La Justicia española, presionada por el lobby feminista radical-socialista, se ensaña con el varón

Publicado el 06 noviembre 2011 por Franky
La magistrada María Sanahuja, ex decana de los jueces de Barcelona, ha unido su voz al creciente coro de profesionales de la Justicia, analistas y observadores que denuncian los abusos que el lobby del feminismo radical, ayudado por los socialistas, ha impuesto en el sistema judicial español, donde los hombres están casi indefensos en los tribunales frente a las mujeres.

Sanahuja afirma que ya existen españoles con penas de seis meses de cárcel sólo por decir a sus mujeres “vete a la mierda” y emplaza a los escépticos a que acudan a los juzgados de lo penal a comprobar ese dato, denunciando que en España se vulnera la presunción de inocencia de los varones.

El miedo a la mujer se extiende por el mapa español y contamina la convivencia y el trabajo en hogares y empresas. Los abogados y asesores advierten a los maridos y empresarios que tengan cuidado con lo que dicen y con sus bromas porque pueden ir a la cárcel si una mujer les acusa, aunque no existan pruebas contundentes.

A ese grado de indefensión y sometimiento del varón frente a la mujer en la Justicia española se ha llegado gracias a las leyes y a la cultura de discriminación positiva impuesta por el PSOE, en estrecha alianza con los colectivos feministas y gays más radicales del país.

Como viene siendo habitual cada vez que Sanahuja ofrece datos demoledores que ponen en entredicho las bondades de la ideología de género, las feministas han vuelto a arremeter contra ella y contra la generalidad de jueces que han recurrido algunos de los artículos de la polémica Ley de Igualdad y de Violencia de Género, impulsada por una ministra, Leire Pajín, con el mismo curriculum académico que Paquirrín. Es decir, ninguno.

Pajín ha respondido a la ex decana de los jueces barceloneses afirmando que las mujeres parten de una situación de desigualdad y que, por ese motivo, “no es igual el maltrato a un hombre que a una mujer”, una afirmación inadmisible, que colisiona con la Constitución, que garantiza la igualdad de los españoles ante la ley.