empresas controlaban el mercado. Esos medios han dependido del Estado (especialmente en publicidad, créditos y otros beneficios) lo que ha contribuido a las relaciones de toma y daca con los gobiernos de turno.
En Ecuador, la ley de medios aprobada recientemente tiene un espíritu similar a la de Argentina, pero interviene también en los contenidos. Incluye penalidades por publicar material que pueda afectar el honor de las personas. Los oponentes al gobierno advierten que el presidente Rafael Correa terminará definiendo qué es bueno y qué es malo y cerrarán medios de comunicación.
Como Correa, y como el pionero en las “Guerras de Medios” Hugo Chávez, la Presidencia Kirchner ha intentado quitarle a los medios privados su papel de intermediarios con la sociedad. Creó una vasta red de medios medios propios -estatales o paraestatales- que denostan al Grupo Clarín y celebran su obra de gobierno.
Pero esos medios no influyen sobre las audiencias moderadas que no están en ninguno de los bandos de la Guerra de Medios. Deben esforzarse por descifrar que se dice en los medios para saber que sucedió el día anterior.
El libro más reciente de Martín Sivak es “Clarín, el Gran Diario Argentino: Una Historia”.