Andalucía es la comunidad autónoma que más grava a las rentas altas. La brecha funciona en todos los tramos, pero es enorme para los contribuyentes que declaran más de 110.000 euros de ingresos. La retención del IRPF puede ser hasta 23.000 euros menor en Madrid en el caso más extremo.
La situación no afecta solo al IRPF sino que se repite en otros impuestos como Patrimonio o Sucesiones. Mientras que en Madrid el pago es cero, al estar completamente bonificado, en Andalucía y Cataluña se pagarían grandes cantidades, inexplicables desde toda lógica al tratarse siempre de un mismo país.
La brutalidad de los impuestos andaluces está provocando múltiples efectos negativos para la economía y situaciones de injusticia sangrante, como un incremento notable de renuncias a herencias, ante el hecho de que los herederos no pueden pagar lo que los políticos de la Junta les exigen anticipar como impuestos. Otra brutal injusticia es el desfase entre la tasación de las viviendas. Se está dando el caso, denunciados por numerosos notarios, de que el valor catastral de las viviendas es superior al de mercado y los ayuntamientos y la hacienda andaluza obligan a pagar a los vendedores impuestos no por el valor de la venta realizada sino por el valor que según los políticos tiene la finca, toda una injusticia sangrante y despreciable.
Esa diferencia de tributación, dentro de un mismo país, que por definición debería ser un mercado único y una sociedad homogeneizada, constituye no sólo un ridículo que no se entiende en el resto de Europa sino, sobre todo, una estafa para el ciudadano español, confundido y sorprendido de que tenga que emigrar, dentro de su propia patria, para evitar el acoso de las autoridades o disfrutar de mejores prestaciones en sanidad, educación y otros servicios públicos fundamentales.
Pero el efecto mas notable de ese drama, para Andalucía, está siendo la negativa de profesionales cualificados a residir dentro del territorio andaluz. El fenómeno de la huida se está observando en profesionales de grandes empresas, como las aeronáuticas ubicadas en territorio andaluz, algunos de los cuales han presionado a sus directores generales para que les permitan trabajar desde Madrid, mientras que otros se han trasladado a la capital de España y acuden a sus puestos de trabajo andaluces en AVE.
La situación se agrava con el doloroso y repugnante matiz de la corrupción porque a los que tienen que pagar altos impuestos les repele pagarlos a un gobierno en el que tienen poca confianza y del que sospechan que podría destinar los impuestos que ellos pagan a asuntos turbios como los descubiertos en la sucia trama de los EREs fraudulentos y mafiosos o en las ayudas a empresas inviables, beneficiadas por la administrasción simplemente porque sus dueños o directivos eran "amigos" del poder socialista.