Algunos medios también parecen sumarse a esa "defensa" y se esfuerzan en preparar a la opinión pública para lo que probablemente será una decisión un tanto escandalosa. Ciertos periodistas están llevando a cabo una defensa a ultranza de la doctrina Botín, dejando en el olvido la doctrina Atutxa y -sobretodo- sin preguntarse nada acerca del cuestionado papel que Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción están desarrollando.
En cuanto a la posición del Ministerio de Hacienda, nos debemos remitir al 2013. Ya entonces, los técnicos del organismo público alertaban de lo que ahora está ocurriendo. No hay mucho más que añadir.
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Si para el ciudadano es difícil entender lo de Hacienda, no menos difícil de comprender resulta el doble criterio que tiene nuestra Fiscalía Anticorupción. Para poner de manifiesto dicho doble criterio debemos remitirnos al escándalo de las Participaciones Preferentes.
La Fiscalía se centró entonces en el "proceso de venta" que llevaba a la firma del contrato, evitando cuestionar la validez de éste una vez firmado y derivándolo a la jurisdicción Civil. Por ello, ahora resulta cuanto menos sorprendente que la Fiscalía pueda dar por bueno que una persona tan preparada como la Infanta Cristina no supiera lo que firmara y, por lo tanto, se abra la puerta a eximirle de responsabilidad de lo acontecido. Es decir, si a los Preferentistas se les remitía a la jurisdicción Civil para que pudieran evitar asumir las consecuencias legales de lo que habían firmado... ¿por qué ahora es la propia Fiscalía -en el ámbito penal- la que intenta que la Infanta Cristina no asuma las consecuencias derivadas de haber firmado lo que ha firmado?.
Al igual que @Gerardotece, en su post titulado "Mallorca Shore", en AccionistasCaixaBank también vemos este juicio como un gran circo, en cuanto a la Infanta Cristina se refiere. Aquellos que se centran en la doctrina Botín, deberían primero reflexionar sobre la actuación de la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda, especialmente teniendo en cuenta la extensión que alcanza en nuestro país el cáncer de la corrupción (y lo que de esto se deriva).
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A aquellos a los que la presencia en el banquillo de la Infanta Cristina les recuerda a la Inquisición, hay que recordarles un par de cosas. En primer lugar se debe aclarar que el que la ciudadanía quiera que se juzgue a la Infanta no implica necesariamente que también quiera que se la condene. Hasta el momento, el clamor popular no parece ser la petición de un juicio sesgado e inquisitorio que la condene. Simplemente se quiere que se le trate realmente como lo que se supone que es legalmente: una ciudadana más. En este sentido, no está de más recordar la opinión del magistrado y presidente de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch Grau.
En segundo lugar, quizás la propia Infanta es la que debería preferir ser juzgada para poder demostrar su inocencia. Un juicio justo en el que se demostrara su inocencia sería probablemente lo que mejor le vendría a su imagen pública. El problema es que, si la estrategia preferida por su defensa es el que se le aplique la doctrina botín... será que mucho más no tienen a qué agarrarse..
Aunque la Infanta Cristina se quede cada vez más sola, todavía parece contar con el apoyo público de la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y "La Caixa" (asumiendo incluso el coste reputacional)... lo cual no es poco. El tiempo dirá si esto basta para constatar públicamente lo que es un secreto a voces: la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
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