El caso de la presunta residencia de ancianos en Murcia, donde supuestamente se les maltrataba, drogaba y esquilmaba por parte de sus responsables, está poniendo en evidencia el momento que vive el periodismo. Desde que el pasado martes el asunto cobrase actualidad, a raíz de un registro policial en ese establecimiento del centro de la capital, hemos asistido a una cararata de informaciones en las que se mezclaban hechos con suposiciones, rumores con certezas y mentiras con medias verdades. La Policía y el juez se encargarán de poner a cada uno en su sitio.
Las intoxicaciones en estos casos son altamente perniciosas. Llegados a este punto, en el que uno ya no pone la mano en el fuego por casi nadie, las conjeturas han multiplicado los efectos distorsionadores de un suceso en el que se habla de cuatro o cinco mujeres de avanzada edad que habrían sido ‘rescatadas’ poco menos que de la casa de los horrores. Incluso, algo bastante incomprensible, que una de ellas volviera a sus dependencias tras el registro policial y que los servicios municipales tuvieran que liberarla de nuevo.
Luego de leer en prensa numerosos testimonios anónimos, tanto de supuestas internas como de familiares de estas, escuchar a un responsable municipal de los servicios sociales dar sus argumentaciones uniformado con un chaleco reflectante, incluso al abogado de los propietarios de la presunta residencia explicar que allí no ocurría nada ilegal, me plantee que nadie había hablado hasta entonces con los supuestos maltratadores de ancianos. Contacté con ellos y, este viernes por la mañana, fui con un equipo de TVE al citado centro para hacerles una entrevista. No solo a eso, también a grabar el interior del edificio donde, me temo, pesa más el destino final de las herencias de las mujeres allí instaladas hasta esta semana, que la imponente estructura aislante que alberga la jaula de Faraday en la que se asienta.
Sus propietarios me confesaron que, hasta llegar nosotros, nadie les había brindado la oportunidad de defenderse en los medios. Me sorprendió este hecho. Por supuesto, calificaron de falsedades las acusaciones, explicando que aquella institución funciona como una gran familia, con todos muy bien avenidos, que nadie está contra su voluntad y que a nadie se droga ni empastilla. Y aclaraban que no se trata de una residencia en sí sino de un club privado, con sus socios y sus cuotas, una idea importada desde Alemania.
Sea como fuere, dejando claro que esta gente, como es lógico, cuenta ‘su verdad’, no es menos cierto que tienen derecho a defenderse. Y una dosis de autocrítica: lo sorprendente es que el primer periodista que hablara con ellos lo hiciera tres días después de que saltara la noticia. No para juzgarlos, que de eso se encargará un magistrado, ni para decir si tienen o no la razón. Simplemente porque a uno, desde que muy verde empezara en este oficio, sus maestros le enseñaron que, en todo conflicto, hay que escuchar a las dos partes para contrastar una noticia. Y me temo que aquello que siempre se ha dicho de que la verdad no te estropee un buen titular, sigue estando aún muy vigente en las redacciones.