Revista América Latina

La intimidad de las mujeres pobres está pensada para ser violada?

Publicado el 30 octubre 2012 por Ginaescheback @ginaescheback

La intimidad de las mujeres pobres está pensada para ser violada?

Cuando la justicia se vuelve insensible al género? Estimo que cuando ignora las asimetrías de poder que históricamente han colocado en lugares de subordinación a las mujeres. Es más, me atrevo a arriesgar que el Poder Judicial revela su carácter androcéntrico en cada decisión que toma soslayando variables de desigualdad como son raza, cultura, posición económica o escasez de recursos simbólicos que agudizan la inequidad de género.

"María Magdalena" llegó a media noche a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán con un aborto en curso. Acto seguido sus médicas tratantes la acusaron de haberse provocado un aborto, decidieron llamar a la policía, autorizaron la entrada a la sala de parto de los uniformados para tomarle declaración a la paciente convaleciente, la maltrataron delante de su familia y demás presentes en la sala comunitaria, fue legrada sin anestesia y como si esto fuera poco, toda esta violencia en su contra generó una causa penal de "aborto provocado" en la cual hoy está inmersa.

Por qué es tan grave el accionar de las médicas que la trataron (o debiéramos decir maltrataron)? Precisamente porque la normativa ética y legal imperante manda guardar reserva de todo aquello que el médico conozca en el seno de la relación que lo vincula al paciente. Esa protección, esa confidencialidad tiene una cara que es el derecho a la intimidad de la paciente y una contracara, que es la obligación de reserva del profesional de la salud. Sin embargo, aun cuando el Código Penal expresamente tipifica la violación de secreto médico con multa e inhabilitación para quien revelare algo que conociera en mérito a su oficio, los galenos persisten en denunciar a las mujeres abortantes escudándose en una falsa tensión entre obligación de guardar reserva vs. obligación de denunciar.

Digo falsa tensión, ya que la misma fue superada vía legal cuando el Legislador excluye de aquellos casos en que existe obligación de denunciar "los que estén amparados por el secreto"; y vía jurisprudencial con los fallos "Natividad Frías" y "Baldivieso" en sede nacional y "De la Cruz Flores" en sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo triste es que los galenos no ceden en su afán de colaborar con el poder punitivo del Estado, selectivo si los hay y criminalizador de aquellos que menos defensas tienen. En mi fuero interno existe el convencimiento de que esta denuncia revela una sanción moral de quien asiste sanitariamente, una objeción de conciencia encubierta que se contrabandea a la vida de esa mujer vulnerable cuya intimidad debieran proteger con la misma intensidad con que la rechazan.

"María Magdalena" recurrió a la justicia y denunció por violación de secreto médico y violencia a las médicas que la maltrataron y la denunciaron violando su derecho fundamental a la privacidad. Pero la justicia, como el ámbito de las salud pública, no son escenarios propensos al parecer para equiparar las inequidades de género.

Desde que se formulara la denuncia penal por violación de secreto médico y violencia obstétrica, psicológica e institucional en contra de las médicas Claudia Callejas y  Alejandra Berenguer, el caso "María Magdalena"no mereció investigación alguna para el Fiscal Interviniente, Dr. Arnoldo Gustavo Suasnabar.

La citación de la denunciante para ratificar una denuncia de casi treinta páginas, fue la única diligencia que se llevó a cabo.

Ni siquiera se consiguió diligenciar la remisión del expediente administrativo interno que se sustanciara dentro de la Maternidad Nuestra Señora de Las Mercedes, del cual la denunciante adjuntó el dictámen de la Asesoría Letrada que ordenaba el archivo sin determinar responsabilidades en el equipo de salud.

Lo más gravoso de todo, no es ni el dispendio jurisdiccional innecesario que ahora nos habilitará una segunda instancia quizás más justa, ni la falta de voluntad de la Fiscalía en la búsqueda de la verdad material. Lo más triste de todo es ver como el Poder Judicial se vuelve cómplice de aquellos que violan los derechos de los más vulnerables.

"María Magdalena", cuya historia clínica da cuenta de puño y letra de sus médicas tratantes (con rúbrica y sello incluidos) la decisión de denunciar a la policía y la orden de permitir el ingreso del personal uniformado para tomarle declaraciones en la sala de partos (prueba indiscutida del delito de violación de secreto médico), no consiguió ni siquiera que la Justicia tome declaración de quienes son responsables de la violación de su intimidad.

La constancia fidedigna de la historia clínica de que no se le suministró anestesia alguna y que la paciente fue legrada sin recurso alguno que mitigara su dolor, tampoco alertó sobre violencia al Fiscal. Una vez más el sufrimiento de una mujer es indiferente para el Estado.

La presencia de los uniformados rodeando a la paciente en su lecho de convalecencia constatada por personal de salud mental de la Maternidad, obrante en la historia clínica, tampoco es dato relevante para la Fiscalía de la violación de la intimidad de la paciente.

El día viernes 26 de Octubre se notificó un proveído resuelto en fecha 18 de Octubre que ordenaba el archivo de las actuaciones con frases inexplicables como "…de ningún modo se dan los elementos objetivos y subjetivos de la figura penal en exámen, violación de secreto profesional previsto y penado por el art. 156 del CP", o bien "…existen ciertos delitos-como las prácticas abortivas- que imponen a profesional de la salud a denunciar el hecho". Por supuesto que la apelación del archivo de las actuaciones es inminente, como así también la apelación a la denegatoria del rol de querellante, pero lo que se visibiliza en este caso es que la intimidad y la dignidad de una mujer en estado de vulnerabilidad que concurre a la salud pública para acceder a la salud como derecho humano fundamental, es una intimidad "de segunda". Su "vida privada", para el Fiscal Suasnabar,  merece menos protección que la "correspondencia epistolar",  por citar palabras de la Dra. Carmen Argibay en el fallo "Baldivieso".

Sólo ignorando los lineamientos de la Corte Federal en el caso referenciado que ratifica  los fundamentos del fallo plenario "Natividad Frías", es que un operador del derecho puede desconocer la prevalencia del secreto médico ante la obligación de denunciar como forma de contribuir a la persecución penal de los delitos. Solo la ignorancia manifiesta del derecho puede poner en dudas el deber de confidencialidad que obliga al equipo de salud a guardar reserva de todo lo que conocen en el marco de la atención sanitaria (deber que proviene del mismo Juramente Hipocrático), llegándose incluso a poner en dudas la vinculación de las médicas con la denunciante al sentenciar "…de ningún modo se advierte  que en la intervención de las profesionales y la paciente haya habido una formal relación médico-paciente".

La Fiscalía desconoce el derecho vigente o pretende ignorarlo. Pero esta parte previó esa conducta y solicitó por nota fundada, en dos oportunidades (17/08/2.012 y 21/09/2012), a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y al Ministerio Público Fiscal para que capacitaran a los Fiscales sobre los alcances de los fallos "Baldivieso" y "Natividad Frías", sin obtener respuesta alguna y sin que la capacitación se concretara obviamente. También se solicitó a la Comisión de Género del Colegio de Abogados adhesión  a esta petición y la Institución también continúa sin pronunciarse.

Recientemente nos alarmamos ante un funcionario español que declaraba livianamente que las leyes, como las mujeres estaban hechas para ser violadas. Me pregunto: la intimidad de mujeres pobres también estará pensada para ser violada?

Este intento de archivo, este intento de silencio ante la injusticia de género que mella en la vida de "María Magdalena" las más crueles de las realidades y que no sólo implica asimetría de poder entre paciente y médica, sino entre mujer pobre y sistema que la repele en vez de protegerla, es una muestra más de que la justicia no tiene perspectiva de género y que los derechos de las mujeres en Tucumán deben militarse con la vida y con la propia libertad.

Enviado por Por Soledad Deza para Diario Femenino.

 

Vox pópuli Latinoamérica agencia de prensa ciudadana de la Corporación Anne Frank Colombia-Argentina
www.voxpopulilatam.tk www.Ginaescheback.tkFacebook: Gina EschebackTwitter @ginaescheback Email: [email protected]Teléfono  5491136881314 

Volver a la Portada de Logo Paperblog