EL PROCESO DE BURGOS (1979)
Por Juan Carlos VinuesaFICHA TÉCNICATítulo original: El proceso de BurgosAño:1979Duración:134 min.País:EspañaDirector:Imanol UribeGuión:Imanol UribeMúsica:Hibai RecondoFotografía:Javier AguirresarobeReparto:DocumentaryProductora:Cobra Films / Irrintzi Zinema / Severino
Premios: 1979: Concha de Oro a la Mejor película española en el Festival de San Sebastián.
No hay que confundir la importancia de una película con la importancia del tema que en ella se toca. En este caso, El proceso de Burgos[1] es mucho más decisivo que la película que se ocupa oportunamente de él. Y no es que este primer largometraje de Imanol Uribe sea mano, sino que cojea de algún que otro pie., pudiendo no estar a la altura de toda la sociedad vasca, al menos en la actualidad. El Consejo de Burgos, proceso de Franco contra grupo armado ETA, es actualmente un hecho histórico, patrimonio no de unos pocos, como subrepticiamente apunta la película, sino de todos los vascos y también de los que no lo son. Fue el más fuerte embate que recibió el franquismo, significante de cómo estaba la dictadura. Los acusados, y toda la sociedad se convirtieron en jueces, y los jueces se vieron en el banquillo, condenados por todos los países del mundo, condenados por todos los países del mundo, que siguieron con inusitada expectación las vistas.
La tarea de llevar a cabo esto al cine pedía madurez, sensibilidad e imparcialidad en su responsable Imanol Uribe, todavía un novel tras la cámara. Cumple a ratos, pero a veces no llega a esa categoría. Hijo de padres vizcaínos, nació en El Salvador, en 1950. Vino a España a los siete años donde realizó todos sus estudios, que culminaron en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid en 1974. Sus primeras películas fueron como productor. Off (1976) fue su primer corto, y Ez (1977), el segundo, tratando este último con interés y acierto el candente problema de la construcción de la central nuclear de Lemóniz. Al año siguiente iniciaba la presente película, cuya realización tardó dos años, por las dificultades de selección y montaje de la gran cantidad de material documental acumulado.
El planteamiento es sencillo y sobrio: un reportaje documental, en que los acusados, un grupo de entonces militantes de ETA, cuentan ante la cámara su propia historia, su concienciación política, su grado de participación en la lucha revolucionaria, su captura, y sus recuerdos y sentimientos sobre el proceso. Esta parte, el cine-periodismo, es la de más interés y emoción del film, por ser un documento de primerísima mano, directo y permanente. Los protagonistas nos hablan alternativamente sin que se hagan pesados sus largos planos, a veces a cámara fija. El tema en sí —con las penas de muerte como punto álgido— y las diversas personalidades de los entonces miembros de ETA mantienen la atención. Unos aparecen cohibidos o envarados ante la cámara; otros con gran soltura o, incluso con buen humor. Sus respuestas son objetivas, sobrias, sin autoexaltaciones o declaraciones panfletarias. Cuando hablan las mujeres, su testimonio aumenta el dramatismo de fondo, porque el sufrimiento ha dejado huellas para siempre en sus rostros.
Esta parte es la mejor, la más sincera y la más eficaz desde el punto de vista político. La que más informa y hace interrogarse al espectador, la que se presta y se hace imprescindible para un acercamiento y reflexión a fondo para el espinoso problema de la subversión revolucionaria. Cada cual saque sus propias conclusiones, pero difícilmente quedará indiferente. Por el contrario, existen en la película otras partes, inferiores, que empañan el bloque de intervenciones de los procesados, en el que la cámara se mantenía bruscamente neutra. El montaje final del film es parcial, ya que da relevancia a determinado abogados[2] y procesados. La secuencia inicial, en el que el abogado, profesor y ex-parlamentario Francisco “Ortzi” Letamendia: expone la historia del Pueblo Vasco, todo hay que decirlo, en una visión muy particular y discutible, hacía temer la credibilidad del resto de la película. Con parecido didactismo y cierta petulancia interviene Miguel Castells. El recientemente fallecido Juan Mari Bandrés aparece más brevemente, y sus declaraciones no reflejan afán de protagonismo.
Pero lo que más llama la atención en el capítulo de la parcialidad es la cuestión de “la puerta abierta” Esto no sólo cuestiona la honestidad de Imanol Uribe, sino que nos obliga a preguntarnos quién le “dirigió” a él, mientras realizaba la película. Según unos planos en blanco y negro, material de archivo sobre el Vaticano insertados de un modo forzado y sensacionalista —se rompe entonces el cine-periodismo y se aplica en el film la ley de caza hecha por el conejo—, la Santa Sede no estaba a favor de la “puerta abierta” o audiencia pública, que tanto importaba a los procesados y defensores para mostrar al mundo la causa vasca, y que ciertamente el Gobierno de Franco agarrándose al Concordato del 53, por todos los medios quería evitar[3]. Pero esto no sólo es verdad, sino todo lo contrario. Desde el primer momento la Iglesia fue partidaria de la “puerta abierta”; en este sentido intervinieron y se movieron eficazmente Jacinto Argaya, obispo de San Sebastián y José María Cirarda, administrador apostólico de Bilbao. Tal vez sin estas presiones, el juicio se habría celebrado a puerta cerrada[4]. ¿A qué viene, pues, esta manipulación, sobre todo, cuando uno de las primeras oposiciones institucionales fueron la iglesia vasca.
Por lo demás, la película, por su emotividad y por el valor histórico de las declaraciones, nueve años después, de los mismos procesados, causa gran impacto, especialmente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, donde tuvo un gran éxito de público. Así se explican los premios conseguidos en San Sebastián y Benalmádena, a pesar de que la factura del film no sea perfecta. Tampoco era necesario para este caso un planteamiento comercial por lo alto, que hubiera desvirtuado la espontaneidad del film. En realidad lo más caro de las dos horas y catorce minutos de la película fue la adquisición de material de archivo en el extranjero, relativo a las movilizaciones populares en diversas ciudades europeas contra el gobierno de Franco, a raíz del proceso. La parte final, pues, una exaltación, más o menos, oportunista, del pueblo, que con sus manifestaciones apoyó realmente en Euskadi a los procesados y a la oposición antifranquista, que éstos, en aquel momento sintetizaban.
El Proceso de Burgos es ya un hecho histórico de toda la sociedad española, no sólo de la vasca, convirtiéndose en un símbolo contemporáneo y universal de la lucha por las libertades. Tal vez queda un capítulo que algunos deberían acometer; y que creed es apasionante: ¿qué trayectoria siguieron hasta hoy los procesados, algunos ya fallecidos, y por qué? Desde aquel enero de 1970, en este país y especialmente en el País Vasco, ha llovido mucho, mucho.
Arriba, Arana, Gorostidi y Mario Onaindia. Abajo; Tutxo Abrisketa, Larena y Gesalaga
Los abogados defensores en un receso.
Los condenados a muerte en el Proceso
ENLACE DE DESCARGA: SANTIAGO DE PABLO, ETA Y EL CINE
[1]El histórico Consejo de Guerra de Burgos contra 16 militantes de ETA, uno de los juicios más relevantes del franquismo, cumple mañana su 40 aniversario.
La vista del sumario 31/69, que tenía 3.000 folios, se celebró del 3 al 9 de diciembre de 1970 en la sala de justicia del Gobierno Militar de Burgos.
Se juzgaba a militantes de ETA por diversos actos delictivos sucedidos a finales de la década de los sesenta, entre ellos los asesinatos del mando policial Melitón Manzanas, el guardia civil de Tráfico José Pardines y el taxista Fermín Monasterio.
El incidente más relevante de la vista fue protagonizado por Mario Onaindìa, que terminó su declaración gritando "Gora Euskadi Askatuta!", mientras que los demás acusados y parte del público entonaba el himno vasco 'Eusko Gudariak'. El presidente de la sala ordenó su desalojo y continuó la sesión a puerta cerrada.
El tribunal militar deliberó 18 días en sesión ininterrumpida. La repercusión del juicio fue tan grande que la sala donde se celebró la vista estaba repleta de informadores nacionales y extranjeros y observadores de distintas asociaciones.
Entre los abogados de los procesados se encontraban varios opositores al régimen como Gregorio Peces-Barba, Juan María Bandrés y José Solé Barberá.
Dos días antes del inicio del juicio, ETA reivindicó el secuestro del cónsul alemán en San Sebastián, Eugene Beilh, que finalmente fue liberado el día de Nochebuena.
El Gobierno decidió dar una amplia publicidad a un juicio que preparaba un castigo ejemplar a los encausados, con una petición fiscal de seis penas de muerte y más de siete siglos de cárcel.
La reacción popular fue inmediata. Los paros de trabajadores, las huelgas estudiantiles y las manifestaciones ciudadanas paralizaron la vida económica y social del País Vasco.
Movilizaciones y ataques a delegaciones
Paralelamente se produjeron movilizaciones de protesta contra el régimen del general Francisco Franco en distintas ciudades españolas y europeas y ataques a delegaciones diplomáticas españolas.
Al día siguiente del comienzo del juicio, el Gobierno instauró el estado de excepción en Guipúzcoa y el 14 de diciembre lo extendió al resto del país y respondió a las concentraciones con detenciones masivas y el uso de la violencia.
En este contexto, el joven Roberto Pérez Jáuregui falleció el 8 de diciembre de 1970, unos días después de ser herido por disparos de la Policía cuando participaba en una manifestación de protesta en Eibar (Guipúzcoa).
La sentencia, integrada por 107 folios y publicada el día de los Inocentes del mismo año, condenó a más de quinientos años de cárcel a quince de los encausados y a la pena de muerte a seis de los mismos (tres de ellos a doble pena). Arantxa Arruti fue absuelta.
Los seis penados a muerte fueron Teo Uriarte, Xabier Izko, Mario Onaindía, Xavier Larena, José María (Unai) Dorronsoro y Jokin Gorostidi.
Sin embargo, la condición militar del tribunal y la ausencia de garantías procesales motivaron la reacción diplomática internacional y finalmente las penas de muerte dictadas por el tribunal militar fueron conmutadas por cadena perpetua dos días después de la sentencia.
Entre el aluvión de peticiones de clemencia se encontraban las de abogados y asociaciones de derechos humanos, la de gobiernos como el británico y el alemán, y de la Iglesia, incluido el Papa Pablo VI. De hecho, dos de los encausados en el proceso eran sacerdotes, Julen Kalzada y Juan Etxabe.
Con la llegada de la democracia y tras la ley de amnistía, todos los procesados fueron excarcelados en 1977. Cinco de los seis condenados a muerte en la sentencia fueron expulsados a Bruselas (Bélgica) en mayo de 1977 y el sexto, Xavier Izco de la Iglesia, fue expulsado a Oslo (Noruega) en junio del mismo año. Fueron amnistiados al año siguiente.
Posteriormente, todos los activistas liberados abandonaron ETA. De los seis condenados a muerte, cinco repudiaron en años posteriores la violencia, menos Jokin Gorostidi, que fue una de la cabezas visibles de Herri Batasuna hasta su muerte en el año 2006.
También ha fallecido Mario Onaindía, que junto a Teo Uriarte, actual gerente de la Fundación para la libertad, se integró en Euskadiko Ezkerra y luego en el Partido Socialista. (Diario El Mundo)
[2] Evidentemente hubiera sido demasiado presentar en el film a los dieciséis abogados, entre ls que existían variadas tendencias políticas. Pero si hubiera estado bien presentar imparcialmente un resumen de sus diversas opiniones en lugar de quitarles importancia a favor de los que luego fueron de Herri Batasuna. Un ejemplo de esto puede ser José Antonio Etxebarrieta “Gacela”, hermano de Txabi Etxebarrieta, primer militante de ETA que fue abatido después de que días antes él mismo asesinará a la que fue la primera víctima de ETA; el guardia civil José Pardines Arcay.
[3] En virtud del Concordato del 53, un proceso en el que se hallasen dos sacerdotes debía celebrarse a puerta cerrada. Para conseguir, pues, que el Proceso de Burgos no fuera público, el Gobierno implicó en él a Julen Kalzada y Jon Etxabe.
4] Cito tan sólo parte de una carta del obispo Cirarda al procesado Kalzada el 22 de enero de 1970: “De acuerdo con vuestros deseos, que coinciden con el mío, hice gestiones ante la Santa Sede, de quien depende todo lo referente al Concordato. Y me es grato comunicaros que las gestiones han tenido éxito, en el sentido de que por otra parte de la Iglesia no hay ninguna dificultad para que dicho consejo se pueda celebrar en audiencia pública.”Más datos sobre este asunto pueden encontrarse en el artículo “La puerta abierta”, publicado en DEIA, 9 de octubre de 1979, por Elías Ruiz Ceberio, uno de los dieciséis abogados defensores.