¿Y por qué mucha gente que en general suele estar bien informada y que se preocupa de los problemas sociales y políticos, en este asunto no está informada? A mi modo de ver, porque es víctima de la opinión políticamente correcta de que los periodistas que se han ocupado, muy extensamente y con fundamento, de investigar el 11-M, forman parte de la “caverna mediática”, refugio de fachas y paranoicos en general. En este país (minúscula), basta que el grupo PRISA y adyacentes lancen sobre uno el dicterio de “facha” (concepto ambiguo y falto de contenidos donde los haya) o el subordinado a aquél de “conspiranoico”, para que, sin necesidad de más argumentos, ya se le haya caído el pelo ante una grandísima parte de la opinión pública. Sin embargo Pedro J. Ramírez, Jiménez Losantos, César Vidal y Luis del Pino, los capitanes de la “caverna”, y los numerosos periodistas que están en su estela y a su amparo, son declaradamente liberales, como buena parte de los militantes de UPyD, yo entre ellos (alguno ha pedido expresamente el voto para UPyD), y me atrevo a decir que esos periodistas citados en concreto son asimismo extremadamente inteligentes (lo digo porque los oigo sobre todo, y doy fe de ello; también por cosas como que César Vidal tiene cuatro doctorados, una licenciatura, centenar y medio de libros escritos, muchos de ellos premiados, traduce dieciséis idiomas y habla con soltura siete…: en fin, es un dato). ¿Por qué cursan como “fachas”? Porque hoy todavía son creíbles los gestores de la opinión políticamente correcta, los mismos que de una manera a mi entender digna de ser denunciada han ocultado, distorsionado, desviado… todos los datos que pudieran ayudar a esclarecer lo que de manera incuestionable ha ido saliendo a la luz de la mano del nutrido grupo de periodistas de investigación que capitanea el núcleo duro de la llamada “caverna mediática”. En fin, que, en mi opinión, hay una correlación estricta entre la credibilidad dada al grupo PRISA y adyacentes y el desprecio y desatención a las investigaciones, a mi modo de ver tan solventes como escandalosas, de la llamada “caverna mediática”.
Como, efectivamente, los datos que han ido saliendo a la luz de la mano de los periodistas que han investigado esto son numerosísimos, forman una maraña intrincada, no hay todavía una narración coherente que los aglutine suficientemente y no hay unas conclusiones claras que extraer a partir de ellos (lo diré explícitamente por si acaso: yo –como todos aquellos periodistas a los que he leído para informarme sobre esto– no he afirmado nunca que haya sido ETA… ni lo contrario), me limitaré a exponer algunos (¡sólo algunos!) de los datos que han aflorado recientemente a propósito de Jamal Zougam, único “autor material vivo de los atentados” condenado como tal. Los otros supuestos autores habrían de ser los 7 “suicidas” de Leganés (las bombas que explotaron fueron 10, más dos que se explotaron de forma controlada por las fuerzas de seguridad, más la mochila de Vallecas, aunque ésta se ha demostrado ya en sede judicial que era falsa). Para empezar, tocaría a más de una bomba por activista (porque iban colocadas, como es sabido, en trenes diferentes y vagones diferentes); pero es que el Tribunal Supremo sentenció que no quedaba probada la autoría de los 7 suicidas (nadie de los que iban en los trenes les reconoció por sus fotografías, por ejemplo), hasta el punto de que las víctimas no han podido pedir indemnizaciones basadas en ese posible autoría. En conjunto, el comando encargado de cometer los atentados estaba compuesto por un abigarrado conglomerado de islamistas, traficantes de droga, asturianos “cristianos” además de delincuentes comunes (uno de ellos esquizofrénico), numerosos confidentes de la Policía y de la Guardia Civil… Ni el ejército de Pancho Villa degeneró tanto como esta Al-Qaeda posmoderna, tan estricta habitualmente al elegir sus miembros (el Tribunal Supremo sentenció, de todas formas, que no quedaba probada la autoría de Al-Qaeda).
Jamal Zougam fue condenado, como único autor vivo del atentado, a 40.400 años de prisión; lleva cumplidos más de siete, en celda de aislamiento, porque no se reconoce culpable. Las pruebas para inculparle y finalmente condenarle tienen dos orígenes: una, la tarjeta del teléfono de la mochila de Vallecas, que se vendió en su locutorio; dos, los testimonios de tres personas que dijeron que le habían visto en uno de los trenes. Aparte de eso, no hay ninguna (repito: ninguna) prueba más: no hay rastro de sus huellas digitales ni de su ADN en la casa de Morata de Tajuña (donde supuestamente se prepararon las bombas), ni en la furgoneta Kangoo (en la que supuestamente se trasladaron quienes iban a poner las bombas), ni en el piso de Leganés (donde supuestamente se suicidaron los demás autores del atentado), ni en el local de la calle Virgen del Coro, donde se supone que se reunían los componentes del comando. Tampoco hay ninguna llamada telefónica que le relacione con ninguno de los 29 acusados en el juicio. Nunca antes, por lo demás, había sido detenido por ningún tipo de delito.
Por otra parte, los dueños de un gimnasio madrileño han confesado personalmente a Luis del Pino que, como de costumbre, la noche anterior al atentado estuvo haciendo levantamiento de pesas en aquel gimnasio, una actividad digamos que extravagante en alguien que a las 7,40 h. de la mañana siguiente ha de hacer explotar una bomba en un tren. La policía fue al gimnasio a preguntar y se incautó de la documentación que demostraba que, efectivamente, había estado en el gimnasio, pero esa documentación nunca fue incorporada al sumario ni se le comunicó al juez Del Olmo, el instructor. Nunca se ha vuelto a ver esa documentación.
La madre y la hermana de Zougam solicitaron repetidamente declarar ante Del Olmo en la fase de instrucción, para acreditar que, a la hora del atentado, él estaba durmiendo en su casa. Del Olmo no admitió que se realizara tal declaración. Cuando en el juicio propiamente dicho la madre y la hermana quisieron declarar ante el juez Gómez Bermúdez, éste se negó alegando que tenían que haber declarado en la fase de instrucción.
Repasemos, pues, las pruebas por las que Zougam fue condenado. La primera, la mochila-bomba de Vallecas: la bomba estaba preparada para ser activada por la alarma de un teléfono móvil que sonaría a las 7:36 h. de la mañana. Para que la alarma sonara, no era necesario que el teléfono tuviera tarjeta, pero, aunque eso suponía dejar un rastro inútil desde el punto de vista de los terroristas, el teléfono tenía tarjeta. Abramos un breve paréntesis: en el juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial de Madrid por la juez Coro Cillán contra el ex jefe de los TEDAX, Sánchez-Manzano, y la perito química de su laboratorio, ha quedado suficientemente acreditado para cualquier mente normal que la mochila-bomba de Vallecas era una prueba falsa. Pero no estropeemos nuestra narración y consideremos que se trataba de una prueba verdadera. El teléfono móvil llevó a la policía hasta la tienda de dos hindúes, donde fue vendido a los componentes del comando; ambos hindúes fueron detenidos (y después de varios días, puestos en libertad; los hindúes y los islamistas… no cuadran muy bien). La tarjeta del teléfono, por su parte, llevó hasta el locutorio de Jamal Zougam, donde se vendió; el 13 de marzo, un día antes de las elecciones, fueron detenidos él, su hermano y el dependiente que vendió la tarjeta. Por otro lado, el móvil fue liberado en otra tienda más de telefonía; pero aquí no hubo detenciones: el dueño de la tienda era en este caso un policía nacional de origen sirio, conocido colaborador, en algunas ocasiones, del juez Garzón. Tareas inútilmente complejas: en el locutorio de Zougam se vendían también teléfonos móviles y, asimismo, se liberaban. Por otro lado, y como dice Luis del Pino, estamos ante “el terrorista más roñoso de la historia”, porque no perdió la oportunidad de hacer negocio vendiendo a sus compañeros de comando la tarjeta del móvil que había de activar la bomba (bueno, se la vendió un dependiente). Aunque, de hecho, no hay ninguna constancia (ningún resto recogido, por ejemplo), aparte de la mochila de Vallecas, de que las bombas fueran activadas por teléfonos móviles.
Por tanto, a Zougam no le detuvieron como autor del atentado, sino porque vendió la tarjeta del teléfono de la mochila-bomba de Vallecas. Pero después de que su foto saliera en todos los periódicos, empezaron a aparecer testigos que decían haberle visto en los trenes: concretamente, ocho testigos. Sin embargo, sus testimonios eran contradictorios, pues si hubieran sido ciertos, Zougam tendría que haber estado en tres trenes distintos a la vez. Sin que se sepa con qué criterio, el juez Bermúdez decidió seleccionar como válidos tres testimonios, según los cuales Zougam estuvo en el tren de Santa Eugenia. Los tres testigos pasaron entonces a ser testigos protegidos. Los tres han resultado ser rumanos; los tres han conseguido, a partir de su condición de víctimas, la nacionalidad española y 48.000 euros de indemnización cada uno.
El testigo R-10 viajaba en el cuarto vagón del tren, en el que explotó la bomba. Es una víctima auténtica, pues a resultas del atentado perdió un ojo. R-10 declaró sólo ante la policía y el juez Del Olmo, pues decidió volver a Rumanía, y aunque existe la obligación de que los testigos se ratifiquen en el juicio, puesto que las defensas tienen derecho a interrogarle, no volvió a España para testificar en el juicio. El periodista Casimiro García Abadillo fue a Rumanía a entrevistarle, y allí le dijo que no declaró el 16 de marzo, como dice la policía, sino 10 días después, a raíz de ver su foto en el aeropuerto, a donde había ido a esperar a su mujer, que venía de Rumanía (es dudoso, sin embargo, que su foto estuviera expuesta en el aeropuerto, como suele ocurrir con criminales importantes, puesto que Zougam, para entonces, ya estaba detenido; recordemos que desde el día 13). Posteriormente, se le llevó a una rueda de reconocimiento, para que reconociera a Zougam físicamente. Efectivamente, le reconoció… pero el resto de las personas (eran seis en total) que había en dicha rueda no era ninguna de origen marroquí o árabe, y, como alegaron los defensores de Zougam, uno era rubio, otro tenía los ojos azules… Ante las insuficiencias de esa rueda de reconocimiento, el juez Del Olmo ordenó hacer otra nueva un año más tarde. El testigo volvió a reconocer a Zougam, pero para entonces la suya era ya una imagen perfectamente reconocible por él. Por otro lado, en su declaración, el testigo dijo que Zougam tenía el pelo liso; pero en realidad lo tenía y lo tiene rizado. El color que según él tenía la mochila-bomba es contradictorio con el que dicen las otras dos testigos.
Los otros dos testigos, efectivamente, son mujeres; se ha podido saber que amigas o, quizás, concuñadas. Resultaron ambas ilesas. La primera, la C-65, tardó varios días en ir al hospital, para poder así acreditar que había sido víctima, pero al fin fue. No declaró hasta tres semanas después del atentado, cuando la foto de Zougam había salido en las primeras páginas de todos los periódicos. Dijo que le vio en el quinto vagón (R-10 lo vio en el cuarto); testifica entonces que estaba acompañada de una mujer, pero más de un año después cambia la declaración y dice que de quien estaba acompañada es de otra, la que resultó ser la tercer testigo, su amiga o concuñada. Declaró que después de la explosión le cayó encima un cadáver, pero eso no era posible: en el vagón en el que viajaba no hubo ningún muerto.
La tercer testigo, la J-70, recorrió un periplo singular antes de llegar a serlo. Nunca pasó por el hospital para acreditar los perjuicios físicos o psicológicos sufridos a raíz del atentado. Por dos veces a lo largo de más de un año, había intentado ser reconocida como víctima del 11-M. Las dos veces le fue denegada tal condición. Pero hete aquí que catorce meses después del atentado se presenta como testigo de haber visto a Zougam, acompañando a su amiga, la testigo C-65, en el tren de Santa Eugenia, en el cuarto vagón, presencia ésta en el tren que se había puesto en cuestión hasta entonces por quienes denegaron su doble solicitud de ser considerada víctima. Su testimonio vino a ratificar y apuntalar el de su amiga, que hasta entonces había quedado cojo.
Además de la condición de testigos protegidos, la concesión de la nacionalidad española a los tres y la indemnización de 48.000 euros a cada uno, y otros tantos al marido de una de las dos mujeres, a éste y a la mujer se les hizo un contrato de trabajo en una empresa de seguridad, casualmente la empresa de seguridad del íntimo amigo del comisario Juan Antonio González, que pagó aquella polémica cacería de Bermejo y Garzón en la que se diseñó cómo afrontar el caso Gürtel.
A los abogados de los acusados se les impidió, en contra de lo legislado, el acceso a todos estos datos, excepto el de que la testigo J-70 había tardado 14 meses en aportar su testimonio. Cuando estos abogados quisieron preguntar en el juicio a este respecto a las dos testigos que allí estaban, el juez Gómez Bermúdez lo impidió (los vídeos al respecto están disponibles y circulando activamente ahora mismo en Youtube. Ejemplo: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/07/espana/1323261404.html , en el minuto 17 y ss., sobretodo el 20, del video). Con posterioridad al juicio, Rubalcaba condecoró al juez Gómez Bermúdez con la medalla al mérito policial con distintivo rojo (medalla vitalicia, y suponiendo un aumento del diez por ciento del sueldo). Al argumentar los motivos de la concesión, y como acaba de desvelar El Mundo hace unos días, se dijo que se hacía por su “compromiso” con la versión oficial del 11-M y por “no permitir” que la vista “derivase en derroteros confusos”. En un comunicado, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha declarado (copi-pego): “La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M quiere manifestar su estupor y tristeza ante la recientemente conocida noticia acerca de la condecoración, con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, al Excmo. Sr. D. Javier Gómez Bermúdez
2.Siendo los méritos esgrimidos para esta distinción, pensionada y vitalicia, “su «compromiso» con los funcionarios que realizaron la investigación, el «papel fundamental» que desempeñó como presidente del juicio «para reconducir las divergencias sobre los medios de prueba», por «no permitir» que la vista «derivase en derroteros confusos» y por lograr que los testimonios de la Policía -«especialmente de las comisarías de Policía Científica e Información»- «resultaran determinantes», todo ello en relación al Juicio del 11M, suscribimos la disconformidad con este galardón. Por ello, solicitan a las autoridades competentes así como a todas las Asociaciones gremiales de Jueces y Magistrados existentes en España, que “de manera urgente” asuman “el compromiso para la elaboración y exigencia de cumplimiento, de un Código deontológico o de carácter ético para los Jueces y Magistrados en España, que imposibilite que actuaciones como la acontecida puedan repetirse, con la finalidad de reparar y asegurar la confianza de las víctimas del terrorismo y de todos los españoles en la Justicia española. Exigimos por tanto, que se regule de manera taxativa la prohibición para todos los miembros de la Carrera Judicial de la realización de cualquier conducta, acción o expresión, o recepción de regalos, premios o prebendas que puedan afectar a la confianza de los españoles en su independencia e imparcialidad, así como que se vigile y sancione con carácter ejemplar el incumplimiento de esta regulación".