Debe resultar descorazonador para un país que “el 60% de los ciudadanos considere que la justicia está anticuada y funciona mal o muy mal”.
Pero más desesperanzador y frustrante resulta para esos ciudadanos conocer que una cuarta parte de sus jueces han perdido por completo la fe en su trabajo. Más de mil jueces desperdigados por la geografía nacional “frustrados y desencantados en sus funciones” y, sin embargo, dictando sentencias y resoluciones a diario que vete a saber a quién pueden cambiarle la vida de la noche a la mañana.
Que la justicia en España está peor que mal lo pone de manifiesto el que uno de sus inmediatos logros a cubrir, incluso considerándolo como un hito histórico, sea la disposición de “un banco de datos común” y el “escanear y digitalizar toda la información e instalar potentes sistemas de búsqueda de datos”, algo que la vertiginosa era de las nuevas tecnologías pertenece ya a un pasado casi neolítico.
Pero hay algo más preocupante aún. En los tiempos en los que en los procesos de selección para cualquier tipo de trabajo, por muy insignificante que sea, el examen psicológico es prueba de rigor, descubrimos que “los candidatos a juez no pasan por controles psicológicos que evalúen sus facultades mentales, pese a que el índice convencional de trastornados aceptables en otras profesiones resulta, en su caso, socialmente insoportable”. Para llorar.
Además del mordisco letal de la endogamia que sufre la judicatura española, ya que “salvo de que se disponga de beca, sólo los vástagos de las familias económicamente desahogadas pueden permitirse estudiar durante 10 o 12 o más años para tratar de ser juez”.Como para esperar después una lectura progresista y avanzada de la justicia.
Más información en “El gran salto pendiente”, en El País.