Nadie discute que la incorporación de Cuba al Banco Interamericano de Desarrollo(BID), así como a otras instituciones internacionales, como el FMI, no solo es necesaria, sino muy conveniente para lograr su apertura económica. De hecho, el régimen castrista, históricamente, ha despreciado este tipo de instituciones, afirmando su posición de independencia como uno de los logros de la llamada “revolución”, y la renegociación de la deuda del Club de París, conseguida el pasado año, se inscribe en esa política de “free rider”, que desea practicar con sus finanzas.
Pero una cosa es el cántaro y otra la leche de la vaca que va dentro. Y tarde o temprano, la normalización económica internacional de Cuba exigirá su pertenencia y adscripción a los organismos internacionales de financiación y el sometimiento de su deuda soberana a las agencias de calificación, en la medida que ello permitiría acceder a financiación y asistencia técnica, necesaria en su complejo proceso de transición, hacia una nueva economía comparable a la de otros países del mundo.
El Centro de estudios Atlantic Council, lo ha señalado en estos términos, al referirse a la integración de Cuba en el BID, “el objetivo debe ser ayudar a los cubanos a alcanzar un derecho básico, como el de la libertad económica y ganarse un futuro por sí mismos” en un informe elaborado por el exfuncionario del Banco Central de Cuba Pavel Vidal y el execonomista jefe del Tesoro de EE.UU Michael Klein´.
Sin embargo, reconociendo la importancia que tiene este proceso, cabe preguntarse si la economía castrista, ese diseño de intervención estalinista combinado con la propiedad estatal de los medios de producción y la ausencia de mercado como instrumento básico de asignación de recursos, puede tener cabida en el concierto internacional de las naciones, y sobre todo, integrarse en organismos financieros especializados. Las amenazas son muy superiores a las oportunidades, básicamente porque las debilidades internas de la economía castrista son igualmente mayores que las fortalezas con las que cuenta para afrontar un reto de estas características.
Dicho de otro modo, con el único patrocinio y apoyo de EEUU, el régimen no está en condiciones de integrarse en el BID, por mucho que alguien piense que la visita de Obama a La Habana lo puede apoyar.
¿Qué debe hacer la economía castrista para estar en condiciones de acceder a estas fuentes de financiación?
Primero que todo, restaurar su credibilidad económica. Actualmente, el diseño institucional existente impide a los inversores extranjeros y los mercados de capitales adoptar una posición clara sobre las oportunidades que ofrece, por ejemplo, la llamada cartera de proyectos. Esa falta de credibilidad está motivada por la manipulación de la información estadística, la calidad de esta información, sobre todo la macroeconómica, y el desconcierto que existe entre los analistas y observadores sobre las dimensiones de los desequilibrios interno y externo de la economía, así como la dualidad monetaria.
Segundo, para acceder a los organismos internacionales de financiación y asistencia técnica, los países deben cumplir con la normativa, en su caso, homologable a todos. ¿Está el régimen castrista en condiciones de aceptar la normativa del BID, o incluso de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que desprecia, o del FMI; al que ha atacado en numerosas ocasiones, por sus políticas “neoliberales”. Las hemerotecas están llenas de improperios del antiguo dirigente comunista de Cuba hacia estas instituciones y de la negativa a aceptar sus normativas. Algo habrá que hacer al respecto.
Tercero, es cierto que la ley Helms-Burton, publicada en 1996, tras el ataque castrista a las avionetas pacíficas de Hermanos al Rescate, exige a los representantes de EE.UU votar en contra de la entrada de Cuba en estos organismos internacionales. Difícil será para Obama modificar una ley para la que no cuenta con suficiente respaldo parlamentario y a estas alturas del mandato presidencial, tampoco conviene hacerse ilusiones.
Cuarto, la necesidad financiera del régimen es abrumadora. La pérdida de la financiación procedente de Venezuela a corto plazo plantea un escenario parecido al del “período especial”. El temor a un estallido social ha encendido las alarmas. Los cubanos protestar airadamente ante las elevaciones de precios de alimentos en los mercados, como en cualquier otra capital del tercer mundo. Los inversores extranjeros que se interesan por operaciones en la isla tropiezan con la falta de ahorro interno y el atraso de las instituciones de crédito. Nada hace presagiar que en los llamados “Lineamientos” se introduzcan medidas para garantizar una “progresiva liberalización financiera” o autorizar el establecimiento de sucursales de entidades financieras extranjeras en Cuba para ofrecer sus servicios a los cubanos, empresas y ciudadanos.
Finalmente, queda otro reto no menos importante. La dualidad monetaria. Un auténtico quebradero para medir las dimensiones reales de la actividad económica en la isla, que ha supuesto la introducción de sistemas contables que se alejan de las normas convencionales de la disciplina y dejan sin efecto la información que ofrecen las cuentas de las principales empresas que operan con las dos monedas. Si no se elimina la doble moneda, no existirá una referencia cambiaria única con el exterior, arrastrando las graves consecuencias que ello supone para la medición económica así como el desigual acceso de los cubanos a los distintos bienes y servicios, en función de su tenencia de la moneda fuerte CUC, o la débil CUP. Conviene recordar que esta doble moneda fue el resultado de una decisión política del régimen para recaudar divisas. Los efectos negativos generados son, por tanto, se su responsabilidad.
Las decisiones económicas con “paños calientes” nunca suelen ser la mejor solución. Es cierto que la integración de Cuba en los organismos internacionales podría realizarse deforma progresiva, impulsando determinadas medidas para facilitar ese proceso, pero no está claro si esta fórmula es mejor que exigir el cumplimiento de todas las condiciones, desde el primer momento. Decisiones de este tipo podrían crear peligrosas asimetrías e incumplimientos que podrían quedar como “hechos consumados” lo que tampoco sería del agrado de otros países, obligados a cumplir a rajatabla las normas. Además del cumplimiento de la legalidad.
Y tampoco es recomendable aceptar el chantaje. La posición de Malmierca, defendiendo medidas paliativas de este tipo para garantizar, en sus palabras, un “camino de no retorno” para Cuba en su proceso de “actualización” de la política económica, es impresentable, y rompe con cualquier escenario convencional de las reglas del juego diplomático. Si el concierto de las naciones tiene que ceder con un régimen no democrático para que sus reformas económicas se encaucen, otros países podrían seguir ese mismo curso, con graves consecuencias morales y éticas.
Al final, la integración de Cuba en los organismos internacionales deja al régimen la última palabra.
Por Elías Amor
Foto: Fondo Monetario Internacional (FMI)