Ángeles Diez Rodríguez*
Durante la guerra y ocupación de Irak del 2003, los Estados Unidos, al conocerse las torturas y violaciones de sus soldados en Abu Ghraib, emitieron un comunicado dirigido a la comunidad internacional en el que decían que no consentirían que ninguno de sus soldados fuera juzgado por crímenes de guerra. Ya en 2002 el gobierno estadounidense había conseguido una resolución del Consejo de Seguridad de NNUU por la que se eximía a las fuerzas estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, genocidio,
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