La Inquisición Española

La Inquisición surgió como un instrumento para la defensa de la fe y de la sociedad amenazada por los herejes. La Iglesia veía en los herejes un peligro para su propia existencia y, sobre todo, para la salvación de los creyentes. Además, los herejes atentaban contra la Iglesia y el Estado, por lo que, el alcance del delito de herejía se extiende no sólo en factores estrictamente teológicos sino también por factores políticos, sociales, jurídicos y económicos; sin esa consideración no tendríamos una visión clara de su significado.

Ya desde los primeros años del cristianismo, aparecieron los primeros grupos heréticos. Algunos aseveraban que la ley judaica era necesaria para la salvación de las almas; otros atribuían a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad un carácter divino inferior al de Dios Padre; hubo quienes no distinguían a las Personas de la Santísima Trinidad, viéndolos como modos diferentes de la misma divinidad. Por su parte, los gnósticos, afirmaban poseer conocimientos inaccesibles a la gente común; los partidarios de Montano pretendían la inminencia de la venida de Cristo y se preparaban para ella.

Durante los siglos IV y V, hubo nuevas herejías que turbaron la tranquilidad de la Iglesia y de la sociedad cristiana. De ellas, dos, centraron sus ataques en la Santísima Trinidad (el arrianismo y el macedonismo); mientras otras lo hicieron en la encarnación de Cristo (los pelagianistas y los semi-pelagianistas). A finales del siglo XII surgirían en Europa dos nuevos grupos de herejes: cátaros y valdenses. Los cátaros rechazaban los ritos católicos y los sacramentos, dedicando sus esfuerzos a una práctica totalmente anticatólica, incluyendo hechos de sangre. En lo que se refiere a los valdenses, el iniciador fue Pedro Valdo, un acaudalado comerciante de Lyon quien, en 1170, después de hacerse traducir los evangelios, buscó vivir conforme a sus enseñanzas, fueron conocidos como los pobres de Lyon. Sostenían el derecho de las mujeres y los laicos a predicar; negaban el valor de la misa, las ofrendas y las plegarias por los muertos; discutían la existencia del purgatorio y predicaban la ineficacia de ir a rezar a los templos. Por sus ataques a las propiedades de la Iglesia, atrajeron a mucha gente, logrando expandirse por toda Europa.

En un principio, la represión contra los herejes estuvo a cargo del poder civil, que se sentía amenazado por las revueltas. Por dicha razón las autoridades laicas, antes de crearse la Inquisición, disponían la pena de hoguera, en razón de que la herejía un delito contra Dios y contra el Estado y debía ser castigada con la misma rigurosidad que los otros delitos de lesa majestad.

Ante la rápida expansión lograda por albigenses y valdenses, era preciso unificar la legislación de los diferentes reinos cristianos, por lo cual diversas autoridades solicitaron el apoyo de los pontífices. Lucio III dispuso, en el Concilio de Verona de 1184, que los obispos realizasen inquisición donde se sospechase la presencia de herejes. Así se dio nombre al Tribunal de la Fe. Pero esto no fue suficiente. Inocencio III hizo esfuerzos, apoyado en los monarcas y nobles católicos, para llamar a los herejes al arrepentimiento; fracasados estos intentos se convocó a una cruzada en su contra (1209-1229). La victoria de las huestes católicas se consolidó con la actuación inquisitorial. En muchos países de la Europa occidental surgieron tribunales inquisitoriales dependientes de los obispos. La incansable actividad desempeñada por la Orden de Frailes Predicadores (dominicos) contra los herejes, así como la mejor preparación de sus miembros y su organización internacional, hizo que se les delegara la mayor parte de las labores inquisitoriales.

En sus principios, la Inquisición no era un tribunal permanente; constituía más bien una tarea de los obispos en el ámbito de sus diócesis; sin embargo, el resto de sus labores impedía que se dedicaran a tal tarea. Por ello, los papas designaron inquisidores pontificios. Antes de actuar, publicaban un edicto de gracia, que otorgaba el perdón a los que se presentasen, voluntariamente, a confesar sus culpas y se arrepintieran. Vencido el plazo de dicho edicto, comenzaban a realizar los procesos. Los inquisidores sólo podían aplicar sanciones espirituales: rezo de oraciones, ayunos; u ordenar la colocación de sambenitos y, la peor de todas, la excomunión. Los pertinaces eran entregados a las autoridades civiles para que les aplicasen las sanciones dispuestas por los respectivos monarcas: la confiscación de sus bienes y la quema en hoguera. Recordemos que, por aquel entonces, el fundamento de la sociedad y del Estado era la religión, base del ordenamiento político y jurídico, y que venía a ser la ley social fundamental cuya violación entrañaba un grave delito. En un Estado católico, el príncipe estaba obligado a proteger la religión verdadera. De cuya obligación dimanaba el derecho de dar leyes penales contra los perturbadores. En consecuencia, por este cruce de motivos religiosas y políticos las pugnas entre católicos y herejes se daban contra la Iglesia y contra las autoridades establecidas, constituyendo, no solamente actos subversivos sino verdaderas guerras civiles.

La organización de la Inquisición no fue la obra de un solo papa, más bien el resultado de un largo proceso, iniciado durante la gestión de Lucio III, continuado con Inocencio III y culminado por Gregorio IX quien, a través de tres diferentes bulas (años 1231 y 1233) le dio su estructuración definitiva. La Inquisición fue, al igual que la mayor parte de las instituciones de la Edad Media, el producto de una práctica inicialmente restringida y, luego, gradualmente extendida y perfeccionada.

La Inquisición Española

Al principio del siglo VIII, lo que hoy conocemos como España, estaba constituida por los pueblos visigodos, mayoritariamente católicos y, por diversos grupos religiosos, entre los que destacaban los judíos. Todos coexistían en una reconocida libertad religiosa, con escasos incidentes. Al realizarse el año 711, la invasión musulmana, está tuvo connotaciones religiosas, políticas, sociales y económicas; haciendo surgir los odios y la intolerancia, principalmente religiosa. Los católicos no renunciaron a su fe, refugiándose en el norte de la península, desde donde se enfrentaron a los musulmanes en una larga y cruenta guerra que, con intervalos, duró hasta 1492, cuando, con la toma de Granada, cayó el último baluarte musulmán. La intolerancia religiosa fue el común denominador, cada persona veía en las de diferente creencia a un enemigo de Dios y del rey, con las que estaban en una lucha constante por el dominio de los territorios.

Repasemos las causas.

La "amenaza judía"

La causa que motivó la creación del Tribunal en la Península fue la "amenaza judía". Además, también tuvieron repercusión, las crisis económicas que sacudieron Europa durante los siglos XIV y XV, a lo que hay que agregar las pestes y epidemias, todo lo cual originó una fuerte caída demográfica, que empobreció a la población. Los únicos que consolidaron su economía fueron los prestamistas y los arrendatarios de los tributos reales, monopolizados por los judíos, los cuales se habían convertido en dueños de las finanzas. Los préstamos con intereses se consideraban moralmente cuestionables por estar incluidos en el pecado de usura, mientras que los judíos los consideraban lícitos. También eran cuestionados por la administración, a los que realizaban del cobro de los tributos reales, responsabilizándoseles de la falta de transparencia en el manejo de las cargas impuestas por los soberanos. Y no solo eso, los judíos eran vistos como un Estado dentro del Estado pues, ante todo, eran judíos. Esto agregado a las diferencias religiosas, alimentaron el antisemitismo, que surge como una expresión de la animadversión a una burguesía que se enriquecía en medio de la pobreza generalizada. En esta situación, se produjeron diversas protestas antijudías.

Los judíos, por su parte, protagonizaron algunos sucesos sangrientos contra los católicos, lo cual exacerbó los ánimos. A fin de ascender en la sociedad y lograr posiciones reservadas a los católicos, muchos judíos se convirtieron falsamente al cristianismo, aunque continuaban con sus anteriores prácticas religiosas. Al establecerse la Inquisición, en los primeros, se dedicó a controlar a los judeoconversos. Pero la situación de los conversos se complicó aún más, puesto que se veían presionados por sus familiares y allegados para que retornasen a su antigua religión. Al hacerlo, incurrían en apostasía y se veían sujetos al control de la Inquisición. Fracasados los intentos de los monarcas por asimilar a los judíos, de forma pacífica, terminaron por decretar la expulsión de todos los que no se convirtiesen al cristianismo. Desde mucho antes, el antisemitismo era un sentimiento común en la mayor parte de Europa, por lo que, antes que, de España, los judíos habían sido expulsados de Inglaterra, Francia y otros reinos; además, de ser víctimas de crueles matanzas y persecuciones en Alemania.

Afirmación del poder real y el surgimiento de España

En la Edad Media, se consideraba el origen y el sustento del poder político como una consecuencia directa de la voluntad divina. La religión era el sustento de la sociedad y del Estado. Las luchas religiosas eran alimentadas por pugnas políticas. De esta manera, las autoridades católicas veían en cada musulmán o judío, no sólo un hombre de otra religión sino un conspirador contra su poder, el régimen y sus fundamentos; por ende, un enemigo político. Además, esto se veía confirmado por la invasión y los continuos ataques de los musulmanes; las alianzas entre estos y los judíos. Durante la reconquista de la Península, se formaron dos grandes reinos católicos: Castilla y Aragón. Isabel de Castilla se casó con Fernando, príncipe heredero de Aragón; y, cinco años después, Isabel se convirtió en reina de Castilla y, cinco años después, fue Fernandoel coronado como rey de Aragón. El matrimonio no supuso la unificación, ya que, ambos reinos siguieron siendo independientes. Ambos reyes centralizaron en ellos el poder político, anteriormente disperso en la nobleza; uniendo de esta manera sus coronas en un solo Estado. Entre sus primeras medidas crearon cinco consejos reales, uno de los cuales fue el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Es la primera institución con un solo jefe para ambos reinos: el Inquisidor Genera.

La Inquisición española fue creada, previa autorización de Sixto IV, por los Reyes Católicos en 1478. Dos años después se inició en la ciudad de Sevilla, para irse expandiendo por el resto de España y sus colonias. La monarquía, para centralizar y organizar su poder, constituyó cinco consejos reales: Castilla, Aragón, Hacienda, Estado y el de la Suprema y General Inquisición, empleando a este último como un organismo de control social, dirigido tanto a la defensa de la fe y la moral, como a la de la fidelidad a los monarcas y la paz social.

Funcionamiento de la Inquisición

Cuando una persona era denunciada ante el Santo Oficio por algún delito comprendido en sus competencias este iniciaba la correspondiente investigación. El Tribunal tenía competencia sobre los siguientes tipos de delitos:

Contra la fe y la religión: herejía, apostasía, blasfemia, etc.
Contra la moral y las buenas costumbres: bigamia, supersticiones (brujería, adivinación, etc.).
Contra la dignidad del sacerdocio y de los votos sagrados: decir misa sin estar ordenado; hacerse pasar como religioso o sacerdote sin serlo; solicitar favores sexuales a las devotas durante el acto de confesión, etc.
Contra el Santo Oficio: en este rubro se consideraba toda actividad que en alguna forma impidiese o dificultase las labores del tribunal, así como aquellas que atentasen contra sus integrantes.
El Tribunal actuaba asimismo como censor. Mientras que las autoridades civiles ejercían la censura previa a la publicación de cualquier escrito, la Inquisición ejercía la censura posterior. La realizaba a través de dos modalidades: la purgación o la prohibición.

Durante dicha investigación, se pedía, al denunciante, que aportase pruebas y testimonios que avalasen su denuncia. Si existían, al menos, tres realizados por personas honorables y que no tuviesen ninguna animadversión contra el denunciado, se daba inicio al proceso, para lo cual detenían a este. Las denuncias eran cuidadosamente revisadas, disponiendo todas las investigaciones que consideraran necesarias. Consultando el caso con los calificadores, una especie de asesores quienes hacían el papel de instancia previa al inicio del proceso inquisitorial; su fallo podía dar lugar a archivar el expediente, quedando la denuncia y lo actuado en una suspensión indefinida, que podría ser resuelta en el futuro Los calificadores eran nombrados, entre expertos en teología y jurisprudencia. Mayormente, eran autoridades eclesiásticas del más alto nivel o catedráticos especialistas en el tema. La opinión de ellos era de gran valor, aunque, en la decisión, primaba el criterio de los inquisidores. Reunidas las pruebas, el encausado era apresado y conducido a las cárceles secretas de la Inquisición, donde se le solicitaba, reiteradamente, que se arrepintiese y confesase. Se le incomunicaba completamente, no permitido ningún tipo de visitas, ni siquiera los familiares más cercanos. Se les proveía de una ración alimenticia adecuada, superior a la de las prisiones comunes, Si tenía recursos económicos se le deducía el valor de sus alimentos de sus bienes, los cuales eran secuestrados; en caso contrario, su costo era asumido por el Tribunal. Al reo, se le exigía guardar reserva de los hechos sucedidos durante su permanencia en las instalaciones de la Inquisición. Su aislamiento sólo era interrumpido por los funcionarios del Tribunal, que cada cierto tiempo, lo visitaban para persuadirlo a confesar, ya que el Tribunal no buscaba sancionar sino salvar al hereje. Para ello, era necesario el arrepentimiento del procesado. En los casos en que los reos se autoinculpaban las sanciones solían ser benignas: el pago de una multa o escuchar, vestido de penitente, misa en la Iglesia mayor; etc. Si existían pruebas, pero el reo no reconocía las faltas, o si cometía perjurio, se le podía aplicar tormento, tal como en los tribunales civiles.

El Tribunal podía confiscar las propiedades de los acusados. El dinero no ingresaba en el patrimonio de la Iglesia sino de la monarquía y se destinaba a financiar al propio Tribunal. Durante los primeros años de su funcionamiento tuvo una gran cantidad de recursos pero, desde el siglo XVIII, no eran suficientes para cubrir sus propios gastos, por lo que tuvo que recurrir al apoyo de la corona.

El proceso se realizaba con el mayor secreto, y, procesados, acusadores, funcionarios y servidores del Santo Oficio se veían obligados a no revelar nada. En caso de violar esta prohibición se les trataba con la misma severidad que a los herejes. Este secreto fue uno de los orígenes de la extendida leyenda negra, ya que la población solía inventar historias sobre el mismo, que eran transmitidas de generación en generación. Cada narrador añadía lo que creía conveniente. Los juicios no tenían una duración predeterminada, consistiendo en una serie de audiencias para llegar a determinar las responsabilidades del procesado, que eran llevados a la llamada sala de audiencias, en la que se encontrarían con los inquisidores y el fiscal. Este sólo acusaba al sospechoso en términos genéricos, sin precisar más, evitando de esta manera que se conociera la identidad de los acusadores. Se evitaban posteriores represalias contra los testigos.

Si los inquisidores consideraban necesaria la utilización de instrumentos de tortura, una vez fracasadas las reconvenciones al reo para que confesase, disponían, mediante la correspondiente sentencia, su sometimiento al tormento. Los principales instrumentos de tortura utilizados fueron: La garrucha: que consistía en sujetar al reo con los brazos en la espalda, mediante una soga movida por una garrucha y subirlo lentamente. Al llegar a determinada altura se le soltaba bruscamente, deteniéndolo, de igual forma, antes de que tocase el suelo. El dolor producido en ese momento era mucho mayor que el originado por la subida. El potro: colocaban al preso sobre una mesa, amarrándole sus extremidades con sogas unidas a una rueda. Esta, girada poco a poco, las iba estirando en sentido contrario, causando un terrible dolor. En la época era el instrumento de tortura más empleado en el mundo. El castigo del agua: inmovilizado el procesado sobre una mesa de madera le colocaban una toca o un trapo en la boca, deslizándolos hasta la garganta, para proceder el verdugo a echar agua lentamente, produciendo al preso la sensación de ahogo.

Estos instrumentos eran utilizados por el verdugo, que era un trabajador remunerado por el Tribunal, y que a veces coincidía en los tribunales civiles. A la cámara de tormento, sólo podían ingresar: el verdugo, los inquisidores, los alguaciles, el notario, el médico y el procesado. Contrariamente a la creencia popular, la Inquisición no inventó la tortura como parte del procedimiento, ni tampoco era el único tribunal que la utilizaba, ya que era utilizada por todos los tribunales de la época, siendo más benigna que en los tribunales civiles, puesto que, a diferencia de ellos, sólo en casos excepcionales la autorizaba durante una hora y cuarto; también estaba prohibido producir derramamiento de sangre o la mutilación de algún miembro y el médico junto a los inquisidores, supervisaban su aplicación.

La Inquisición Hispanoamericana a pesar de tratarse de una misma institución, debido a las particularidades propias de las colonias hispanoamericanas originaron no pocas diferencias con el funcionamiento del Santo Oficio peninsular. Entre las más importantes mencionaremos la exclusión del fuero a la masa indígena de la jurisdicción del Tribunal. Esta inimputabilidad de los indios hizo que el Santo Oficio en América tuviera un carácter eminentemente urbano mientras que en la metrópoli era fundamentalmente rural. Los conquistadores hispanos vivían en los denominados "pueblos de españoles" en cumplimiento de las órdenes emanadas de la autoridad civil. En estos poblados se concentró la acción de la Inquisición. La delimitación jurisdiccional estaba definida a las de los respectivos virreinatos, por lo que cada distrito inquisitorial alcanzara millones de kilómetros cuadrados de extensión

En la década de los sesenta del siglo XVI, fue bastante complicada para nuestro país, ya que se produjo la sublevación de las Alpujarras, la presión de los hugonotes sobre Cataluña, la rebelión de los Países Bajos, el avance turco por el Mediterráneo, las guerras religiosas en Francia, la restauración anglicana y la persecución contra los católicos en Inglaterra. Para complicar más aún la situación, los virreinatos del Perú y México se encontraban en un profundo desasosiego social. En ambos se produjeron sendas rebeliones de los encomenderos con las consiguientes guerras. Los hugonotes lograron establecerse en Brasil y Florida afectando los intereses hispanos Felipe II la Junta General, presidida por el Cardenal Espinosa, para que analizase la situación y propusiese soluciones. Sus reuniones se celebraron en los meses de agosto y diciembre de 1568 y en ellas se decidió el establecimiento del Santo Oficio en las capitales de los dos virreinatos: Lima y México. Las principales razones para el establecimiento del Santo Oficio fueron: el relajamiento de la moral producido a raíz de la conquista, por lo que, las autoridades virreinales, los cabildos, las autoridades eclesiásticas y numerosos personajes -entre ellos fray Bartolomé de las Casas- solicitaron al rey de España el establecimiento de la Inquisición. Otra de las razones fue debido al traslado del antisemitismo, imperante en España, a las colonias indianas que, con el paso del tiempo, los judaizantes llevaron la peor parte en el funcionamiento del Tribunal. Una instrucción dirigida en 1501 al gobernador de Tierra Firme le ordenaba que no permitiese la presencia de judíos, moros, conversos, herejes o reconciliados por el Santo Oficio. En 1492, al decretarse la expulsión de los judíos de España, muchos se refugiaron en Portugal, y al producirse con Felipe II la unificación de ambas coronas, se multiplicó su presencia en las colonias hispanoamericanas. Otra razón esencial, fue la de evitar la propagación de las sectas protestantes. Desde un enfoque político, si estas sectas se difundían en las colonias hubiera llevado al estallido de revueltas religiosas, que hubiesen puesto en riesgo el dominio español. Esa era la intención de los ataques de los corsarios y piratas protestantes, cuyas atrocidades eran alimentadas por sus convicciones anticatólicas.

Toda organización religiosa, ya sea protestante, evangélica, budista, musulmana, etc. tiene su propia inquisición bajo distintos membretes. Una entidad encargada de mantener la fidelidad de los miembros de la respectiva organización a sus creencias.

Ramón Martín