Interpol Argentina pidió a España la detención preventiva con fines de extradición de los últimos acusados en la causa contra los crímenes del franquismo impulsada desde Buenos Aires. Y solicitó el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional. Las solicitudes fueron comunicadas de forma “muy urgente” a raíz de las últimas decisiones adoptadas por la jueza de la causa argentina, María Servini de Cubría, quien el pasado 30 de octubre emitió un auto en el que ordenaba la detención de 20 acusados de crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco desde 1939 hasta las primeras elecciones democráticas 1977. La Interpol pidió a Madrid los datos que permitan identificar a los acusados –en la lista figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina–, con el fin de “evitar posibles confusiones por razones de homonimia”, como requisito “indispensable”. Este trámite permite “emitir una alerta roja de detención internacional ante una posible fuga o viaje” de los acusados.
La Policía Nacional, según fuentes policiales españolas, no procederá a detener a la veintena de personas reclamadas por la Justicia argentina, al alegar, ante su Secretaria General con sede en Lyon, una resolución aprobada por este organismo en 2010 que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Interpol España alegó la citada resolución por lo que la petición de Argentina no se le aplica el distintivo rojo que implicaría para ellos la situación de personas buscadas internacionalmente con una orden de arresto. Fuentes policiales consultadas indican que Interpol España ya actuó de la misma manera cuando, el año pasado, la misma juez solicitó la extradición de ex altos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, recuerda que la Audiencia Nacional denegó su entrega al amparase en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos. El ministro ha avanzado que, con los antecedentes que existen en la Audiencia Nacional por hechos similares, “la resolución será muy equivalente”, es decir, “denegar la entrega porque son delitos prescritos en España, donde además hay una Ley de Amnistía”. Con todo, el titular de Justicia ha afirmado que “habrá que estudiar la orden” de detención de Interpol que aún no conoce, si bien la decisión final corresponderá a la Audiencia Nacional así como al Ministerio del Interior. Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de IU en el Congreso, pidió alGobierno que no obstaculice el proceso de extradición a Argentina de los veinte acusados por la Justicia de este país en la causa por los crímenes del franquismo. Llamazares recuerda que, por encima de esta ley, existen convenios y legislaciones superiores para la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura española. Y reclama al Gobierno que permita que Argentina haga justicia ya que “España, no la ha hecho a la gente que murió como consecuencia de la represión franquista”y ha dejado “impunes” a los responsables. Por su parte, Joan Tardá, diputado de ERC, se ha felicitado de que se empiece a “resquebrajar el modelo español de impunidad”, tras conocerse la solicitud de Interpol Argentina. Para el diputado de ERC es una “gran noticia” que quienes tienen “las manos manchadas de sangre” sean juzgados por sus crímenes como ha ocurrido en otras democracias que también sufrieron con anterioridad regímenes dictatoriales.