Las candidaturas de Bildu han sido ilegalizadas por el Tribunal Supremo. Veremos qué dicen el Constitucional o Estrasburgo.
Los expertos pueden argumentar si la ilegalización es conforme o no a derecho, dadas las leyes que tenemos, ley de partidos incluida. Todos podremos argumentar si queremos o no leyes que tengan estas consecuencias.
Pero incluso los expertos no están de acuerdo. La sentencia del Tribunal Supremo salió por nueve votos a favor y seis en contra. Uno espera que decisiones de este calibre sean más unánimes. ¿Por qué no se deduce fácilmente de la ley de partidos que Bildu debe ser ilegalizada? ¿Por qué las posiciones de los jueces dependen, no de una interpretación virtuosa de la ley -como correspondería a jueces tan importantes- sino de su sabida tendencia ideológica?
El derecho al sufragio activo y pasivo es uno de los fundamentales en democracia. Sólo razones de peso, de mucho peso, pueden recortar tal derecho. Esto se podría garantizar, por ejemplo, pidiendo una mayoría de 2/3 entre los jueces del Tribunal Supremo, mayorías que se piden en el legislativo para temas de importancia semejante. Fuera de ese consenso debería regir el "in dubio pro reo".
Para votar ideológicamente ya está el parlamento. El que no hayamos ganado nada por dejar esta cuestión en manos de los jueces dice algo acerca de lo mal que están separados lo poderes en España.