Entre 1981 y 1988 la iglesia Católica anotó a su nombre en el Registro de la Propiedad la titularidad de 14 iglesias zaragozanas, once templos rurales, cuatro ermitas y otros tantos cementerios, según señala la documentación remitida por los registradores al ayuntamiento de la capital aragonesa, que también recoge cómo el arzobispado y las parroquias registraron en ese periodo siete casas parroquiales, varios pisos, huertos y campos e, incluso, un frontón ubicado en Garrapinillos hasta sumar 49 propiedades. La práctica totalidad de esas inscripciones fueron realizadas por los procedimientos de la inmatriculación, por “consolidación de dominio”, un trámite que consiste en anotar la posesión de un inmueble tras extinguirse el usufructo por el que lo disfrutaba otra persona, y “en virtud de certificación”. También hay tres por compraventa.
Las inscripciones de 28 de los 29 templos (todos salvo la del Sagrado Corazón), los cuatro cementerios y las cuatro ermitas, ubicadas en los barrios rurales de Peñaflor, la Cartuja Baja, San Gregorio y Movera, fueron realizadas antes de que, en 1998, el Gobierno de José María Aznar levantara el veto que, desde 1946, prohibía a la iglesia registrar a su nombre inmuebles dedicados al culto. Nadie puede discutirle ya a la iglesia la propiedad de esos templos, como los de Santiago El Mayor, San Pablo, Santa Engracia, San Gil o San Miguel de los Navarros, al haber pasado más de 30 años desde su inscripción registral y haberlos poseído pacíficamente durante esas tres décadas. Ocurre lo mismo con los cementerios de Monzalbarba y de Torrecilla de Valmadrid. Por el contrario, ese plazo no ha concluido otros edificios emblemáticos de la ciudad como la basílica del Pilar (vence el 5 de abril del año que viene) y San Juan de los Panetes (enero de 2019), ni con los cementerios de Juslibol (mayo próximo) y Movera (Mayo de 2027). Todas las inscripciones, en cualquier caso, se produjeron mientras el arzobispado de Zaragoza estuvo dirigido por Elías Yanes, expresidente de la Conferencia Episcopal.
“En unos meses de 1987 fueron registrados más de veinte inmuebles”, destaca el alcalde. Este anota que “la jerarquía eclesial debería darse cuenta de que los tiempos están cambiando, y, si durante treinta años se han hecho estas cosas con la complicidad de la clase política, ahora la ciudadanía exige otros modos de acceso a la información y de contrastar argumentos”. La documentación del registro se ha conocido en pleno conflicto entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el arzobispado por la titularidad de la catedral de La Seo y de las iglesias de La Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes. El consistorio ha recurrido el auto por el que, hace unos días, la magistrada del Juzgado Contencioso número 5 de Zaragoza decidió suspender el acuerdo por el que la junta de gobierno municipal ordenara a los Servicios Jurídicos que iniciaran las acciones legales para reclamar la titularidad pública de esos edificios. Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, reclama “el derecho de los ciudadanos a conocer” las propiedades de “una entidad privada” como la iglesia. Y añade: “Tenemos el derecho a saber”.
Ese acto de conciliación, que terminó sin avenencia, abre un nuevo periodo de treinta años para que las administraciones puedan litigar en los tribunales por la titularidad pública de los cuatro templos al arzobispado y a las parroquias. “Nunca hemos reclamado la propiedad para el ayuntamiento. Defendemos que se trata de bienes de dominio público; es decir, de todos”, anota Santisteve. Por su parte, Mayte Pérez, consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, en respuesta a una pregunta de Amparo Bella, parlamentaria de Podemos, asegura en las Cortes que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico están estudiando la posibilidad de disputarle a la Iglesia la titularidad de las catedrales de Jaca, Tarazona, La Seo y Roda de Isábena, todas ellas inmatriculadas.