Cuando el Estado está dirigido, no sólo por su maquinaria institucional de funcionarios y burócratas, sino que además los cargos públicos proceden del sector público y de partidos políticos estatalizados, cuyas cúpulas están formadas por funcionarios y burócratas las probabilidades de que se produzca la hipótesis Leviatán son más que predecibles, el Estado adquiere un sesgo a la expansión y ello comporta una asfixiante política fiscal que recaerá sobre los sectores productivos y los bienes de los ciudadanos.
A título informativo, el Estado está formado por las Administraciones públicas, administración central formada por el Estado, organismos autónomos de carácter administrativo, seguridad social, entes de carácter administrativo, entes territoriales, comunidades autónomas, corporaciones locales y un sector público empresarial con organismos autónomos comerciales, industrial, financiero y análogos, sociedades estatales, entidades privadas controladas por el Estado, sector público empresarial autonómico y sector público empresarial local. Un entramado supuestamente no lucrativo pero que utiliza comportamientos coactivos para su financiación, un sector público encaminado a desestimular, prohibir u obligar a desistir a la iniciativa privada con una gestión más productiva, más eficiente y más rentable para los ciudadanos. Una actuación pública que no ha parado de crecer, la más difícil de medir y con desarrollo formal y analítico más débil y sin satisfacer ninguna necesidad social, en muchos casos con actuaciones condenables, los ejemplos de mi comunidad son numerosos, desde Emarsa hasta Terra Mítica etc...no hacen más que sacar a la luz actuaciones que son impropias del Estado pero que en su expansión desmedida alcanzan la esquizofrenia política con un derroche de recursos que acaba pagando el contribuyente.
Llegado a este punto, cabe preguntarse si la coacción del Estado ha traspasado los límites en materia fiscal o estamos en un proceso de expansión imparable al que, de algún modo, la sociedad se ve obligada a decir basta y pararlo. Sin duda, las voces contra este proceso de asfixia fiscal no parecen venir del Estado y sus aledaños, sobre todo cuando, como he dicho anteriormente, todos los partidos políticos están estatalizados, tanto en su financiación como en su comportamiento.
Por tanto, podemos llegar a una conclusión acertada si dejamos de enfrentarnos al problema como un conflicto desde la vieja visión derechas versus izquierdas y lo ubicamos en un nuevo parámetro más acorde a la realidad como Estado versus Sociedad, siendo ésta última articulada y organizada como sociedad civil la que deba tomar la iniciativa al margen de los partidos políticos
Es necesaria la recuperación de esa sociedad civil fuerte y organizada que haga sonar las alarmas de los verdaderos problemas sociales, esos a los que la agenda política rehuye y desoye porque no son sus problemas.
El impuesto de sucesiones es una más de las innumerables actuaciones de un Estado que entra en la confiscación y el ¡¡Expropiese!!! típico de la degeneración democrática de un sistema político estatalizado que cuenta con antecedentes tramposos como el cobro de impuestos haciéndolos pasar por plusvalías o cláusulas suelo engañosas que han pasado por legales en un ordenamiento jurídico que actúa como un salvavidas para los delincuentes de cuello blanco, esos mismos que procedentes del Estado y sus partidos políticos hacen cola saturando los juzgados porque nos han saqueado más del 10% del PIB y ahora ese mismo Estado se niega a pagar reduciéndose a si mismo porque ha llegado a la conclusión de que es más rentable y menos conflictivo seguir esquilmando a una sociedad invertebrada e inexistente que no parece plantear ningún problema hasta que decida que ya ha llegado la hora.
Carlos Rodríguez Hurtado.