La ilusión de la prohibición: por qué vetar redes a menores no resuelve nada

Hay decisiones políticas que funcionan muy bien como eslogan y bastante peor como solución.

La anunciada por el gobierno británico, que pretende impedir el acceso de los menores de 16 años a determinadas redes sociales y añadir restricciones adicionales sobre funciones consideradas peligrosas, entra exactamente en esa categoría: ofrece un titular contundente, transmite sensación de control y conecta emocionalmente con padres preocupados, pero deja casi intacta la lógica industrial que ha convertido internet en una máquina de captura de atención.

La propuesta británica no es menor. Abarca plataformas de interacción social como TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube o Snapchat; deja fuera, en principio, servicios de mensajería como Signal o WhatsApp.

Suma además restricciones sobre livestreaming, contacto de extraños con menores y otras funcionalidades que el propio gobierno considera fuente de riesgo. Además, prevé medidas por defecto también para usuarios de 16 y 17 años, y anticipa nuevas decisiones sobre toques de queda nocturnos y pausas en el scroll infinito. Es decir, no estamos ante una mera declaración simbólica: hay un intento regulatorio real.

El problema no es intentar regular…

El problema es que una regulación puede ser real y, aun así, estar mal orientada. Porque la cuestión central no es si un adolescente de quince años debería abrirse una cuenta en una red social determinada; la cuestión central es por qué seguimos aceptando como normales plataformas diseñadas para maximizar permanencia, dependencia, perfilado y manipulación conductual.

Cuando la respuesta política se concentra en expulsar a un grupo de usuarios, pero no en rediseñar el sistema que produce el daño, lo que en realidad se está haciendo es aislar el síntoma y proteger la causa.

Durante demasiado tiempo se ha discutido este asunto como si el riesgo fuera generacional. Como si el problema fuese que los jóvenes son vulnerables, impresionables o demasiado inmaduros para soportar ciertas dinámicas digitales.

Pero eso confunde el objetivo. Los adolescentes son, en todo caso, el grupo en el que el daño se observa con más claridad: ansiedad, presión social, dependencia, exposición a contenidos nocivos, ciclos de validación y una identidad en formación colonizada por métricas.

Sin embargo, el mismo sistema que hace daño a un menor también intoxica a los adultos: polariza, radicaliza, trivializa la conversación pública, degrada el debate democrático y convierte cada emoción en una oportunidad de monetización.

Dicho de otra forma: no estamos ante un problema infantil, sino ante un problema estructural. El modelo dominante de red social no se basa en conectar personas de forma saludable, sino en mantenerlas dentro el mayor tiempo posible.

Para ello utiliza algoritmos de recomendación opacos, diseño persuasivo, notificaciones invasivas, reproducción automática, scroll infinito y publicidad segmentada a partir de volúmenes masivos de datos personales.

El usuario no es el cliente; es el recurso a explotar…

Y en ese contexto, prohibir la entrada a los menores se parece mucho a cerrar la puerta delantera de un edificio cuya instalación eléctrica sigue ardiendo.

Vamos más allá, la prohibición tiene un límite práctico bastante evidente: los menores seguirán entrando.

Unos lo harán mintiendo sobre su edad, otros mediante cuentas de terceros, otros usando VPN, dispositivos compartidos o cualquier forma básica de evasión digital. Pensar que una barrera formal resolverá un problema de diseño sistémico es atribuirle a la norma una eficacia casi mágica.

Las leyes importan, por supuesto; marcan estándares, alteran incentivos y pueden cambiar comportamientos. Pero cuando el entorno técnico, económico y cultural empuja en la dirección contraria, la prohibición aislada suele convertirse en teatro regulatorio: aparenta firmeza sin transformar la arquitectura de fondo.

Hay también un elemento incómodo que muchos gobiernos prefieren no subrayar. Para impedir que entren los menores, hay que verificar quién es menor y quién no lo es. Y eso empuja hacia sistemas de aseguramiento de edad cada vez más robustos, algo que el propio gobierno británico ha anunciado al pedir a Ofcom un estudio rápido sobre mecanismos altamente eficaces de verificación y cumplimiento.

El riesgo aquí no es pequeño: bajo la bandera de la protección infantil puede consolidarse una infraestructura de identificación generalizada en internet. Se empieza pidiendo la edad y se termina normalizando la trazabilidad. Lo que se presenta como escudo puede acabar siendo un nuevo vector de vigilancia.

¿El objetivo está equivocado?

El debate público insiste en colocar el foco en el usuario equivocado. Se habla de cuánto tiempo pasan los menores frente a la pantalla, pero mucho menos de por qué las plataformas necesitan secuestrar ese tiempo. Se habla de educación digital familiar, pero menos de la economía política de la atención. Se habla del teléfono inteligente en el dormitorio, pero menos del diseño calculado para explotar impulsos, inseguridades y sesgos cognitivos.

Es una forma muy cómoda de desplazar la responsabilidad: del producto al consumidor, de la empresa al hogar, de la arquitectura al hábito.

La alternativa razonable no pasa por resignarse ni por romantizar una supuesta autorregulación del mercado, que ya ha demostrado ser insuficiente. Pasa por intervenir donde realmente se genera el daño.

La primera medida viable, por ejemplo, sería prohibir, no a los menores, sino ciertas prácticas de diseño. Si una plataforma utiliza scroll infinito, reproducción automática por defecto, notificaciones de reenganche, sistemas de recompensa variable o recomendaciones imposibles de auditar, entonces el regulador debe poder limitar o prohibir esas funciones, especialmente cuando afecten a menores, pero idealmente también al conjunto de usuarios.

El problema no es la existencia de conversación digital; es la industrialización de la compulsión.

La segunda alternativa es actuar sobre el modelo publicitario. Mientras la rentabilidad dependa de extraer datos y vender segmentación conductual, las plataformas seguirán teniendo incentivos para conocer más, perfilar mejor y retener más tiempo.

Por eso hace falta una restricción seria de la publicidad hiperpersonalizada y una apuesta más decidida por modelos contextuales, menos invasivos y menos dependientes del espionaje permanente.

Si se corta el combustible económico del sistema, cambia el diseño del sistema.

No del todo, pero sí de manera sustancial.

La tercera vía consiste en imponer transparencia operativa real. No informes voluntarios, no PDFs corporativos llenos de vaguedades, sino auditorías independientes sobre algoritmos, sistemas de recomendación, métricas de riesgo, impacto psicológico y efectos sociales. Si una plataforma ordena el espacio público informativo de millones de personas, no puede seguir operando como una caja negra.

Del mismo modo que auditamos bancos, infraestructuras críticas o mercados financieros, deberíamos auditar tecnologías que moldean comportamiento, opinión y convivencia.

La cuarta medida pasa por devolver capacidad de elección al usuario. Cronologías realmente cronológicas, feeds configurables, recomendaciones desactivables, límites de uso nativos, modos de atención protegida y entornos interoperables serían pasos concretos hacia una red social menos tóxica; no se trata de eliminar toda mediación algorítmica, sino de impedir que esa mediación sea unilateral, opaca y orientada exclusivamente al beneficio de la plataforma.

Y la quinta, probablemente la más importante a medio plazo, es reconstruir alfabetización digital de verdad. No esa versión paternalista que se limita a decirle a los adolescentes que “usen menos el teléfono inteligente”, sino una formación crítica sobre cómo operan los incentivos de las plataformas, cómo se fabrica la adicción, cómo funciona la manipulación emocional y por qué el diseño nunca es neutral.

Una ciudadanía digital madura no nace del miedo, sino de entender la infraestructura que condiciona sus decisiones.

La prohibición británica responde a una preocupación legítima. Sería absurdo negarlo. Hay padres angustiados, evidencias acumuladas de daño y una percepción extendida de que las grandes tecnológicas llevan años beneficiándose de un espacio regulatorio excesivamente complaciente. Pero reconocer esa legitimidad no obliga a aceptar que la solución sea correcta. Una mala respuesta a una buena pregunta sigue siendo una mala respuesta.

Porque, al final, apartar a los menores de ciertas plataformas puede reducir parte del daño visible, pero no modifica el dispositivo que lo genera. Y mientras ese dispositivo siga funcionando bajo la misma lógica, vigilancia, adicción, opacidad, perfilado y maximización del engagement, el problema seguirá allí, esperando a la siguiente generación, al siguiente grupo vulnerable o al siguiente gobierno que necesite una medida rotunda para fingir que ha recuperado el control.

Proteger a los menores es indispensable. Pero protegerlos de verdad exige algo más incómodo que una prohibición: exige enfrentarse al modelo de negocio. La pregunta no es solo quién entra a la máquina. La pregunta decisiva es por qué seguimos permitiendo que la máquina opere así.

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