Argentina es una sociedad circular, en un eterno retorno periódico a discutir las mismas cosas y repitiendo los mismos argumentos. Mientras la realidad sigue su curso inconmovible, la discusión de la dirigencia política e intelectual se mantiene en su noria, haciendo círculos cada vez más profundos, pero sin avanzar un solo centímetro.
En estos días reapareció, a instancias del gobierno, el debate de qué hacer con la delincuencia juvenil. Y la historia se repite una vez más, ya definitivamente en paso de comedia.
Desde lo profundo de la sociedad que padece dramáticamente la delincuencia brota la intuitiva respuesta de que debe acabarse con la impunidad y la ley debe actuar sin contemplaciones. Para ellos es un problema práctico, demandan acabar con la inacción estatal y acuden a la única respuesta que pueden concebir, ante la total oferta de alternativas que la dirigencia debiera ofrecer.
Desde la zona de confort de los lugares protegidos de la delincuencia, intelectuales y políticos políticamente correctos responden con su gastado arsenal de lugares comunes. La cárcel no es solución, los jóvenes delincuentes son víctimas o el Estado debe prevenir y no castigar. Un conjunto poco elaborado de obviedades, medias verdades, equívocos y buenas intenciones, más preocupados por la estética de su retórica que por elaborar alguna respuesta. Respuesta que no sólo apunte a paliar el problema de la inseguridad, sino también a hacer algo por los miles de adolescentes abandonados a su suerte mientras recorren el camino de la marginalidad y el delito.
El gobierno acaba de anunciar la iniciativa de crear un régimen penal juvenil, convocando a la oposición a participar en su elaboración. Pero los cultores del eterno retorno decidieron rechazar el convite. Visceralmente, por no hablar de mala fe, presentaron esta iniciativa como una cuestión de simple reducción de la edad de imputabilidad, orientada según ellos por la perversa idea de encerrar en la cárcel a los menores delincuentes.
La necesidad de un régimen que aborde el problema de la delincuencia juvenil, recomendado por tratados internacionales y existente en la mayoría de los países occidentales, es tan obvia que no necesita casi ser fundamentada. Se trata de la creación de un sistema estatal que permita que el Estado se haga cargo de los jóvenes que empiezan a caminar por la cornisa e intente, con políticas de reeducación y reinserción, apartar del camino del delito a quienes lo hayan iniciado. Sin un régimen legal específico, el Estado carece de todo poder para actuar sobre ellos, de modo que, abandonados a su suerte, quedan condenados a la calle, la principal escuela del delito. Implica sencillamente dejarlos en manos de las bandas que los utilizan debido a su inimputabilidad.
Sólo en el contexto de pensar un buen régimen penal para menores, adquiere sentido la cuestión de la edad. Pero ya no como la abstracta cuestión de en qué momento asignarles responsabilidad penal, sino como la concreta de en qué momento es mejor que el Estado intervenga para tratar de corregir el desvío delictivo de los jóvenes. En teoría, este momento ideal sería aquel en que la familia haya perdido control sobre el joven, de modo que no quede un período vacío en que ni la familia ni el Estado se ocupen de ellos, período en que quedan a merced de quienes los mueven en dirección del delito aprovechándose de su indefensión.
Mas allá de la dificultad de establecer de modo preciso esa edad, en todo caso es evidente que cuanto antes el Estado intervenga más chances tiene de obtener buenos resultados. Cuanto más joven sea quien delinque y menos profundamente involucrado con el delito esté, menos difícil es la tarea de apartarlo de ese camino. Mal que les pese a demagogos y bienpensantes, en el contexto de un buen y eficiente régimen para jóvenes, la baja de la edad de imputabilidad es esencialmente en beneficio de los jóvenes.
Es muy poco probable que un Estado ineficiente y corrupto como el que padecemos, poblado de incapaces de pensar y ejecutar políticas publicas serias, pueda llevar a cabo un plan como éste con alguna chance de éxito. Pero en todo caso es aquí donde debería centrarse la discusión: en la capacidad del Estado de asumir la responsabilidad de ayudar a ese creciente universo de jóvenes marginales, solos y abandonados, sin otro destino que la cárcel o la muerte.
Todo otro debate es pura demagogia, oportunismo o esteticismo intelectual, que sólo sirve para paralizar toda iniciativa y abandonar a los jóvenes en riesgo a las mafias delictivas, que sí tienen interés y capacidad para ocuparse de ellos.
La necesidad de un régimen que aborde el problema de la delincuencia juvenil es tan obvia que no necesita casi ser fundamentada.